Establecimiento de inhabilidades y su registro para condenados por delitos sexuales contra menores

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, por cierto que todo lo que se pueda avanzar en materia de establecer regulaciones legales que impidan el abuso de menores tiene que ser debatido, aprobado. Y estamos en el camino correcto.

Y yo estoy, por cierto, en este minuto disponible para apoyar este proyecto de ley.

Imagen: www.troviamoibambini.it

Yo quiero señalar que no basta solo la penalidad. Está claramente demostrado en el fracaso de la política penitenciaria de Chile, por la alta tasa de hacinamiento, por el crecimiento del 7,8 por ciento anual, de que construyamos las cárceles que construyamos se van a volver a llenar. Tenemos un problema de fondo, de política de rehabilitación y de reinserción.

Yo quisiera llamar la atención de que el 23 por ciento de quienes están en las cárceles de Chile son reos primerizos. No hay delito de sangre, no hay delito sexual, son delitos menores, ¡23 por ciento! Y están allí en medio, por cierto, de los delincuentes.

El Ministro ha anunciado proyectos de leyes que tienden a la segregación: vamos a construir cárceles. Yo espero que no sean concesionadas que, en mi opinión, han fracasado y solo han significado ganancias para los que las construyen.

Lo que me preocupa es que, en definitiva, la tendencia inicial y la respuesta sea penalizar. Y aquí penalizamos. Y, por cierto, es positivo.

La pregunta para el señor Ministro es cuál es la rehabilitación, ¿cuál es la posibilidad de reinserción? ¿La inhabilidad perpetua es perpetua por siempre? Porque hemos hecho un debate sobre el tema de lo perpetuo. Porque si, en definitiva, hay inhabilidad perpetua, entonces, no hay rehabilitación. Y ese es un tema de debate muy importante a la hora de establecer los elementos de la criminalidad no solo en este caso, sino en muchos otros casos. ¿Hay posibilidad de rehabilitación? ¿En qué casos? ¡A perpetuidad jamás habrá rehabilitación!

Yo quiero decir que como medida del Gobierno, por cierto, resulta adecuada para un Gobierno que quiere tener iniciativa legislativa. Pero no basta penalizar. Aquí hay que rehabilitar; aquí hay que reinsertar. ¿Cuál es la política de Estado para estos casos? La Iglesia Católica ha hecho lo suyo.

Yo quiero decir que -por cierto, encontrándose dentro de las ideas matrices- he presentado un proyecto de ley que ha tenido muy poca acogida. Se lo he presentado al Gobierno, se lo he presentado al Senado, y ahí está.

Modificación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal:

“Las autoridades eclesiásticas o de cultos superiores de cualquier confesión religiosa, sean de derecho público o privado, y en general los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes y los delitos cometidos por personas consagradas institucionalmente en sus respectivos cultos, en ejercicio con ocasión de su ministerio, tendrá la obligación de denunciar los actos que conocieren de abusos de menores.”.

Hoy día no están obligadas. Y, por tanto, aquí el Senador Walker decía que estos casos se conocen 10, 15, 20 o 25 años. Se conocen públicamente, pero claramente las autoridades eclesiásticas los conocían a días y a horas de haberse cometido. Lo que pasa es que ocultaban información. La jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica ocultaba información; los obispos ocultaban información; los sacerdotes ocultaban información. Y han sido las víctimas, después de más de 20, 25 años, quienes han logrado un debate público que rompió el cerco de la ignominia de quienes, teniendo responsabilidades, hoy día incluso las niegan.

Y quiero ser enfático y duro en esto, porque, en definitiva, nada se dice respecto de aquellos que hoy día están con niños y son parte de la Iglesia Católica o de cualquier culto, sea evangélico, sean testigos de Jehová, de cualquier culto.

Yo espero -señor Presidente, por su intermedio-, señor Ministro, que la misma voluntad que hay para poder decir “perpetuo” o “absoluta perpetuidad” tengamos para incluir la indicación que voy a presentar.

Voy a transformar mi proyecto de ley en una indicación a este proyecto, que tiene como objeto modificar el Código de Procedimiento Penal. La indicación es para… Perdón el Código Penal, la indicación es para el Código de Procedimiento Penal, porque apunta en la misma dirección, y apunta en la dirección correcta: prevenir. ¡Prevenir! Es decir, de que cuando hay un abuso, todas las autoridades públicas detalladas en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal tengan la obligación de denunciar un delito. ¡Todos los funcionarios públicos! Incluyendo, por cierto, los señores Diputados, los señores Senadores: tienen la obligación de denunciar un delito cuando este sea conocido o les sea informado.

Ampliar el ámbito de ese artículo, lo que hace, es potenciar que lo que hoy día acordamos respecto de que haya una sanción severa para aquellos que tengan relación con niños, limitándolos o castigándolos a perpetuidad absoluta a tener relación con ellos, inhabilitándolos en su función, alcanza a todos.

Yo tengo entendido, por cierto, que esto también incluye a los sacerdotes. Esto también incluye a todos los que tengan relación con los niños, a todos: profesores, no profesores; a todos.

Sin embargo, como lo importante es prevenir, y como estos actos son consecutivos, creo que la incorporación de la obligatoriedad de la denuncia de las autoridades eclesiásticas o de cualquiera que tenga conocimiento de estos delitos, porque puede también, y lo sabemos, que los directores ocultan. Los padres ocultan esta realidad cuando ha ocurrido en el seno familiar -la mayoría de los violadores están en el seno de la familia, son conocidos del niño, están en el círculo de confianza, por eso que se producen las condiciones para que esto ocurra-, debieran tener la obligatoriedad de denunciar, porque no solo la inhabilidad es necesaria, es también la oportunidad de la denuncia.

Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley que busca, por cierto, establecer inhabilidades absolutas para cargos de oficios públicos, derechos políticos de profesiones y titulares para quienes cometen estos abusos. Pero creo que también hay que agregar la obligatoriedad.

Mi proyecto de ley incorporaba a las autoridades eclesiásticas de cultos superiores. La verdad es que debiera ser a todo tipo de autoridad. Si un rector sabe que un profesor ha cometido un abuso, si un director de colegio sabe que se ha cometido un abuso y no lo denuncia, es tanto o más culpable que el profesor que ha cometido el abuso. Si hay un sacerdote que ha cometido un abuso, y hay un obispo que no lo denuncia, es tanto o más culpable que el sacerdote que ha cometido el abuso.

Por lo tanto, mi pregunta es, efectivamente ambos tienen responsabilidades. Y, por cierto, ambos debieran tener la misma pena.

Yo solo estoy pidiendo en esta ocasión -y estará para el debate en la Comisión y en la Sala-, si el objeto de la perpetuidad o si el objeto de la obligatoriedad de la denuncia, puede equipararse a la realización de los hechos. A lo menos hay complicidad y complicidad conspirativa. Porque cuando se guarda en silencio y se ocultan, y es más, se toman decisiones de trasladar y ampliar la irradiación del daño, la verdad es que efectivamente estamos frente a una responsabilidad de igual nivel.

Señor Presidente, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley; anuncio las indicaciones que he señalado que incorporan modificaciones al artículo 175 del Código Procesal Penal, que establece la obligatoriedad de denuncia de todas las autoridades eclesiásticas, y veremos en el debate de todas las autoridades que estén al frente de instituciones relacionadas con niños, estableciendo -espero- la igualdad de la responsabilidad entre el abusador y el que oculta o es cómplice del abusador.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

He dicho.

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *