Hasta los Tribunales de Justicia llegó la familia del interno fallecido producto del virus Hanta, Pablo Vidal, junto al senador Alejandro Navarro y el abogado Adolfo Ortega, quienes llevaron adelante la causa en la que la Corte Suprema confirmó el fallo que condena al Estado. “Haremos público un hecho inédito, y como tal asentamos un precedente. Finalmente se comprobó que hubo negligencia de parte de Gendarmería, que por ser un servicio público estatal dependiente del Ministerio de Justicia, el Fisco chileno estará obligado a pagar por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de 20 millones de pesos a la mamá de la víctima y en total 25 millones de pesos a sus 5 hermanos”, anunció Navarro.

Los hechos se remontan al 20 de febrero de 2005: “Entonces, Pablo se encontraba cumpliendo una pena privativa de libertad en el módulo 6 de la Cárcel El Manzano, donde mantenía buena conducta y profesaba la religión evangélica. De pronto, se empezó a sentir mal. 3 días después, una asistente social de Gendarmería fue al domicilio de la mamá, Verónica del Solar, para comunicarle que su hijo estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional. Una vez allí, una enfermera señaló que si Pablo hubiese sido asistido antes, le podrían haber salvado la vida”, comentó el presidente del MAS.

Y continuó: “Lamentablemente, Pablo ingresó con cuatro paros cardíacos y un pulmón reventado, falleciendo el día 24 de febrero de 2005 cuando le sobrevino un quinto paro cardiaco. Posteriormente se confirmó que los síntomas y signos que afectaron a su hijo configuraban la infección con virus hanta: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales tales como náuseas, vómitos, dolor abdominal y dificultades respiratorias”.

Evidencias

Dentro de los antecedentes claves que consideró el fallo está, como lo indicó el senador Alejandro Navarro, el testimonio de la epidemióloga del Servicio de Salud de Concepción, Dra. Marta Werner, que el 5 de marzo de 2005,  tomó contacto con la mamá de Pablo y le comentó que su hijo se contagió al interior de la cárcel El Manzano. Y le especificó que contrajo el virus en el comedor del recinto, dado que tras analizar la dependencia, se comprobó la existencia de orina, fecas y el cadáver de un ratón en un ducto de desagüe. Hechos que fueron comprobados por varios especialistas, contando también Gendarmería”.

Asimismo, el parlamentario haciendo referencia al fallo en primera instancia, señaló que “en la investigación se detectó que gracias a conversaciones posteriores con otros internos, el día 20 de febrero de 2005, Pablo empezó con dolores de cabeza. El día 21 con un intenso dolor de huesos y fiebre. El día 22 de febrero el dolor de huesos se hizo extremo y la fiebre continuaba, con lo que esperaron el horario de atención de enfermería de la cárcel donde solo lo inyectaron y regresaron a su celda; el día 23 de febrero a la 1:00 estaba con vómitos de sangre, por lo que sus compañeros de celda exigieron que lo llevaran a un hospital, luego de eso les avisaron que Pablo había fallecido el 25 de febrero de 2005”.

Navarro, junto con lamentar todo lo sufrido por la familia durante estos años, indicó que “la Justicia actuó correctamente indemnizado a sus seres queridos más cercanos. Compartimos el dolor de que este fallo no pueda recuperar la vida de Pablo, sin embargo esperemos calme en algo la frustración vivida y mejore la salubridad de los centros penitenciarios”.

Junto al abogado Adolfo Ortega, el legislador del MAS, Alejandro Navarro detallará que el Fisco de Chile debe hacerse cargo, pues conforme con el artículo 38 de la Constitución Política de la República, y al artículo 4 y 42 de la Ley 18.575, Gendarmería de Chile es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia, que ligado al D.L. 2859 tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley”.

Y enfatizó que “según el artículo 3 letra d) de la mencionada reglamentación, a este servicio le corresponde custodiar y atender a las personas privadas de libertad mientras permanezcan en los establecimientos penales. A su vez, su artículo 15 señala que debe darse a cada persona un trato digno propio de su condición humana, lo que está en sintonía con lo prescrito en el artículo 1 inciso 1º de la Constitución Política de la República: ‘Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, normativas que en los hechos fueron pasadas a llevar”, concluyó el Senador.

