Falta de profesionales marca el trabajo en el hogar de niñas de Chiguayante

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En el recinto ya van 5 intentos de suicidio. Hay molestia en comisión de DD.HH del Senado por falta de precisión en los datos entregados por su director nacional.

El pasado 29 de mayo, la menor D.M.O., de 15 años, intentó suicidarse con un cordón, en el Hogar Capullo de Sename, en Chiguayante, al que llegan las niñas y adolescentes enviadas por los tribunales de Familia, cuando sus derechos son vulnerados en sus propios hogares.

Según conoció Diario Concepción, la adolescente estaba ya cianótica cuando fue descubierta, por lo que se pudo salvar su vida, y fue auxiliada por una de las educadoras y un trabajador que trabaja en la cocina del recinto.

Este hecho motivó que el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentara un recurso de protección en favor de la niña, y en ese documento se conoció que otros cuatro menores han intentado atentar contra su vida en ese centro.

“La atención psiquiátrica que entrega el hogar Capullo no basta para frenar los intentos de suicidio. Existe para cada uno de los cuatro niños del centro con tendencias suicidas, orden de tratamiento en centros públicos de salud, dependientes del Servicio de Salud las cuales no se han cumplido, sin tener justificación alguna”, reveló el parlamentario.

Por eso, en el mismo documento, solicitó la atención psiquiátrica para la menor y se informe sobre la situación del resto de las adolescentes.

Christian Araya, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios de Sename, aseguró que el principal problema del hogar Capullo es la falta de personal. De hecho, reveló que son 371 cargos que faltan por completar en Sename, a nivel nacional, información que fue revelada por el mismo director nacional del servicio, Hugo Herrera, ante la comisión de Derechos Humanos del Senado. “Y cuando falta personal la calidad de atención no es la misma, hay muchas dificultades para armar los turnos, y de esto no se ha hecho cargo ni el servicio ni el Ministerio, y ahí están los problemas centrales”. Como ejemplo, en el mismo Capullo faltan 10 profesionales, para una población de 50 menores.

El dirigente, quien trabaja en Concepción, asistió esta semana a exponer en la comisión en el Senado, donde insistieron en que las soluciones en que plantea el servicio, con el Plan Protege, no son suficientes, ya que este programa refuerza la supervisión en las residencias, “pero ya hay supervisión interna, de los tribunales, del Ministerio de Justicia. Son supervisadas 16 veces al año. Nosotros propusimos fortalecer las residencias con más recursos, y esperamos que nos escuchen”.

Las cifras que no calzan

Esta semana, Hugo Herrera, director nacional de Sename, ante la comisión de DD.HH, aseguró que “sabemos que los niños atendidos presentan diversos problemas, sobre todo en salud mental. Dentro de las acciones que ya estamos implementando es la atención priorizada de 183 casos que revisten urgencia, de los cuales podemos informar que todos han sido evaluados por el ministerio de salud: 59 casos en la Región del Bío Bío, 47 en el Maule, 60 en la Metropolitana y 17 de otras regiones”.

Sin embargo, un informe publicado por La Tercera al día siguiente, con información de todos los directores regionales del servicio, reveló que son 1.334 los casos de suma gravedad. Sólo en la Región Metropolitana hay datos de 249 menores en situación crítica con patologías de mal pronóstico. Le sigue Valparaíso con 163; Araucanía con 125; Los Ríos con 107; Bío Bío con 105; Maule con 101 y así en todo el país.

“Nadie sabe cuáles son las cifras exactas, esto es un verdadero caos, el director más confusión generó, y quien paga las consecuencias de la improvisación son los niños y los trabajadores. Las actuales autoridades de Sename no están capacitadas para solucionar este problema”.

Por eso, el senador Navarro agregó que hoy lunes presentarán un recurso de protección e Santiago por los 1.334 niños para poder acceder a su identidad, diagnóstico, para solicitar medidas urgentes a su favor. “No puede morir otro niño en Sename, como Lissette Villa, que murió hace dos meses”, dijo el parlamentario, quien reveló que el 64,3% de los 8 mil niños que a nivel nacional están internados tienen tratamiento farmacológico “y no hay especialistas que estén a cargo de su control”.

Agregó que ya solicitó una reunión al intendente Rodrigo Díaz y al director de Servicio de Salud, Marcelo Yévenes, para tratar este tema.

Consultado Sename Bío Bío, declinó entregar información para este reportaje.

La supervisión de Familia

Paulina Soto, jueza y vocera de los tribunales de Familia, explicó que los jueces de familia en forma semestral visitan los establecimientos residenciales en los que se encuentren ingresados niños, niñas y adolescentes, por medidas de protección dispuestas por el Juzgado de Familia de Concepción o por otros tribunales. En el caso de Concepción, corresponde visitar 15 residencias.

Explicó que en la visita que realiza el juez, acompañado por un miembro del Consejo Técnico del tribunal, se realiza un recorrido de las dependencias, verificando condiciones del inmueble, infraestructura, seguridad, equipamiento, funcionamiento de instalaciones y adecuados espacios de estudios y recreación. Se revisan las carpetas individuales de cada niño, en compañía de los profesionales de la residencia, informándose de su situación escolar y de salud. Se solicita información sobre dotación del personal y antecedentes de alimentación otorgada a los menores.

Además si se requiere, el juez mantiene entrevistas con los niños, a petición de éstos.

Agregó que al término de la visita se realizan observaciones, las que en se plasman en una ficha residencial, que se remite a Sename, a fin que se adopten las instrucciones y sugerencias realizadas en las residencias, ya que por regla general dicen relación con mejoras en infraestructura y aumento de personal, lo que no depende del Poder Judicial. En cuanto a observaciones respecto del proceso de intervención residencial de un niño, las sugerencias se remiten al mismo tribunal que dispuso la medida para su ponderación y resolución.

“Cada vez que exista alguna situación anómala o de crisis respecto de un niño al interior de la residencia, los profesionales de la misma tienen la obligación de aplicar los protocolos que Sename ha establecido y dar inmediata cuenta al respectivo tribunal”, dijo y agregó que sobre lo ocurrido en el hogar Capullo, se informó a cada uno de los tribunales, los cuales adoptaron las medidas respectivas según la situación personal de las adolescentes, además se llevó a efecto una reunión por la jueza visitadora de la residencia, directora y jefe técnico del recinto, para evitar la ocurrencia de nuevas crisis.

Fuente: Diario de Concepción

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