“ESPERO QUE AHORA LOS MUNICIPIOS COLABOREN MAS EN SU IMPLEMENTACION”

Diputado Navarro y de prórroga de Ley del Mono hasta el 31 de marzo del 2002

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El diputado socialista Alejandro Navarro valoró la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley que extiende el plazo para acogerse a los beneficios de la llamada “Ley del Mono” hasta el 31 de marzo de 2002, sin embargo criticó la actitud y las trabas puestas por algunos municipios para facilitar esta tarea.

Explicó que dicha iniciativa permite regularizar las construcciones urbanas sin recepción municipal definitiva, favoreciendo a los propietarios que han realizado ampliaciones y nuevas construcciones, con o sin permiso municipal de edificación, con objeto de regularizar la situación ante los organismos técnicos competentes y otorga rebajas en el pago de los derechos municipales.

Así –precisó- las viviendas de menos de 100 m2 pueden a través de un formulario especial de la dirección de obras municipales y un boceto a mano alzada o un plano simple recibir el permiso de construcción y la recepción municipal definitiva en un solo acto y cancelando un 25 por ciento del pago ordinario.

El texto, calificado con urgencia de discusión inmediata será remitido al Senado para su segundo trámite constitucional.

El diputado agregó que en el caso de la regularización de viviendas de más de 100 m2 se requiere de la firma de un arquitecto, precisando que también pueden acogerse a este beneficio las actividades económicas y comerciales microempresariales inofensivas para el medio ambiente.

El parlamentario detalló que la llamada Ley del Mono se promulgó el 26 de agosto de 1998 con una vigencia de dos años, pero ante el flujo creciente de interesados detectado a mediados del año pasado, cerca de la fecha límite se decidió prorrogarla hasta el 31 de este mes.

No obstante ello –acotó- la situación se repitió en los últimos meses, por lo que ahora la autoridad resolvió extenderla hasta el 31 de marzo de 2002.

El diputado sostuvo que esta ley en su origen y espíritu tenía como finalidad “blanquear” o regularizar una realidad existente, sin embargo dijo sentirse decepcionado por “la actitud asumida por los municipios y las direcciones de obras de estos, quienes en su mayoría no han entendido este espíritu”.

Al respecto, criticó las numerosas trabas puestas por las direcciones de obras para facilitar esta regularización, precisando que ello obedece a “los preciosismos y en muchos casos a los verdaderos negociados existentes donde a la gente que acude a la dirección de obras se la deriva a una oficina donde se les cobra 20 o 30 mil pesos para un dibujo cuando en verdad el sentido de la ley es aceptar un croquis, un mono, sin costo para regular la situación”.

Por lo anterior, dijo que es necesario que el ministerio de Vivienda realice una campaña con el objetivo de “explicitar que es o cómo hay que presentar los dibujos para aquellos que no requieran firma de profesional, que sea claro y que los municipios asuman el compromiso de poner letreros que señalen que nadie puede cobrar por el dibujo tal como lo estipula la ley”.

Fuente: Prensa Oficina Parlamentaria

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