Descarga acá el fallo de la Corte Suprema

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Reiterando la necesidad de “terminar con aquellas malas prácticas que son las que hacen que la gente no confíe ni crea en las instituciones llamadas a fortalecer la participación, la democracia y la transparencia”, el senador Alejandro Navarro dijo que “casos como el de la diputada Marta Isasi y el “aporte” que recibió de parte de Corpesca no solo son un llamado a mejorar las leyes de financiamiento y transparencia electoral, sino a revisar situaciones que también se verifican en el ejercicio de la función parlamentaria”.

Imagen: web.greenlander.com.mx/

“Lo anterior -agregó Navarro- se agrava cuando se constata a través de la propia página web de la Cámara de Diputados[1], que en este caso no solo se trata de una parlamentaria que recibe dinero, sino que existen dos supuestos asesores de la misma parlamentaria que están ligados a la misma empresa, que participaron activamente de la discusión legislativa, como consta en la citación y acta del 17 de julio de 2012 de la Comisión de Hacienda, sesión donde incluso participó el entonces ministro Pablo Longueira”.

El parlamentario indicó que “se trata de Michel Campillay, quien sería un dirigente sindical de trabajadores pesqueros en Iquique y, lo que nos parece más grave, el caso de Ramón Pino Correa, quien según el propio sitio de Corpesca[2] ejercería el cargo de Sub Gerente de Gestión y Desarrollo de la citada empresa perteneciente al grupo económico Angelini. Que se distorsione el rol de los dirigentes sindicales nos parece negativo, pero tener gerentes camuflados como asesores de diputados, nos parece inaceptable”.

Sobre esto último Navarro recordó que “si ya es bastante impresentable que el Observatorio Parlamentario cada año nos diga que el sector empresarial es el más escuchado y recibido en las comisiones de ambas cámaras, que ahora sepamos que algunos ejecutivos se hacen pasar por asesores es francamente repudiable, sobre todo si apareciendo como asesor de la diputada Isasi cuando, curiosamente, ella ni siquiera estuvo en esa sesión”.

Finalmente Navarro dijo que además de la solicitud al Presidente para que de suma urgencia al proyecto de ley suscrito en conjunto con los senadores Gómez y Muñoz, hará llegar los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

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El senador, Alejandro Navarro, junto al diputado Hugo Gutiérrez llegaron hasta el Palacio de Gobierno,  para solicitarle al Presidente de la República que le dé urgencia al proyecto de ley del líder del MAS, “para terminar con los pagos ocultos a campañas políticas, pues consideramos que distorsionan la labor representativa de los parlamentarios y denigran la credibilidad ya degradada que tiene la ciudadanía hacia la política al momento de decidir sobre temas colectivos y que grupos económicos poderosos quieren manejar. Es una realidad que es urgente cambiar”, dijo el parlamentario del Biobío.

Imagen: visitingchile.info

Mucho antes de que se destapara el escándalo del millonario pago de Corpesca a la campaña de la diputada Isasi, quien no se restó de la votación de la Ley de Pesca, “hablamos de marzo de este año, desde que en el Congreso aloja nuestro proyecto de ley Boletín 8848-06 firmado también por los senadores Gómez y Muñoz, que consiste en modificar la ley N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral para dar término a las donaciones reservadas y anónimas a las campañas políticas, reduce el límite de gasto electoral permitido, desvincula las decisiones públicas de los intereses privados, entre otros aspectos”.

Cabe recordar que el diputado Hugo Gutiérrez hace un par de días reveló un correo electrónico en el que se afirma que el reciente renunciado gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, tenía un trato directo con la diputada Isasi, lo que da a entender, según el diputado, que “ella estaba operando en favor de los intereses de Corpesca y el grupo Angelini”, en el marco de la discusión de la Ley de Pesca, el año pasado; no fue una donación solo en época de campaña.

