El agua, bien escaso

Esos días de furia, de angustia, de impotencia que hace poco vivieron los capitalinos por no tener agua en sus casas, volverán. Y eso, mientras no se tomen las decisiones apropiadas para rectificar un sistema que desde hace mucho necesita urgentes cambios. Y algo irremediable: vendrá un aumento en las tarifas.

Una lluvia anunciada en la zona precordillerana provocó aluviones en Los Andes, el Cajón del Maipo y San Fernando. Deslizamientos de tierra que obligaron a la suspensión del servicio de agua potable en 33 comunas de la Región Metropolitana, por la turbiedad y contaminación del suministro. Los responsables, que no lo reconocen, no pueden continuar dando explicaciones como en el 2013, cuando ocurrió también un aluvión, algo natural que nadie puede asegurar que dejarán de ocurrir.

Hoy siguen en la misma línea y su discurso no ha cambiado; explicaciones y promesas. Cuando se ha producido un daño tan importante a la comunidad, no caben las explicaciones y es necesario no aceptar más promesas que a la larga, como lo hemos visto, no se cumplen.

Por estos días los ejecutivos de Aguas Andinas han anunciado un complejo de seis tranques para 1.500.000 metros cúbicos que permitirá una autonomía a la capital de 32 horas de agua, pero que estaría listo el 2019. Estas obras, obviamente, significarán cerca de $140 en promedio de aumento en las cuentas mensuales de los consumidores.

Lo cierto es que la empresa Aguas Andinas se ha preocupado muy poco de perfeccionar el sistema de agua potable. La rentabilidad sobre patrimonio era de 19% anual hasta 2012. Las inversiones en reposición de las redes de agua potable a su cargo (12000 kilómetros de ductos) fueron de 0,18 % en 2015.La inversión en reposición de redes de alcantarillado (9550 kilómetros), fue de cero, según cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, criticó la falta de inversión de la empresa para prevenir estas situaciones, acusando que las aplicadas actualmente son “insuficientes”. A estoase debe considerar que en 2016 hubo distintos episodios en que las condiciones meteorológicas obligaron el corte de agua, dando cuenta del poco avance en sus sistemas de contingencia.

“Esperamos que estas inversiones no se posterguen, se hagan cuanto antes para que la ciudad esté mejor preparada para este tipo de circunstancias”, dijo Orrego, agregando que “No es que las autoridades nos hayamos quedado de brazos cruzados. Lo que pasa es que las inversiones que hay que realizar son cuantiosas y significativas”.

Entre 2014 y 2016 los usuarios pagaron una cuota extra en sus cuentas de agua, precisamente, para financiar las mejoras en la red que garantizaban la entrega de agua en casos de este tipo de catástrofes. Lo recaudado alcanzó los US$ 10 millones y los cortes no se detuvieron, según informó Ciper.

Responsabilidades

El experto en gestión de emergencias, Michele De L’Herbe, explicó a Cambio2l que las responsabilidades de estas catástrofes no solo recaen en la empresa, sino que también en la institucionalidad que intentó desligarse de su deber.

“No podemos ver un sistema de emergencias como uno fragmentado. En este caso, cuando tienen un pronóstico de lluvia de tres días, obviamente uno de los elementos que hay que establecer son los planes de contingencia y de información a la comunidad (…) Es deber del Estado ser responsable de coordinar el sistema de emergencia, y ese es Onemi. Como esa coordinación, liderazgo y capacidad de orientación no existen, terminamos con un sistema fragmentado”, consideró el experto.

De L’Herbe lamentó que las instituciones se desliguen de su responsabilidad y que exijan a la empresa privada soluciones.

“Estamos hablando de emergencia, no corresponde derivar todas las responsabilidades a una empresa, cuando uno de los componentes de ella es el corte de agua. Hay una serie de componentes en que la institución de emergencia del Estado aparece como un observador. Tanto es así, que la información más importante sobre el suministro de agua, la termina entregando la empresa privada. A quien se le ha delegado la función, pero no la responsabilidad, que sigue siendo del Estado”, agregó.

El aluvión dejó al descubierto varis cosas y por todo lo sucedido hay muchos que opinan y que proponen cambios definitivos. Es el caso del senador, Alejandro Navarro quien plantea que la salida a esta crisis es “devolver la propiedad del agua al Estado”. También emplazó a los candidatos presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón a fijar posición en torno a la propiedad del agua.

Volver al Servicio Nacional de Obras Sanitarias

Según dijo Navarro a nuestro medio desde Ecuador (donde se recupera de un accidente), “la clave es restituir el Servicio Nacional de Obras Sanitarias y que sea el Estado quien genere las obras para que esto no vuelva a ocurrir. Que no se engañen los ciudadanos de la Región Metropolitana, esto no va generar un incremento de los costos para la población, sino que lo que se logra, es reinvertir las ganancias en la modernización del sistema”.

El senador, planteó también legislar para poner fin a la concesión a la empresa española Aguas Barcelona (AGBAR), que hoy controla Aguas Andinas. Sostuvo que “Aguas Andinas tiene ganancias anuales por sobre los $120 mil millones, por lo que no se justifica que no exista un sistema alternativo en casos de emergencia como la ocurrida producto del aluvión”.

