ES UN ATENTADO CONTRA LOS DERECHOS DE 200 MIL FAMILIAS DEL NORTE GRANDE

Diputados Navarro, Rincón y Urrutia denuncian ilícitos en contrato eléctrico

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Su preocupación por las irregularidades detectadas por la Comisión Resolutiva de la Comisión Antimonopolios en el contrato suscrito entre las empresas Nor Oeste Pacífico Generación de Energía Limitada, NOPEL, y por el holding EMEL, compuesto por las empresas Emelari de Arica, Eliqsa de Iquique y Elecda de Antofagasta, manifestó el diputado Alejandro Navarro (PS), quien junto a los parlamentarios Ricardo Rincón (DC) y Salvador Urrutia (PPD), denunció la gravedad de esta situación “que perjudicará, con el alza de las tarifas, a más de 200 mil familias del Norte Grande, quienes deberán financiar el ‘premio’ que canceló NOPEL para adjudicarse la licitación, pese a que su oferta era más cara que otras y, además, no traspasaba ninguno de los beneficios posibles a los consumidores”.

El parlamentario socialista, uno de los 24 patrocinantes del proyecto de acuerdo que solicita la conformación de una comisión investigadora sobre este tema, indicó que “es inaceptable que se burlen las regulaciones existentes, en aquellos aspectos aspectos que establecen expresamente que los precios fijados conforme a la Ley Eléctrica son los máximos aceptables, lo que permitiría a las empresas distribuidoras cobrar menos, lo que en la práctica no ocurre, ya que las generadoras les venden a las distribuidoras –y luego éstas a los clientes- con los máximos precios posibles.

Navarro dijo que “además, resultan lamentables y no se pueden dejar pasar las declaraciones del Diputado UDI Cristian Leay, quien el marco de la discusión sobre la pertinencia de conformar una Comisión Investigadora dijo que ‘no era necesario porque era una situación entre privados’, lo que muestra claramente un doble estandar entre el discurso pretendidamente lavinista de preocuparse de los ‘problemas de la gente’ y la defensa real de los intereses de las personas que en este caso, no cabe duda, están siendo pasados a llevar”.

“Frente a esta situación abusiva contra los usuarios y consumidores –agregó el legislador- la Comisión Resolutiva de la Comisión Antimonopolios –conformada por su presidente, el ministro de la Corte Suprema, José Luis Pérez; el Director del Servicio Nacional de Aduanas, Cristian Palma; el Director del Sernac, Alberto Undurraga; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, Arnaldo Gorziglia; y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UC, Francisco Rosende- emitió el dictamen Nº488, de fecha 11 de junio de 1997 que establece como obligación para las generadoras y distribuidoras la celebración de contratos por medio de licitaciones, así como el también obligatorio traspaso de los menores costos que se generen en estos procesos a los clientes”.

Para Navarro “uno de los principales puntos a objetar en este convenio suscrito por estas empresas tiene que ver con la duración del contrato, considerados entre las mencionadas compañías como indefinidos, lo que contraría el espíritu de la normativa vigente en el sentido de impedir el acceso al mercado constituido por las empresas concesionarias de distribución en el Sistema Integrado del Norte Grande por parte de cualquier otra empresa de generación eléctrica. Por tanto, y tal como lo concluye la investigación de la Comisión Resolutiva, las cláusulas de duración indefinida limitan la posibilidad de que los clientes de las empresas concesionarias de distribución se beneficien de los eventuales menores costos de compra que se produzcan con ocasión de los procesos de licitación pública”.

El parlamentario enfatizó que “existen además otra serie de aspectos considerados en este contrato que claramente atentan contra la libre competencia en el mercado eléctrico, como lo es el hecho de que cada una de estas empresas involucradas ostenta el monopolio en sus respectivas zonas de concesión y lo convenido en el punto 3.2 de este acuerdo comercial que indica se realizarán los ‘mejores esfuerzos para que los actuales clientes libres de las distribuidoras del SING atendidos con el suministro adquirido a Edelnor, sean atendidos con el suministro de NOPEL’.

El diputado socialista indicó que “sin embargo lo que resulta a todas luces lo más grave de todo es la existencia de las denominadas ‘primas’ ‘incentivos’ o ‘premios’ por la firma en el proceso de licitación, diferente del precio de oferta, constituyen pagos que alteran abiertamente las condiciones de objetividad, de no discriminación y de publicidad que necesariamente deben tener estos procesos, atentando intencionadamente contra la finalidad de traspasar a los usuarios y consumidores menores costos, lo que claramente constituye un grave ilícito”.

Sobre este mismo punto, el legislador agregó que “esta irregularidad extrema se ve llevada hasta el extremo en la decisión de adelantar la suscripción del contrato al viernes 6 de noviembre de 1998, para que EMEL no se viera en la obligación de tener que licitar su suministro, toda vez que el Reglamento de la Ley Eléctrica entraba a regir sobre esta materia el lunes 9 de noviembre y, claramente, en una licitación pública EMEL no habría podido hacer la exigencia de un premio en dinero en efectivo pedido al generador para firmar dicho acuerdo, lo que muestra sin mucho pudor la falta de ética y moral empresarial involucrada en esta operación”.

“Frente a esta situación –dijo Navarro- que se pretende imponer como parte de la normalidad cuando en verdad no lo es, compartimos plenamente el voto de minoría expresado en los planteamientos del ministro de la Corte Suprema, José Luis Zañartu, y del Director de Aduanas, Cristian Palma, en relación a anular el mencionado contrato y llamar a una licitación pública, para de esa forma cumplir con el espíritu de la Ley Eléctrica y defender el interés de los consumidores cautivos”

“De esta forma -señaló el parlamentario socialista- en el tema eléctrico nos encontramos nuevamente frente a una situación de abuso de parte de quienes ostentan las posiciones monopólicas y dominantes, esta vez en claro perjuicio de las más de 200 mil familias de Arica, Iquique y Antofagasta, que deberán absorber un alza de tarifas de un 5%, que en el lapso de los 10 años que estipula el contrato, se traducen en una utilidad para NOPEL de 12 mil millones de pesos”.

El diputado dijo que “ahora lo que resta es emprender todas aquellas acciones que sean necesarias para hacer frente a este atentado que se está cometiendo contra los derechos de las personas. Para ello no sólo vamos a votar favorablemente la idea de conformar una comisión investigadora y apoyar todas aquellas acciones judiciales que sea necesario emprender, sino que también le pediremos un pronunciamiento de fondo a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre este tema”.

Por otra parte, respecto a la defensa de los derechos de los usuarios del sistema eléctrico, Navarro indicó que “nos coordinaremos con los alcaldes y los líderes de las comunas y regiones afectadas, así como con las uniones comunales de juntas de vecinos y las organizaciones de defensa de consumidores y de derechos ciudadanos para generar una ofensiva contra esta tremenda irregularidad, para resolverla de la mejor manera y que no se vuelva a repetir. Y aunque no parezca tener relación, esta experiencia la transmitiremos en otras regiones del país, porque aunque ahora ocurrió en el Norte Grande, no es descartable que se intente realizar una operación de este tipo en otras regiones de Chile”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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