Aparte, los parlamentarios pusieron a la luz cifras tales como que “durante la campaña presidencial del 2009, en todas las candidaturas de la primera vuelta, se utilizaron 9 mil novecientos millones de pesos, de los cuales tres mil quinientos se obtuvieron a través de donaciones secretas, lo que equivale al 35,4%”.

Asimismo, sostuvieron que “en la campaña senatorial del mismo año, cuando se eligieron 18 senadores de los 38, en todas las candidaturas se gastaron, 5 mil setecientos millones de pesos, de los cuales 3 mil quinientos se recaudaron por aportes reservados, lo que equivale al 61,9% de los recursos gastados”.

Y, continuaron: “En la campaña para la elección de diputados de ese mismo año los candidatos gastaron, en total, 14 mil millones de pesos, siendo 5 mil 800 millones los que ingresaron también a través de aportes reservados, lo que equivale 41,1% del total ocupado”.

Es así, como durante la jornada, los legisladores del MAS y PC solicitaron la facultad del Ejecutivo de poner en tabla de manera urgente esta discusión legislativa, “puesto que este es un año de elecciones presidenciales y parlamentarias, por tanto la ciudadanía merece tener a disposición la máxima transparencia de quienes quieren que los representen y sus intereses”.

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Imagen: emol.com

“He quedado con un sentimiento de decepción”. Estas fueron las primeras palabras del senador Alejandro Navarro después de los lineamientos que Carolina Smichdt anunció con respecto a lo que será  el desenvolvimiento en el Ministerio de Educación para los próximos meses. “Ella insiste en mantener la senda trazada por el ex ministro de Educación, Harald Beyer”. Y puntualizó que “insiste en el proyecto de la Superintendencia de Educación Superior, en circunstancias en que hasta el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ha señalado que es un proyecto que solo viene a consolidar el lucro y el mercado en la educación superior, ignorando absolutamente la demanda sobre gratuidad”.

Navarro rescató la visión del rector de la Universidad de Chile, pues coincide con él, ya que “no es un proyecto factible de apoyar y menos de aprobar, porque la Superintendencia lo que concretaría está lejos de terminar con el lucro en la educación superior; es más, se pretende legalizarlo por la vía de regular las relaciones entre empresas y universidades”.

De acuerdo al representante del MAS en el Senado, “este proyecto responde a la lógica de los cambios gatopardistas, en donde las grandes ganadoras han sido las universidades privadas”. Y añadió que “todo nos indica que, al parecer, los privados no invirtieron su patrimonio en las universidades que crearon, sino que han administrado con grandes ganancias los aranceles de los estudiantes, la mayoría de sectores vulnerables, olvidándose de la regla primaria de la no discriminación en el financiamiento. Lo que han logrado es que el Estado les transfiera directa o indirectamente créditos fiscales sobre el cual han generado un lucro ilegal”, comentó Navarro.

Todo en un PPT,

todo en un Ministerio

Referente a lo que fue la presentación en sí de la ministra de Educación esta mañana, el senador Alejandro Navarro criticó lo que expuso: “Es que el tema de la educación parvularia nada tiene que ver con la educación superior. ¿Qué hace el niño que está aprendiendo a leer en el mismo ministerio con un doctorado en biología celular y molecular?” Ante ello, el parlamentario sostuvo: “Nuestra propuesta es la creación de un Ministerio de Educación Superior que establezca claramente el fortalecimiento de ese nivel que Chile requiere”.

En ese sentido, reconoció que “sí, estamos por generar un marco regulatorio de los jardines infantiles, pero no nos parece apropiado que la Ministra exponga en una misma presentación este tema con el marco regulatorio a universidades. Hay que corregir la institucionalidad del propio Ministerio de Educación”, afirmó Navarro.

“Una ministra por el endeudamiento”

En lo concerniente al financiamiento estudiantil, el senador Navarro afirmó que “la Ministra de Educación insiste en becas y créditos; nosotros creemos que en lo que hay que avanzar es en no aliviar el sobreendeudamiento, sino que evitarlo radicalmente”.

Y continuó: “Schmidt, además planteó una subvención a la clase media por un total de 227 mil 600 millones de pesos anuales a través de aumentar la subvención en el pre kínder hasta sexto básico de 14 mil pesos y de séptimo básico a cuarto medio de 9 mil pesos. Claramente, creemos que este es un financiamiento que viene a ratificar el lucro en la educación y no contribuye a mejorar la calidad, pues ha quedado demostrado que la subvención de educación preferencial los recursos jamás llegaron a los niños vulnerables”.

Seguido de lo anterior, trajo a colación que “los municipios han hecho lo que han querido. La prueba más tangible está en el DAEM en la Municipalidad de Concepción, en donde se fijaban 16 horas diarias extras, pagadas al ex director y reciente ex seremi de Educación que este viernes será formalizado. Millones y millones fueron a parar a sus bolsillos por horas que jamás se trabajaron”, indicó el legislador.

Así, señaló el líder del MAS, “con esta institucionalidad débil se seguirá asignando recursos que pasarán por un bolso roto. Por lo tanto, le hemos pedido a la Ministra de Educación que retire el proyecto de Superintendencia de Educación y el de financiamiento educacional, toda vez que no responden en absoluto a la demanda ciudadana, que son los motivos básicos por los cuales salió Beyer”.

“Una Ministra de manos atadas”

“Al parecer el Presidente Piñera nos envió a una ministra con las manos atadas y a seguir el camino de Beyer”, expresó Navarro. “Si es así, sus proyectos van a tener un difícil avance y habrá que esperar el plebiscito del 17 de noviembre, cuando se decidirá si estamos por la gratuidad de la educación, como queremos o se optará por aquellos que quieren seguir endeudando a las familias chilenas”.

Según Navarro, “se busca hacer parecer a la Superintendencia como la gran solución en regularizar la educación superior, en circunstancias de que éste es un proyecto escrito con la mano de las universidades privadas; incluso, las facultades fiscalizadoras las determina el superintendente de turno. Yo advierto, y aunque la ministra Schmidt no lo dio a entender, ella sabe que estos cambios finalmente requerirán de la votación de 23 senadores para llegar a fin”.

Y agregó: “La ministra Schmidt no dio luz alguna respecto del proyecto de ley que hemos firmado con otros parlamentarios como los senadores Gómez y Letelier e incluso la senadora Lily Pérez, que prohíbe el lucro con recursos fiscales. Es decir, aquellas instituciones que reciban becas o financiamiento estatal, no podrán tener algún tipo de lucro. La ministra omitió pronunciarse sobre ese proyecto de ley, por lo tanto creo que necesariamente es un tema que se resolverá en el plebiscito, reitero, del 17 de noviembre”.

De agencias locales a

corporaciones locales

A juicio del senador Alejandro Navarro, “la intención de este Ministerio de Educación de crear las agencias locales es una forma más de atomizar la educación. Es decir, se pretende quitarle a los alcaldes las administraciones de la educación y crear corporaciones paralelas al municipio con menos facultades y recursos”.

Ante eso, el congresista recordó: “Hemos propuesto desde hace 4 años las corporaciones regionales de educación pública en donde participen las universidades, el gobierno regional, los empresarios, los trabajadores, los parlamentarios, los alcaldes, de tal manera de garantizar que los recursos se administren de manera centralizada a nivel de las regiones y en donde la responsabilidad de la educación no quede asignada en los municipios, pero sí establecida en una institucionalidad en donde estén los especialistas”.

Vea en este link el video la intervención del senador Navarro ante la ministra de Educación, en la Comisión de Educación de hoy

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Imagen: Emol.com

El senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados de la indicación para que las mutuales no puedan constituir empresas relacionadas, filiales o coligadas con fines de lucro, situación que indignó a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y por lo que le sacó la madre al diputado Osvaldo Andrade.

“Que se aprobara esta indicación en la Cámara parece que le ha dolido a Matthei, que nos aclara aún más que su rol como titular del Trabajo ha resultado estar, paradójicamente, sin los trabajadores y en defensa de los empresarios. Pues, aunque le moleste, hoy la Cámara ha dado un paso trascendental: que se regulen los conflictos de interés que existen dentro de las mutuales, que se prohíban las sociedades espejo y que de una vez las mutuales se pongan a trabajar en función de lo que fueron creadas, es decir, para proteger a los trabajadores en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales y no para condenarlos a estar endeudados para sostener sus tratamientos”, aseveró Navarro.

A su vez, tal como el senador Navarro calificó al ex ministro de Educación, Harald Beyer, acusado constitucionalmente, como “el guardián del lucro”, hoy define a la ministra Evelyn Matthei como “la patrona del lucro”. Esto, pues, según indicó el congresista, “así quedó clarificado, al momento de que se votara la indicación en contra del lucro en las mutuales y espetara tamaña grosería a un diputado de la República”.

Para el congresista del Biobío, “en cuanto a la discusión sobre mutuales, la palabra la tendremos en el Senado. Veremos si existe voluntad en la derecha para que la Seguridad Social sea un derecho garantizado, como queremos, y que no sea un nicho en donde unos pocos empresarios lucren a costa de los trabajadores”.

Por último, el legislador comentó que “al momento de tratar la modificación a la Ley Orgánica de Mutuales, solicitaremos que se legisle no tan solo con respecto al lucro, sino que también a la calidad de las calificaciones de accidentes laborales y enfermedades profesionales; así, como la integración de médicos especialistas a las comisiones evaluativas”.

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Imagen: educarchile.cl

A raíz del reportaje periodístico en el que se revela una donación de 25 millones de la empresa Corpesca a la campaña de la diputada del distrito N°2 de la Región de Tarapacá, Marta Isasi, quien fue parte de la votación de la controvertida Ley Longueira, el senador Alejandro Navarro sostuvo que “en marzo presentamos junto al senador Gómez y Muñoz una moción que pretende evitar hechos como estos y aumentar la credibilidad, la transparencia y mejorar la obra de los parlamentarios”. El congresista del MAS se refiere a un proyecto de ley, Boletín 8848-06, que “busca suprimir las donaciones reservadas y anónimas a las campañas políticas, reduce el límite de gasto electoral permitido, desvincula las decisiones públicas de los intereses privados y establece otras modificaciones a la ley N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de gasto electoral”.

Navarro es de la convicción de que “las donaciones de empresas son importantes para ganar una elección, pero cabe preguntarse si la ciudadanía también gana. La Ley de gasto electoral no hace transparente quién dona, y eso crea una oscuridad aberrante, más cuando los que donan son los poderosos de este país. Las donaciones electorales secretas más el sistema binominal, generan graves distorsiones a nuestra democracia y a la política”, afirmó.

El parlamentario aseveró que “hasta ahora, por amparo de la ley, no sabemos qué políticos han recibido donaciones electorales de las AFP’s, de las ISAPRE’s, de grandes cadenas de farmacias, de los supermercados, de grandes tiendas, de bancos, etc. Y tampoco nadie o muy difícil que alguien lo reconozca. Por lo que espero que nuestro proyecto de ley sea discutido, pueda ser ley y pueda regir para el proceso eleccionario de este año”.

Así, también expresó que “debemos reforzar que la política tenga reglas objetivas y más arduas para el financiamiento electoral, a efectos de evitar que los candidatos a distintos cargos de elección popular se sientan comprometidos indebidamente con empresas o sectores económicos. De lo contrario, el principio de igualdad ante la ley se vería frustrado, y la representación política podría distorsionarse gravemente”.

Por lo que Navarro llamó a los demás parlamentarios de la Región del Biobío, a que “avancemos en transparentar el financiamiento de nuestras campañas, y así evitar que sigan ocurriendo hechos similares como los que han afectado a la diputada Isasi”.

Navarro y el fin a las donaciones secretas

A su vez, continuó: “Dentro de la decena de proyectos de ley que hemos propuesto con el fin de mejorar el sistema eleccionario en Chile, tenemos una moción, Boletín 5911-06, de junio de 2008 que modifica la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Asimismo, otra de diciembre de 2011, Boletín 8124-06, que también busca modificar la ley y establecer el impedimento de asumir el cargo de concejal, alcalde, diputado o senador por incumplimiento de la regulación sobre límite en el gasto electoral”.