Advirtió que “aquí no solo ha quedado en evidencia la fragilidad del sistema de emergencia, sino también la nula inversión que hace la empresa privada para contar con un sistema de almacenamiento de agua potable para proveer a la población en estos casos”.

En este sentido, el legislador hizo un llamado a restituir la institucionalidad estatal en materia de suministro de agua potable, “un elemento estratégico y vital como el agua debe ser administrado por el Estado, por lo que recuperar el agua para todas y todos los chilenos es un imperativo ético, un imperativo moral, esperar hasta mañana puede ser demasiado tarde”.

Chile es el único en el mundo con aguas privatizada

Agregó que “Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es un tema que debe estar inserto en el debate presidencial, por lo que emplazó a los candidatos presidenciales a fijar posición en torno a la propiedad del agua, lo contrario, es seguir atentando contra los derechos humanos de las chilenas y chilenos”.

“Ha sido la Ocde quien ha recomendado a Chile (en julio de 2016) que para el decenio 2016-2025 se lleve a cabo una reforma del marco legal del agua, que proteja los derechos humanos, la preservación del ecosistema, posibilite el desarrollo productivo y consolide una institucionalidad”, destacó.

Es por esto que para Navarro “es prioritario dar urgencia al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas transformando este elemento vital en un bien de uso público”.

“Actualmente tenemos una legislación que se formuló durante la dictadura en 1981, que considera el agua como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas”, recordó.

Del mismo modo, Navarro, anticipó que “a partir de marzo se formará el frente nacional de recuperación del agua para Chile y espero que muchos adhieran a ella y no solo de palabra sino también con el voto”

El diputado Pablo Lorenzini dijo que “es una preocupación constante que vaya a faltar agua a futuro en otro tipo de eventos como incendios o desastres. Y también tenemos que pensar, al menos en la región del Maule, donde tenemos en camino 4 0 5 embalses y que, aparentemente se estarían deteniendo. Entonces, esto lleva a repensar el tema y pensar en lo que hizo muy bien el exministro Pacheco con lo de la electricidad y hacer una proyección a largo plazo de cómo va a funcionar la electricidad en Chile”.

Código de Aguas

En cuanto a la reforma del Código de Aguas, señaló que ” hay bastante discusión con los empresarios respecto a la propiedad del agua y qué pasa si tú tienes derechos de agua y no los utilizas. Hay bastante confusión en el proyecto de ley. El ministro de Hacienda, dijo que lo revisarán en el Senado. Entonces, esto pone en el tapete que hay aquí carencias en términos de tener , más allá del gobierno de turno, una política de largo plazo detectando los aumentos de población. Hay un tema bastante duro tanto así que en otros países están utilizando el agua de mar”.

“Por eso lo importante sería tener salineras donde poder desalinizar el agua, se limpia. Y no es mala idea para solucionar varias cosas. Y lo otro importante es enseñarle a la ciudadanía a cuidar el agua. Se han hecho campañas, pero no han sido suficiente” precisó.

Lorenzini dijo que urge hacer un plan a largo plazo para determinar quién necesita agua en Chile. Es un tema que con el correr de los años se irá poniendo cada vez más dificil”.

En tanto, el académico de la Usach Gonzalo Martner es de los que piensa que privatizar algunos servicios básicos en Chile “fue un error sobre todo porque han tenido una regulación extremadamente débil; en la calidad del servicio que la ley garantiza y además en las tarifas que son altas”.

Para el economista de la Universidad Central Jorge Gajardo, el agua es un bien sobre el cual se urge una presión cada vez más altas por tanto, dice, “urge tener mecanismos de asignación. No puede ser tratado como un bien libre como en el pasado. Ahora es importante tener un método para un uso racional y con las prioridades que la sociedad se quiera dar. Ahora, lo que hay que considerar que la manera cómo se ha gestionado el agua, con este modelo neoliberal, ha sido a través de la priorización y la generación de mercados de agua”.

Para Gajardo “lo fundamental es que hay un óptimo de las compañías que hoy tienen la gestión del agua, que no coincide con una visión de bien público y eso queda de manifiesto en casos como los que se han visto en que al final se trata de quién tiene más o menos responsabilidad por obras que no se emprendieron, por temáticas de seguridad que no se tienen, etcétera. Luego, me parece a mí que lo que hay que emprender es una retoma de control de la ciudadanía de un bien que debiera ser de uso público, racionalmente gestionado”.

Según el economista hay “muchas formas de gestionar el agua, no solo que sea el Estado o los privados porque también hay comunidades que puede resultar muy interesante, depende de cada caso. Pero lo fundamental es que lo que no se puede hacer es entregarle su uso y dominio a los particulares para que después además, la rematen según lo presupuestado porque eso sí que es contrario al interés público. En buena medida debiera ser de gestión pública y también de manera comunitaria”

Autor: Por MARÍA CRISTINA PRUDANT

Fuente: Cambio 21

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