Diputados PS y PRSD contra ley pesquera ‘corta’ por 10 años

Diputado Navarro dijo que no se pueden ‘regalar’ recursos que son de todos

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Su rechazo a la ley de pesca ‘corta’ impulsada por el gobierno, que entraría a trámite legislativo el miércoles 20, manifestaron la mayoría de los diputados del PS y la totalidad de los integrantes de la bancada del PRSD, quienes dijeron que “una posibilidad de que consideremos dar nuestro apoyo a una iniciativa como ésta es, entre otras, que se asigne por ley una mayor cuota de pesca a los pescadores artesanales”, según informó el diputado Alejandro Navarro.

El legislador dijo que todo el proceso de discusión sobre legislación pesquera “partió mal durante el debate de la ley anterior, cuando se dijo que era una ley transitoria y va a terminar teniendo una vigencia mayor a una década, y cuando no se cumplió el protocolo de acuerdo suscrito entre los diputados, el Ministro Alvaro García, el Subsecretario de esa época, Daniel Albarrán, y el Director de Sernapesca, Sergio Mujica. A esto se agrega que el gobierno sigue negándose a debatir y trabajar una verdadera política pesquera nacional y negándose a generar los mecanismos y los recursos necesarios para desarrollar una eficaz y eficiente investigación científica”.

El parlamentario del PS señaló que “prorrogar por 10 años esta ley de manera automática, significa otorgarle de manera gratuita y permanente a los industriales pesqueros el usufructo de los derechos exclusivos sobre un recurso natural, que pertenece a todos los chilenos. Esto implica un riesgo enorme, toda vez que en lugar de una actividad industrial, ésta puede llegar a convertirse en financiera si es que los titulares de las cuotas entregan estos derechos como prenda de créditos futuros, para garantizar deudas o cualquier otro uso que signifique el traspaso definitivo de las cuotas hacia el sector financiero, con la consiguiente pérdida de soberanía sobre esos recursos”.

Navarro indicó que “es lamentable como manipulando la necesidad de trabajo de la gente y chantajeando al gobierno y sus metas macroeconómicas, los industriales logran imponer la opinión de que de no aprobarse esta ley se verán disminuidas las inversiones y los puestos de trabajo. Lo que no se dice es que esta norma lo que hace es cerrar la posibilidad de que ingresen nuevos actores al sistema, y disminuyendo al mínimo la participación de los miles de pescadores artesanales del país en la captura”.

El parlamentario dijo que “este escenario impuesto de aprobar una ley flash, además, debilita y desprecia el enorme esfuerzo, serio y profundo que desarrollaron durante meses los senadores, llegándose a presentar casi mil indicaciones, lo que revela el interés de los legisladores por alcanzar una efectiva y eficiente legislación pesquera. Esta fue una actitud destacable en todas las bancadas y, pese a ello, el gobierno prefiere tirar por la ventana ese trabajo y zanjar el problema prorrogando la ley vigente por diez años, perdiéndose la oportunidad de un buen acuerdo para tener una buena ley”.

“Por eso -agregó- no nos parece serio que temas de la mayor trascendencia, como la posibilidad de licitar los derechos de pesca, toda vez que constituye un sistema que no impone costos a priori más que aquellos derivados de las capturas y las utilidades -es decir dejando funcionar el mercado- en lugar del aumento de pago de patentes, fuertemente rechazado por los industriales que quieren seguir pescando gratis -ya que cada año declaran pérdidas- se pierdan el la imposición de tener que ‘discutir’ esta prórroga con suma urgencia. No licitar sería como entregarle el monopolio del transporte colectivo sólo a los grandes empresarios, sin hacer licitación. No queremos eso en transporte, tampoco lo queremos en la actividad pesquera”.

Acerca de la misma materia Navarro indicó que “según lo ha señalado el Subsecretario Sandoval, con el 55% de aumento en el pago de patentes, se generaría un incremento de recursos en el sector de unos 15 millones de dólares. Sin embargo, cálculos hechos en el escenario de una licitación, sobre la base de sólo un 50% de la cuota global industrial, el monto de los recursos a recaudar podrían ascender hasta los 50 millones de dólares. Para este cálculo de licitación, incluso no se han considerado las pesquerías de la zona norte, que significarían unos 15 millones de dólares adicionales y a las que habría que agregar los 9 millones de dólares por concepto de patentes”.

El diputado añadió que a los temas anteriores se agrega otro de la mayor importancia como es el tema de los llamados ‘derechos históricos’, que los industriales pretenden constituir como el principal criterio para el cálculo y la asignación de la cuota. Por ello, lo más grave, es que en su interpretación ‘derechos históricos’ no es la titularidad sobre el ejercicio de la actividad pesquera, sino el dominio sobre una determinada cantidad de peces, lo que, lamentablemente, la Subsecretaría aceptó como fórmula para la pesca de investigación los años 1998 y 1999″.

Finalmente, Navarro señaló que “la prórroga por un año, como lo planteamos, parecía un tiempo razonable para tener una nueva ley de pesca. Siguen estando pendientes los temas de protección de las 5 millas a lo largo del país, los recursos para el Fomento de la Pesca Artesanal que hoy son claramente insuficientes para los proyectos presentados por las más de 400 caletas y, por cierto, la consideración de los aspectos sociales y previsionales de aquellos trabajadores que, desde la ley pasada, han estado saliendo del sistema laboral pesquero”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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