Y a modo más específico, “el 20 de marzo ingresamos nuestro último proyecto de ley referente al asunto de suprimir las donaciones anónimas y reservadas a campañas electorales; asimismo  reducir el límite de gasto electoral y, desvincular las decisiones públicas de los intereses privados”, comentó Navarro, aduciendo al documento firmado también por el senador Gómez y Muñoz.

Navarro detalló que “tal como lo indicamos en nuestro proyecto, proponemos que el  límite de gasto que se puede efectuar en una campaña electoral sea calculándose la cifra en relación a la cantidad de personas que efectivamente sufragaron en la elección anterior respectiva y no en función del padrón. Esto amarra el gasto posible a la participación real, poniendo el acento en que los candidatos incentiven a sus potenciales electores con ideas y no con propaganda excesiva y sin contenido”.

Y siguió: “Por cierto, queremos eliminar las donaciones secretas y reservadas, enfatizando que todos los aportes sean públicos”.

Asimismo, agregó: “También que se sancione con la imposibilidad de asumir el cargo, al candidato que haya aceptado donaciones con infracción al límite establecido por la ley a cada donación en la misma elección, que realice donaciones no públicas, o que acepte donaciones de personas naturales o jurídicas que la ley prohíbe.

Finalmente, indicó: “Y que se establezcan sanciones penales de 61 días a 3 años, a las personas naturales que realicen donaciones más allá del límite legal, que realicen donaciones secretas y a aquellas que donen contra la prohibición legal que los afecte. A su vez, para las personas jurídicas, que se les sancione con el quíntuplo de su aporte”, concluyó.

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Imagen: Radio Bio Bio

El senador Alejandro Navarro ya lo señalaba en marzo del año pasado: “Otra vez Contraloría nos da la razón: 229 millones de pesos en horas extras irregulares ocurrió bajo la administración de la ex jefa comunal, Jacqueline Van Rysselberghe”. En aquella ocasión junto a la concejala Alejandra Smith, el parlamentario le solicitó a la Contralora que agilizara los plazos por juicios de cuentas, que tal como lo indica el ex concejal Patricio Lynch, desde febrero están determinadas. “Ahora vemos que, como resultado, el seremi de Educación, Benjamín Maureira renuncia a su cargo para enfrentar la próxima semana, junto al ex administrador municipal,  Héctor Allendes, a la justicia; lo que es solo el comienzo”, comentó Navarro.

El parlamentario puso énfasis que también “los que firmaron y autorizaron esas horas extras deben ser formalizados, porque son ellos los que tomaron la decisión de hacerlo, en mi opinión con completo y cabal conocimiento de que era irregular”, señaló Navarro, aludiendo a que los ex alcaldes, Jacqueline Van Rysselberghe y Patricio Kuhn asuman su responsabilidad.

Asimismo, agregó: “Vemos que aquí hay un patrón de comportamiento de una ex alcaldesa y ex intendenta: por una parte para pagar horas extras que nunca se trabajaron y, por otra parte, para pagar sueldos a personas que no tenían título y que hoy día tienen que devolver ese dinero, como es el caso de su secretaria de entonces, Ruby Dellarossa; Eso señala que se burla de la ley y se cree tener todo el poder”.

“En lo particular no entiendo hasta el día de hoy cómo este ex director del DEM y reciente renunciado Seremi de Educación que cobró más de 20 millones de pesos en horas extras aún estando de vacaciones, haya permanecido tanto tiempo inamovible. Y eso que insistentemente solicitamos su renuncia a los ministros de Educación para que hicieran a un lado su figura. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, siguió con su labor”, reprochó el congresista.

Navarro recordó que “algo similar sucedió en la pasada administración del municipio de Hualpén, cuando se pagaron horas extras de manera irregular. Allí el ex alcalde autorizó pagar esas horas extras, y hoy está siendo juzgado por los mismos hechos por los que hoy no está siendo formalizada la ex alcaldesa JVR. Aquí debe primar un sentido único de aplicación de la ley”, dijo el congresista del Biobío.

Y sentenció: “Vamos a poner mucha atención si queremos que la ley se ejecute. Ante igual hecho ilícito, igual procedimiento”.

