Diputados de la Comisión de Medio Ambiente anunciarán querella en Suecia por internación ilegal de plomo

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El Diputado Alejandro Navarro, junto al alcalde ariqueño, viajará a fin de mes a Europa con esa misión, que busca generar recursos para la reparación de las cientos de familias afectadas. Parlamentarios fiscalizarán además, depósito ilegal de un millón de toneladas de cianuro en el sector de Copaquilla. Este viernes 7 de abril, en el marco de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Arica, presidido por el alcalde Iván Paredes, los diputados de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Alejandro Navarro (PS), Rafael Arratia (PDC) y Arturo Longton (RN), encabezados por su presidente, Leopoldo Sánchez (PPD), y acompañados por el parlamentario local Salvador Urrutia (PPD), anunciarán la presentación de una querella en Suecia en contra de la empresa Bolliden Metall, responsable de la internación ilegal de plomo y otras sustancias tóxicas al puerto de Arica, y que afectara la salud de miles de pobladores de los conjuntos habitacionales Los Industriales y Cerro Chuño, especialmente niños. En la oportunidad, el edil ariqueño y los parlamentarios anunciarán el viaje de la primera autoridad comunal y del diputado Alejandro Navarro a fines de mes a Europa, donde acompañados del abogado Alex Quevedo, interpondrán el recurso contra la empresa sueca, líbelo que busca que ésta asuma pecuniariamente su responsabilidad en haber internado ilegalmente –con la complicidad de la empresa fantasma local Promel- varios miles de toneladas de plomo y otras sustancias minerales calificadas de nocivas o tóxicas. La opción de iniciar dichas acciones en el país noreuropeo se decidió considerando la rigurosidad normativa de las autoridades ambientales, sanitarias y comerciales en estas materias. Con esta acción judicial, se pretende acceder a una indemnización que posibilite contar con importantes recursos para reparar el daño ambiental y de salud humana provocado por la prolongada exposición de miles de pobladores de un populoso sector de la comuna de Arica, especialmente los menores quienes presentaron los síntomas más visibles de afectación, como cefaleas, vómitos, erupciones epidérmicas, crisis respiratorias y altos niveles de plomo en la sangre, los que exponen a varias generaciones a sufrir los efectos de esta irresponsable acción de tráfico de sustancias tóxicas. Se espera que a lo menos, se pueda obtener un monto superior a los 150 millones de pesos, cifra invertida por la autoridad sanitaria en el proceso de tratamiento primario de los afectados por la contaminación. Los parlamentarios, encabezados por el presidente de la comisión parlamentaria, Leopoldo Sánchez, también se reunirán con el director del Servicio de Salud de Arica, Dr. Eduardo Fritis y con la gobernadora provincial Bronia Castillo y, posteriormente, realizarán una visita de fiscalización a la localidad de Copaquilla, donde se encuentran depositadas ilegalmente y en un lugar abierto, un millón de toneladas de cianuro. Respecto de otras acciones relacionadas con el tráfico de sustancias tóxicas y productos peligrosos, el diputado Alejandro Navarro señaló que “hasta hoy una de las principales causas de los problemas de internación de residuos peligrosos al territorio nacional ha sido la ausencia de legislación que regule su ingreso”. “Hasta este momento –agregó el parlamentario- el Código Sanitario deja encomendada la regulación de las sustancias tóxicas y productos peligrosos a un reglamento, cuerpo legal que no ha sido dictado y, lo cual, ha generado una ausencia de normativa en esta materia. Esto unido ala falta de definición de lo que debe entenderse por desecho o residuo peligroso o tóxico, constituyen factores que han permitido el acceso de este tipo de sustancias”. Navarro dijo que “ a lo anterior se une la falta de ratificación por parte de nuestro país de las enmiendas formuladas al Convenio de Basilea, durante la tercera y cuarta conferencias, en 1995 y 1998, que establecen la prohibición de exportar desechos desde países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europeo hacia países no integrantes de dicha organización, contenida en el anexo VII, y la que introduce los anexos VIII y IX, mediante los cuales se incorporan listas de desechos peligrosos elaborados por el grupo técnico de trabajo, con miras a facilitar la aplicación del convenio”. El legislador señaló que “a pesar de este cuadro, el Ministerio de Salud, mediante un ordinario de fecha 19 de junio de 1989 instruyó a los directores de servicios de salud sobre la inconveniencia de otorgar autorizaciones sanitarias para la internación de cenizas de incineración o de otros desechos al territorio nacional. A mayor abundamiento, el Servicio de Salud de Antofagasta, mediante resolución del 31 de octubre del mismo año, prohibió la importación al territorio de la Segunda Región de residuos o desechos industriales, radioactivos, cenizas de incineración o cualquier otro tipo de desechos o basuras provenientes del extranjero”. “Hasta ahora –concluyó el diputado socialista- la internación de desechos se ha amparado en la figura de sustancias reciclables, pero, en realidad, constituyen una forma que utilizan algunos países desarrollados para eliminar abajo costo sus propios desechos, constituyendo un excelente negocio para quienes los exportan y para quienes los importan”.

Fuente:Periodista Javier

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