En la Concertación no puede haber doble militancia

Senador Navarro dijo que se siguen cruzando intereses públicos y privados:

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• Parlamentario del PS señaló que “esto se torna cada vez más grave y complejo, porque por ejemplo en el Transantiago, el supraministrro tendrá que ‘romper huevos’ que afectarán algunos intereses particulares en la consecución del bien común”.

Reiterando su convencimiento de que “a la hora de ejecutar políticas públicas que tienen que ver con los derechos de las personas, es decir salud, educación y transporte público, los responsables deben transparentar si su interés va por el lado del fortalecimiento del rol del Estado o si están porque los privados se hagan cargo de estas materias. Pero en la Concertación no se puede tener doble militancia en esto” señaló el senador Alejandro Navarro, aludiendo el caso del abogado Andrés Jana, abogado de la empresa Alsacia, y que a la vez es asesor del Ministerio de Hacienda.

El parlamentario dijo que “tal como lo hemos hecho ver antes con los casos de Ricardo Solari y René Cortázar, no nos parece claro ni transparente que el abogado de uno de las principales operadores del Transantiago sea al mismo tiempo asesor del ministerio que maneja los recursos del país. Y aunque en la nómina de Hacienda aparezca como asesor de la Unidad de Conflictos de Inversión Extranjera, la frontera de influencia sigue siendo muy delgada, porque aún en esa labor específica sigue siendo el abogado de Alsacia”.

Navarro enfatizó que “hemos insistido hasta el cansancio en la necesidad de separar negocios de política y del servicio público, estableciendo restricciones e inhabilidades que den credibilidad y transparencia. A nosotro no nos parece que se pueda estar con un pie en el sector públcio y otro en el privado al mismo tiempo, especialmente cuando las áreas de interés son comunes. Ahora, seguramente hay a quienes les parece bien. Entonces hagamos el debate y si lo vamos a aceptar como normal digámoslo, pero lo peor que podemos hacer es mirar para el techo”.

“Lo de Jana es grave -añadió- especialmente en el contexto de que alguien convenció al ministro de Hacienda Andrés Velasco de que podrían haber demandas contra el Estado si se terminaban contratos, alguien también convenció al ministro Espejo de que todo iba a funcionar bien y alguien también convenció a la Presidenta. En el marco de las decisiones que adopte el gobierno, y que vamos a respaldar, elementos como éste se convierten en una carga negativa que puedan afectar las soluciones propuestas”.

El legislador indicó que “en el marco de las decisones duras que seguramente deberá tomar el supraministro deberá enfrentarse al conflicto entre los intereses públicos y los privados. Para hacer su trabajo el supraministro tendrá que ‘quebrar huevos’, por eso no nos parece esta situación de doble militancia que se está dando ya en varios casos, porque no queda claro donde está la actividad legítima y donde comienza el lobby en las sombras. Por eso, Jana puede ser consultor de cualquier ministerio pero no puede integrar los equipos de confianza que toman decisiones”.

Navarro señaló que “en este segundo tiempo del Transantiago debemos despejar estos temas, porque aquí quien llegue va a tener que ejercer autoridad y se van a manifestar los intereses. Se necesita esta separación entre lo público y lo privado, pero en especial con el tema de los operadores por la degada linea roja que separa a los intereses. Hay que fortalecer al Estado en el transporte público y no a los privados, por lo que quienes sean sumados a esta tarea deben estar en esta línea. El Estado debe asumir una función más fuerte, entre otras cosas porque hay recursos”.

“Por la envergadura de la crisis se requieren soluciones radicales -prosiguió- por lo tanto hay que separar los intereses particulares de los del Estado. Jana no puede estar asesorando a las transnacionales contra el Estado y al mismo tiempo al ministerio de Hacienda en defensa de los recursos públicos. Esto ya lo habiamos planteado antes por el tema de Solari y de Cortazar. Este tema por resolver la contingencia pero también pasa por definir si poner más Estado o más mercado y para ello esperamos que quienes están separen muy bien los negocios del tema público”.

El legislador indicó que “quien se haga cargo del Transantiago va a tener que asumir una estrategia. Y en esto no podemos seguir creyendo que los privados lo van a resolver, si como está ocurriendo hasta ahora el costo lo está asumiendo el gobierno. No hay garantía alguna que los privados lo hagan. El Estado debe retomar su rol en temas esenciales, pues este derecho emerge como algo esencial. El Transantiago, de ser un negocio volvió a ser un derecho, que la gente está dispuesta a ejercer y que puede llegar a derribar gobiernos”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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