Ex ministros de Bachelet no podrán ser ejecutivos de Endesa

Senador Navarro presentó moción que establece inhabilidades para autoridades:

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Su total convencimiento de que “es absolutamente urgente que discutamos una normativa que regule las inhabilidades que deben existir en el paso de funcionarios públicos al área privada y viceversa” planteó el senador Alejandro Navarro, quien dijo que “es necesario que existan reglas claras para los militantes de los partidos y para los funcionarios del Estado. Cada uno, dentro de su propia institucionalidad debe establecer cuales son los límites que evitan traspasar la delgada frontera que existe entre el legítimo derecho a trabajar y el tráfico de influencias y el lobby”.

El parlamentario del PS dijo que “la gente no puede entender, y por cierto ello ayuda a distorsionar aún más la percepción ciudadana sobre el rol de los políticos, que alguien que un día es funcionario público de alto rango, al día siguiente aparezca como gerente de una empresa relacionada con el mismo ámbito de acción de su ex trabajo. Entonces de lo que se trata es de establecer un lapso de distancia entre la salida del sector público, antes de pasar al privado y viceversa, de manera tal de despejar cualquier sospecha relativa al uso de información privilegiada y de la red de contactos que se deja en uno u otro lugar en beneficio propio”.

“Por eso -agregó- nosotros hemos venido desde hace años promoviendo la idea de legislar sobre esta materia, por ello ingresamos, primero en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado, un proyecto de ley que reforma la ley 18.575 de bases generales de administración del Estado, introduciéndole inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de cargos públicos, proponiendo que medie un período de dos años entre que se deja un cargo de exclusiva confianza del Presidente y que se asuma otro en la misma área de influencia o fiscalización en el privado. Lo que es válido tanto para los ex ministros y ex subsecretarios, como para los intendentes, secretarios regionales ministeriales y directores de dervicio, que hayan dejado el cargo”.

Navarro señaló que “asimismo, en el proceso de presentación de indicaciones al proyecto de ley que busca regular el lobby, que también hemos venido impulsando desde hace mucho tiempo atrás, hemos incluido una en la letra a) del artículo 13, sobre quienes no pueden ser lobbystas profesionales, donde decía que no podían serlo ‘las autoridades, miembros y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado y del Congreso Nacional, durante el ejercicio de sus funciones’, le hemos cambiado la última frase por hasta dos años después de haber cesado en sus funciones, lo que a nuestro juicio la hace más coherente, porque evidentemente que una autoridad en ejercicio no puede ser lobbysta”.

El legislador socialista indicó que “para hacer estas propuestas legislativas hemos recogido la experiencia de las regulaciones existentes en la mayor parte de los países con legislaciones modernas sobre probidad, con el objeto de incorporar un sistema de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que permita transparentar en mayor medida el ejercicio de la función pública. Ahora bien, estas propuestas deben ser un impulso para una reforma mayor, que considere también que todas las personas, incluidas por cierto las que han ejercido cargos públicos, tienen derecho a ejercer su libertad de trabajo”.

Sobre esto último Navarro dijo que “este es uno de los temas de fondo que se requiere abordar en una norma mayor, puesto que de acuerdo a lo que ocurre en otros países, para evitar suspicacias sobre tráficos de influencias, lobby o uso de información privilegiada, lo que el Estado hace es asumir el pago de un honorario a esas personas durante el período que esté sin trabajo porque por su formación profesional o su experticia, sólo pueden ejercer privadamente en el mismo ámbito de sus atribuciones como funcionario público”.

“En definitiva -dijo el parlamentario- de lo que se trata es de transparentar la función pública, y para ello tanto el Estado como los partidos deben aportar. Por ello, en el caso particular de mi colectividad, recurriré al tribunal de ética, para solicitarle se generen las normas internas que le dejen claro a los militantes cuáles son los límites para nosotros aceptables en esta materia, de manera que con reglas claras evitemos procesos de renuncias o expulsiones, como ocurrió en el pasado con Enrique Correa y su trabajo con la sociedad minera respecto del royalty. Para ello también es necesario que los militantes entiendan que muchas veces los actos o acciones que ellos consideran estrictamente privadas, tienen efectos políticos que deben tenerse en cuenta”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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