Faculta a los intendentes regionales para declarar el estado de catástrofe en los casos que indica.

Boletín N° 6.868-07

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en Moción del Honorable Senador señor Navarro, que faculta a los intendentes regionales para declarar el estado de catástrofe en los casos que indica.

Fundamentos

Frente a un estado de emergencia, el ordenamiento jurídico ofrece ciertos instrumentos que permiten que la autoridad pública, plasmada principalmente en la figura del Presidente de la República, puedan afrontar y enfrentar de mejor modo la situación que altera el estado de normalidad que pueda afectar a una zona determinada del territorio o bien a la nación toda, como ha sido el caso del terremoto que, azotó en el pasado mes de febrero, a nuestro país.

Es necesario tener en cuenta que la ocurrencia de una situación de excepción sólo habilita pero no obliga al Presidente de la República a declarar el E.E.C. correspondiente. Como se ha visto, la forma verbal rectora de todos los E.E.C. es la expresión “podrá”. De hecho muchas situaciones de crisis, aún en casos de guerra exterior, han sido superadas sin tener que recurrir a la declaración de un E.E.C.

Por lo mismo, no debe confundirse las “situaciones de excepción” -que son circunstancias de hecho conformadores de crisis o de riesgo de crisis para el Estado- con los “estados de excepción constitucional”, que son estatutos jurídicos que entran a regir una vez que ellos son declarados y en su virtud. Por tanto, es necesario que frente a la ocurrencia de una crisis, el estado esté dotado de mecanismos más ágiles para la adopción de medidas.

Entre los distintos estados de excepción constitucional, los mecanismos que permiten limitar y restringir ciertas garantía Constitucionales, van a depender de que tan grave sea la situación, y es del caso que en específico el Estado de Catástrofe por Calamidad Pública, consiste en un conjunto de facultades que la Carta Magna concede al Presidente con el fin poder restringir el derecho de reunión, locomoción, establecer algunas limitaciones al derecho de propiedad, adoptar medidas administrativas pertinentes, y más aún, concede algunas potestades al Jefe de la Defensa Nacional para poder regresar a la normalidad en el menor plazo posible.

Sin embargo, todo el proceso que implica adoptar las medidas necesarias para decretar el estado de catástrofe y por ende de adoptar las medidas necesarias, requiere de tiempo que puede ser vital para resguardar la vida e integridad de las personas, como asimismo la conservación del patrimonio público y de aquellos servicios privados de gran importancia colectiva. Lo anterior se ve reforzado por la fragilidad de los canales de comunicación, más aún considerando que una calamidad puede ocurrir en zonas muy distantes de la capital de la República y de remoto acceso. Es por ello que se torna necesario dotar a la autoridad más importante de la región -los intendentes-, de aquellas facultades propias del presidente, para que con rapidez pueda adoptar las medidas necesarias, de modo que puedan abordar una situación de catástrofe, sin tener que esperar que el Presidente decrete el estado de excepción de catástrofe por calamidad, y sólo en ese entonces, adoptar las medidas que por mandato constitucional está facultado a adoptar.

Problemas en las comunicaciones, de acceso a lugares distantes de zonas urbanas, peligro inminente de muerte de las personas, son situaciones que no pueden esperar y que sin demora debe afrontar la administración activa. En específico, tras el terremoto y maremotos, que asolaron de las regiones de Valparaíso a la del Bío-Bío, la respuesta jurídica del estado no se suscitó con la rapidez que se requería, precisamente por el desconocimiento e imprecisión en la información que manejaba la autoridad central.

De acuerdo a lo anterior, es necesario incorporar en nuestra carta fundamental, esta atribución para que dotar a la máxima autoridad regional, como representante directo del presidente de la república, de la facultad de poder decretar estado de catástrofe por calamidad, acelerando los procesos de ayuda, seguridad, y de normalización de la vida social en caso de una calamidad. Por lo demás, el presente proyecto de reforma constitucional constituye una clara señal en aras de promover la descentralización de funciones, y dar más autonomía a las regiones, más aún cuando existe un estado de crisis que requiere de mayor conocimiento humano, geográfico y social de la zona.

Los estados de excepción son circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad del país, de sus ciudadanos o de sus instituciones por ello estados de excepción solamente pueden declararse ante situaciones objetivas cíe suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos. El presento proyecto extiende una potestad reservada al Presidente a su representante, pero siempre considerando que las medidas que adopte deben ser proporcionales a la situación que se quiere afrontaren lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación. Además, el estado de excepción de catástrofe por calamidad pública decretada por un intendente tendrá una duración muy breve ya que está sujeta al control Presidencia, con el fin de determinar que las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sean de la magnitud que la justifiquen. Además el decreto que declare el estado de catástrofe será dictado en caso de estricta necesidad para solventar la situación de anormalidad.

Proyecto de Ley

Artículo Único: Incorpórese al artículo 41 de la Constitución Política de la República, el siguiente inciso tercero, cuarto, quinto y sexto nuevos: “En los casos de calamidad pública provocada por fenómenos naturales, tales como terremotos, maremotos, incendios de gran magnitud, avalancha, epidemia, inundaciones, desastres ambientales provocados por acción del hombre y cualquiera otra calamidad, que pongan en serio riesgo la vida humana e integridad de áreas habitadas de una o más áreas determinadas de la respectiva región, los intendentes, pondrán decretar temporalmente estado de catástrofe por calamidad, sólo para la o las zonas afectadas de la región respectiva. En tal caso, el intendente deberá comunicar sin demora, dentro de las 12 horas siguientes a su decisión, por cualquier medio de comunicación idóneo que asegure, señalando con precisión los hechos que la motivan y las razones técnicas y prácticas que justifican su actuar.

El Presidente de la República, dentro de las 24 horas siguientes a que recibió la información podrá, corroborar la decisión del intendente, emitiendo el consecuente decreto de Estado de Catástrofe por Calamidad, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el intendente respectivo adopto las medidas haciendo uso de facultades del Presidente. En este caso será aplicable todo lo prescrito en el Artículo 41 de la Constitución y de la ley orgánica respectiva.
Con todo, si el presidente determina que los hechos no son lo suficientemente calificados para justificar la o las medidas adoptadas por el intendente respectivo, podrá de inmediato dejarlas sin efecto.

La declaración de los estados de catástrofe, de excepción y de sitio no obsta a lo prescrito en el Artículo 38 inc. 2 de la Constitución.”

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SENADOR

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