ESPERAMOS QUE TRIBUNALES DEJEN CONTRATOS SIN EFECTO

Diputado Navarro apoya acciones judiciales contra Valle Alto del Sol:

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Su preocupación por la insistencia del Club de Campo Valle Alto del Sol, en no solicitar a la municipalidad de Santa Juana los permisos necesarios para edificar, por lo cual se ha puesto en situación de ilegalidad, dijo el diputado Alejandro Navarro, quien el pasado 12 de abril, junto al abogado Mauricio Campos, acompañó a un grupo de accionistas que interpusieron una demanda en contra de la Sociedad Comercial, Deportiva y de Recreación Valle Alto del Sol.

Sobre lo mismo, el parlamentario reiteró que “esto ha sido ratificado recientemente por un fallo de fecha 15 de noviembre de 2001 de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se expresa que “el proyecto que se construye en el sector de Curalí de la comuna de Santa Juana denominado Valle Alto del Sol, de propiedad de la sociedad inmobiliaria e Inversiones Paso Largo S.A. no ha cumplido con la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en cuanto a los permisos de edificación, la que agrega que el proyecto Valle Alto del Sol se ha “colocado en situación de ilegalidad”.

“Además -dijo el legislador- el Director del Servicio de Salud Concepción, Sergio Castro, con fecha 09 de noviembre de 2001 a evacuado un informe negativo sobre el Club de Campo, por no contar con las exigencias mínimas que exige el Ministerio de Salud. Por lo anterior, los permisos Ambientales Sectoriales (PAS) les han sido negados. Junto a esto, el mismo Servicio le ha cursado una multa, con fecha 20 de febrero Por valor de 150 U.T.M. que se encuentra en trámite”.

Navarro señaló que, por otra parte, “según oficio del 24 de enero de 2002, la CONAMA Regional tampoco ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental que ha presentado el mencionado Club. Cabe destacar que en la actualidad el Estudio de Impacto Ambiental, aunque ha entrado a trámite en la CONAMA, todavía no ha sido aprobado y recién se encuentra en etapa de evaluación, no siendo calificado aún”.

El parlamentario también dijo que “la adquisición de acciones por parte de diversas personas, de todas condiciones sociales, tuvo como motivo principal el gozar de los beneficios del mencionado club. Tanto es así que para inducir a firmar los contratos de compraventa de acciones se les invitó a un cocktail, que tenía como único objetivo promocionar dicho club campestre. Pero sólo con el correr del tiempo los accionistas se fueron enterando que lo que les ofrecían no correspondía a la realidad, toda vez que el supuesto proyecto del cual formarían parte no ha cumplido con las etapas de desarrollo que se indicaron, de modo que se encuentra imposibilitado de prestar los servicios ofrecidos”.

Navarro afirmó que “desde su inicio el proyecto se ha ejecutado al margen de la ley, de modo tal que en términos jurídicos el referido proyecto no existe y por tanto se encuentra imposibilitado de prestar el servicio cuyo goce fue el motivo principal para celebrar los contratos de compra de acciones. Es decir, aparte de no tener existencia legal, el proyecto, materialmente, tiene sólo una existencia precaria, pues en cualquier momento puede ser demolido por orden de la Municipalidad o del Ministerio de Vivienda”.

Por otra parte, el diputado señaló que “el alcalde de Santa Juana, Angel Castro, me ha señalado que “en estos momentos se encuentra estudiando la posibilidad de dictar un decreto de demolición contra el Club de Campo, por incumplimiento de las Leyes de Urbanismo, pero está a la espera que se resuelva una denuncia puesta por el Director de Obras Municipales en el Juzgado de Policía Local contra el Club de Campo, por efectuar obras sin permiso. Además, hay que recalcar que sobre el Club de Campo pesa una orden de paralización de obras dictada por la Dirección de Obras Municipales de Santa Juana”.

“El Club de Campo Valle Alto del Sol -dijo el legislador- es la punta del iceberg de un conjunto de empresas dirigidas por Juan Carlos Quiroga Alarcón, quien firma el Reglamento General de Loteo del Valle Alto del Sol. Estas empresas -y quienes se encuentran relacionados con ellas- en el desarrollo de sus proyectos, han dejado una estela de ilícitos, estafas e irregularidades innumerables, las que han culminado en más de 100 demandas y querellas en todos los juzgados civiles, laborales y del crimen de Concepción”.

Respecto de una inserción pagada por el Directorio del Club de Campo Valle Alto del Sol en el Diario El Sur, de fecha 30 de septiembre de 2001, en que se afirmaba, entre otras cosas, que “la sociedad ha realizado y cumplido con todos los trámites y requisitos exigidos en leyes y reglamentos para su proyecto” y que no tenían ninguna “vinculación directa ni indirecta con la empresa Constructora Quiroga y Cía. Limitada”, el parlamentario dijo que “todo ello se pone en cuestión con los antecedentes que se han entregado a los tribunales”.

“A pesar de estas ambigüedades e ilegalidades -manifestó Navarro- los representantes del Club de Campo han seguido vendiendo acciones aseverando a los compradores que cuentan con todos los permisos y que el proyecto es perfectamente legal. La falsedad de estas afirmaciones es lo que ha motivado a efectuar la denuncia pública de los hechos referidos e iniciar las correspondientes acciones legales”.

“Por otra parte -agregó- hay que señalar que en un informe de la Policía de Investigaciones de Concepción, con fecha 30 de julio de 2001, se afirma que Juan Carlos Quiroga fue requerido y buscado en múltiples ocasiones por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción (BRIDE), pero extrañamente no fue encontrado, lo cual no parece lógico si pensamos que se trata de una persona que tiene múltiples causas en los tribunales y que es citado constantemente a declarar”.

Junto a lo anterior, el parlamentario enfatizó que “este informe también da cuenta que ha través de la BRIDE se han diligenciado órdenes de investigar hechos en los cuales se han visto involucrados Juan Carlos Quiroga, Daniel Cuevas Venegas y la representante legal de Valle Alto del Sol, Norka Villalobos Dalannays, los que inciden en diversos delitos, tales como giro doloso de cheques, estafas, falsificación de instrumento privado mercantil y otros. Allí también se afirma que ellos se negaron a prestar declaración policial y que en algunos de estos procesos aparecen denuncias contra todo lo relacionado con el Complejo Valle Alto del Sol”.

“Por todo lo anterior -dijo Navarro- la única posibilidad de restablecer el imperio del derecho, en lo que a los accionistas respecta, es que se los libere de las obligaciones que contrajeron en los contratos, por lo cual solicitará a través de la vía judicial que queden sin efecto. Esta es la única forma de restituir las sumas que fueron pagadas en su oportunidad. De lo contrario, tendremos un caso semejante al de Habitacoop, instalado en Santa Juana pero con afectados en toda la provincia de Concepción”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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