Malversación de caudales

públicos y fraude al fisco

“El caso develado de horas extras en tiempos de JVR y su complicidad, son acciones que pueden llegar a ser hechos constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco contemplados en el Código Penal. Pues, bien, la Justicia tiene la palabra ahora”, dijo Navarro.

Asimismo lamentó que, por lo pronto, “JVR no asuma su evidente complicidad. Ella tiene una responsabilidad política en este fraude en contra del municipio y que lo oculte, presumiblemente para no ver perjudicada su carrera senatorial, es poco moral y ético para la ciudadanía. Ella debe asumir que se equivocó; que quienes hoy están a punto de ser juzgados eran de su máxima confianza y que por avalar a sus regalones, privilegiándolos con firmar libros de asistencias individuales para cobrar por trabajo inexistente, ahora están por ser formalizados por irregularidades”.

El presidente del MAS recordó que “lo de Maureira y Allendes corresponde a una parte del total de los 229 millones de pesos por conceptos de horas extras denunciadas, las cuales no están respaldadas ni certificadas. Lo seguro es que las que cobró el ex Director del DEM-hoy recién renunciado Seremi de Educación- Benjamín Maureira fueron estando de vacaciones; y las del entonces administrador Municipal, Héctor Allendes, que fueron jugando Squash”, opinó Navarro. A lo que añadió: “Hay otros 19 denunciados en vista de la Fiscalía, en particular 8 que ha denunciado el CDE. Esperemos que pronto, también, sean formalizados”.

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Imagen: soychile.cl/talcahuano

Exigiendo ser relocalizados llegan familias y las dirigentas vecinales de Nueva El Triángulo, Marta Cárdenas, y Villa El Triángulo, Eloisa Cartes, hasta la Refinería Enap Biobío, quienes han sido víctimas de eventos de malos olores emitidos por la empresa. Allí están acompañadas por el senador Alejandro Navarro y el abogado Adolfo Ortega, para respaldar la tesis de que “es importante el nuevo programa de mitigación de 100 millones de dólares de la petroquímica para prevenir los malos olores, medida que viene en respuesta al proceso judicial que junto a los vecinos afectados entablamos. Sin embargo, hay que relevar qué es lo que las familias realmente necesitan y esto es SER RELOCALIZADOS”.

Navarro destaca que “fue a consecuencia de la preocupada denuncia de las dirigentes y juntas de vecinos de Nueva El Triángulo, Marta Cárdenas, y Villa El Triángulo, Eloísa Cartes, a quienes dimos respaldo jurídico, que la Corte de Apelaciones de Concepción, en rola a fojas 168 y siguientes del 30 de octubre del año pasado, indicó que Enap Biobío ‘fue la culpable de que familias hualpeninas sufrieran fuertes malestares  gástricos, reacciones alérgicas en la piel y dolores de cabeza, llevando incluso a suspender las clases de las  escuelas Lucila Godoy, República del Perú y del Centro Educacional Interactivo de Adultos’”.

Por consiguiente, el congresista del MAS, recuerda que “se sentenció a la empresa contaminante a cancelar dos multas: una por 800 UTM y la otra  por 500 UTM”.

“Y fue en aquella oportunidad que la Justicia obligó a Enap Biobío a tomar medidas que mitiguen los malos olores.  Para cumplir con esa misión, la Corte le dio un plazo de 6 meses y que concluyó esta semana, cuando Enap Biobío dio a conocer una inversión de US$100 millones para atenuar y minimizar la pestilencia emanada por la refinería”, comenta Navarro.

Relocalización es 5 veces

más barata

El integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alejandro Navarro, señala que “junto al abogado, Adolfo Ortega, y con la ayuda de las juntas de vecinos de Nueva El Triángulo y Villa El Triángulo, es que estamos asesorando a las familias que tras una consulta ciudadana del sábado 15 de marzo, el 96,4% de los vecinos optaron desear ser relocalizados”.

