DIPUTADOS NAVARRO, BARRUETO Y DIRIGENTES DE UNIONES COMUNALES DE JUNTAS DE VECINOS TARIFAS DE AGUA POTABLE: CONSUMIDORES HOY INDEFENSOS DEBEN PARTICIPAR”

DIPUTADOS NAVARRO, BARRUETO Y DIRIGENTES DE UNIONES COMUNALES DE JUNTAS DE VECINOS

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Su preocupación por el impacto que tendrá en la calidad de vida de los habitantes de la VIII Región y la dificultad permanente que enfrentan los usuarios de los servicios básicos como el del agua potable, el suministro eléctrico y la telefonía para poder incidir en los procesos de fijación de tarifas, manifestaron los diputados Alejandro Navarro y Víctor Barrueto, quienes en conjunto con los presidentes de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Coronel, Penco y Talcahuano, se refirieron a los alcances de del Decreto Nº333 del Ministerio de Economía, publicado en el Diario Oficial con fecha 14 de septiembre y que “aprueba fórmulas tarifarias de los servicios de producción y distribución de agua y recolección y disposición de aguas servidas por Essbio”.

Los parlamentarios dijeron que tal como se había anunciado hace más de una semana atrás, este nuevo proceso de fijación tarifario se traducirá en un aumento de los precios del agua en un 28 por ciento, respecto del decreto anterior. “ello, sin duda repercutirá fuertemente en el bolsillo de muchas familias de nuestras región, especialmente aquellas de menores recursos y de mayores carencias sociales”.

Navarro dijo que para enfrentar esta situación “además de las necesarias enmiendas que habrá que hacer a esta ley que posibilita que los precios se fijen entre unas pocas personas, sobrepasando en los hechos –más allá de los tecnicismos del caso- el derecho de las personas a estar informados, solicitaremos que se le de un carácter de verdadera urgencia a la moción presentada por los diputados Aníbal Pérez (PPD), Francisco Encina (PS), Salvador Urrutia (PPD) y Juan Nuñez (DC) el pasado 17 de mayo, en que se proponen una serie de medidas para establecer normas que aseguren la participación ciudadana en el proceso de fijación de tarifas en los servicios de agua potable, telefonía y distribución eléctrica domiciliaria”.

De acuerdo a lo explicado por los legisladores de la VIII Región este proyecto partió de considerar que “nuestro país ha adoptado a lo largo de las últimas décadas por un modelo económico fundado en la libertad de los mercados y en el apoyo a la iniciativa privada, quedando el Estado limitado a ejercer un rol subsidiario en el plano económico y regulador de los mercados”.

“En consideración de lo mismo –agregaron- la regulación de la economía, tiene distintas funciones y fines. Una de ellas es asegurar la libre competencia entre los actores, evitando la concentración de poder y la explotación de posiciones dominantes en su interior y otra, asegurar unos mínimos derechos económicos de los ciudadanos, como son la igualdad en el acceso, la calidad de los servicios que se prestan y el amparo administrativo y/o jurisdiccional ante el abuso o las acciones restrictivas de sus derechos”.

Navarro y Barrueto dijeron “que estas regulaciones, se hacen particularmente importantes cuando se está en presencia de servicios de utilidad pública, como es la distribución domiciliaria de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, en todas sus formas y modalidades. La relevancia de las regulaciones en este caso, se fundan en que esta clase de servicios satisfacen necesidades públicas fundamentales, que son esenciales para el desarrollo de la vida humana y que deben brindarse de manera permanente, y con un acceso universal garantizado”.

“Más aún –prosiguieron- hoy, instituciones de la Sociedad Civil tan relevantes como Consumers International, a través de su Oficina para Latino América y el Caribe, ha trabajado hace ya largos años en un Programa sobre Consumidores y Servicios Básicos y ha llegado a estructura el concepto de democracia reguladora, haciendo mención con ello a la necesidad de crear ‘un sistema regulador transparente, eficiente y justo para evitar los abusos económicos y asegurar los derechos de los consumidores’, dentro del cual, deben necesariamente consignarse instituciones que den cabida efectiva y eficaz a la participación de los consumidores organizados”.

“Este programa nos recuerda la necesidad de crear una política profundamente democrática en la administración pública y especialmente en las instituciones reguladoras, colocar en su justa dimensión la responsabilidad social del capital privado y profundizar las implicancias internacionales de la democracia reguladora que está fuertemente mediada también por la internacionalización de las inversiones en sectores de servicios básicos para los usuarios y consumidores de todo el globo”, señalaron los parlamentarios.

Navarro indicó que “es un hecho indiscutible, que los actuales servicios públicos en el pasado eran prestados directamente por empresas públicas, con el respaldo del Estado y que fruto de opciones estratégicas y de modelo económico han sido traspasadas al sector privado, para su mejor servicio y cometido y para aprovechar los siempre escasos recursos financieros del Estadio en sus funciones propias, como son la aplicación de programas sociales de ayuda a los sectores más deprimidos de la población en áreas tan sensibles, como salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, y otros”.

Por su parte, Barrueto agregó que “actualmente, en el caso de los servicios de distribución eléctrica y de telefonía, las empresas privadas que lo prestan están sujetas en la práctica a regímenes de fijación tarifaria por parte de la autoridad, fruto de las imperfecciones de los mercados, toda vez, que en la mayor parte del país, no existen medios para asegurar la libre competencia de los oferentes de tales servicios, produciéndose la mayor parte de las veces monopolios naturales, que obligan por una parte a recurrir a la institucionalidad de salvaguarda de la libre competencia y por otra a establecer procedimientos reglados de determinación y fijación de tarifas por parte de la autoridad”.

Los legisladores señalaron que “en materia de servicios sanitarios, esto es, elaboración, potabilización y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas las normas sobre fijación tarifaria, esto es el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70 de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y especialmente su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 453 de 1989 también de esa cartera de Estado, prescribe la existencia de un régimen altamente reglado de fijación tarifaria. Más aún, el Reglamento, consigna un tímido mecanismo de participación ciudadana, en su artículo 4º que consiste en la obligación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de efectuar una publicación en el Diario Oficial y poner a disposición del público las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias del periodo sobre el cual se ha abierto un proceso de fijación de precios al consumidor”.

Ambos diputados de la región indicaron que “atendida nuestra actual legislación de protección a los derechos de los consumidores y usuarios, se hace recomendable, utilizar de manera progresiva sus institutos, especialmente aquellos que aseguran la participación organizada de la ciudadanía, como son las denominadas organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores contenidas en el Párrafo 2º del Titulo III de la Ley Nº 19.496. Para ello, proponemos, modificar el Artículo 8º de la Ley, agregando en el listado de funciones, una letra e), en virtud de la cual se les autorice a participar en los procesos de fijación de tarifas de los servicios públicos en la forma dispuesta por esta Ley y por los reglamentos correspondientes”.

Respecto de su apoyo a esta y otras iniciativas de este tipo tanto Navarro como Barrueto señalaron que “es necesario, considerar la actual realidad del país, en cuanto a la baja tasa asociatividad y organización de los consumidores, por lo cual creemos que la participación de las organizaciones de consumidores debe ser voluntaria y no obligatoria, aunque sí, es necesario mantenerlos como parte en el todo el proceso de fijación tarifaria, para que hagan ver sus especiales puntos de vista, que hoy en día, no están presentes, por cuanto, sólo son parte en el proceso, las empresas y el Estado”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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