EXCESIVO CELO DE LA JUSTICIA DISCRIMINA CONTRA MAPUCHES

Diputado Navarro y masiva detención por supuesto robo de hachas y yugo:

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Su preocupación “porque el proceso de reforma procesal penal termine siendo ineficaz para abordar los conflictos generados en territorio mapuche y de esta forma se deslegitime”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, al referirse a la masiva detención de comuneros mapuches producida el pasado 4 de enero bajo la acusación de robo con intimidación de algunas hachas y un yugo y de la quema de una motosierra, causa que se encuentra radicada en el Juzgado de garantía de Lautaro con el rol 48835-2.

El parlamentario dijo que “los nuevos procedimientos judiciales son, sin duda, más severos pero en este tipo de casos, hasta ahora, no han demostrado ser más justos. Además, parece absolutamente desproporcionado que por esta acusación se detenga a ocho personas y se les niegue la libertad provisional, bajo la idea de que constituyen un peligro para la sociedad, cuando ellos voluntariamente se presentaron a Carabineros cuando fueron requeridos por los tribunales”.

El legislador del PS agregó que “hasta ahora, los únicos elementos de juicio que sostienen la acusación contra los comuneros Juan Huechucura Pichún, Sergio Santander Pichún, Orlando Huechucura Pichón, Enrique Morales Ñanculeo, Fernando Pichón Solís, Juan Pichón Marileo, José Morales Apeleo, y Juan Pichuñán Morales, son las declaraciones del acusador, Julián Lenp, y dos de sus empleados”.

“Esta situación -indicó Navarro- de no permitir ni siquiera la libertad condicional, con lo que se les está negando la posibilidad de volver a trabajar su tierra, está contrariando, abiertamente, el espíritu de la Reforma Procesal Penal, en el sentido de vulnerar el principio de inocencia al considerar, para conceder la prisión preventiva, denuncias efectuadas por la misma persona y que ni siquiera han llegado al trámite de la formalización”.

El parlamentario señaló que “hechos como éste son los que llevan al cuestionamiento, por parte de la comunidad, de las formas como se imparte la justicia, porque mientras autores de graves delitos que atentan contra el bien común o que con sus faltas han afectado a cientos o miles de personas si pueden obtener libertades bajo fianza, con una relativa facilidad, por el robo no probado de cuatro hachas y un yugo, se detiene a ocho personas y además se les niega la posibilidad de gozar de libertad mientras siguen siendo procesados. Esas percepciones no se borran presentando requerimientos ni encarcelando a quienes públicamente las dicen, interpretando a muchos ciudadanos”.

Para el diputado, “el tema de fondo, sin embargo, es más grave que esta falta de igualdad ante la ley que sufren los mapuches. Esta serie de conflictos que han tenido los propietarios del predio San Jorge y la comunidad Manuel Ñanculeo se remontan a décadas. De hecho, aún está pendiente el cumplimiento de un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 28 de marzo de 1972, en que los ministros Oscar Carrasco, Rafael Mera y el abogado integrante Galvarino Palacios, ordenan restituir a la comunidad Manuel Ñanculeo, 26,20 hectáreas que ocupa indebidamente el propietario del predio San Jorge y a la vez le indica a ésta que debe también reintegrar 8 hectáreas al predio”.

“Esta situación viene a demostrar, como el no acatamiento de los fallos judiciales y la falta de rigor cuando de hacer cumplir la ley a favor de los mapuches se trata, permite que los conflictos, esencialmente por tierras, subsistan y perduren en el tiempo. Porque quienes hoy día se están enfrentando son los hijos o los nietos de aquellos que hace treinta años ya se encontraban conflictuados. De no hacerse justicia, y mientras la ley no deje de discriminar a los mapuches, esto se convertirá en una historia sin fin y en algunos años o décadas más veremos enfrentados a los hijos de quienes hoy están acusando y de quienes están detenidos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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