Considerando esta manifestación popular, el líder del MAS afirma que “para Enap si es posible que relocalice a los vecinos”. Y saca la cuenta: “Esta Refinería empleará un plan de mitigación de US$100 millones. Nosotros hemos estimado que sacar a las 290 familias que apoyamos nos costaría un poco más de US$18 millones. Lo que nos indica que relocalizar a las familias es 5 veces más barato que el plan de mitigación. Es decir, no es un monto inviable para la empresa”.

Junto al abogado Adolfo Ortega, Navarro plantea “la importancia del rumbo judicial que emprenderemos en contra de Enap Biobío en relación a la demanda al Estado por indemnización de perjuicios por contaminación odorífica para cada vecino a ser relocalizado”.

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Su absoluta satisfacción por la aprobación de la indicación que proponía garantizar la transmisión de partidos oficial de la selección chilena de fútbol  por la señal abierta de televisión, manifestó el senador Alejandro Navarro, quien junto a los senadores Espina, García-Huidobro y Letelier, lograron consensuar una redacción que permitió dejar abierta a la posibilidad a que, además, estos partidos puedan también ser transmitidos por la televisión pagada.

El parlamentario, informó que esta propuesta literalmente quedó redactada como “Los partidos de la selección nacional de fútbol profesional, que tengan el carácter de oficiales, en el evento de ser transmitidos, deberán serlo a través de señales de televisión de libre recepción, sin perjuicio de las transmisiones que puedan hacer los permisionarios de servicios limitados de televisión”, fue aprobada por 30 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Navarro dijo que “este avance, obtenido en el marco de la discusión del proyecto sobre televisión digital viene a ratificar lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, aunque para ello tuvimos que pasar por situaciones innecesarias como el incidente con el senador Pizarro. Con esta aprobación ratificamos que tenemos derecho a condicionar en función del bien común un bien nacional de uso público como lo es el espectro radioeléctrico”.

Finalmente, Navarro dijo que “esta es una buena noticia, que no ha sido fácil de obtener, pues a lo largo de la discusión hubo varias voces que sugirieron dejar esta posibilidad a la mano invisible del mercado o al arbitrio de las negociaciones entre la Fifa o las federaciones o asociaciones de fútbol nacional. Nosotros siempre defendimos el derecho a definir el uso del espectro a favor de los temas de interés público y, claramente, no hay nadie que dude que en nuestro país los partidos oficiales de la selección de fútbol no son de interés general”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Junto con valorar el traspaso del inmueble del incendiado Mercado Central a la Municipalidad de Concepción y el esfuerzo de parte de los mismos trabajadores damnificados que están organizando actividades como bingos y la Mercadotón para salir adelante, el senador del MAS, Alejandro Navarro, apuntó a que “el gobierno regional deje su estado de desidia”. Esto, pues como aseveró, “al igual que el gobierno de Bachelet ayudó a los habitantes de Chaitén tras la erupción volcánica que los afectó: o el gobierno de Piñera que apoyó la reconstrucción de Dichato después del maremoto y terremoto del 27F, aquí nuevamente es el Estado el que debe interceder de manera protagónica en esta catástrofe”.

Para tratar este y otros temas, Navarro hizo un llamado: “Creo necesario que nos reunamos los diputados y senadores de la Provincia de Concepción. Los 6 diputados que cubren los distritos 43, 44, 45 y los 2 senadores de la Circunscripción 12 Octava Costa; todos convocados por el intendente, Víctor  Lobos, en conjunto con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz”, agregó.

Subsidio permanente

Hoy al mediodía los locatarios recurrirán al Consejo Regional del Biobío. Ante este hecho, Navarro recordó la aprobación por parte del mismo CORE de disponer de 3.600 millones de pesos a pescadores artesanales afectados por la escasez de la sardina y la anchoveta, y señaló: “Más que las 500 cajas alimenticias entregadas por la Municipalidad de Concepción, lo que se requiere es configurar un plan de ayuda intenso, con fuerte inyección de recursos del Estado que no goce ser solo una medida parche. Hay que señalar que son aproximadamente 1.500 las personas afectadas por el incendio; muchas de ellas lo han perdido todo”.

Y continuó: “Vamos por una semana y media de ocurrido el incendio y paradójicamente los locatarios lo único seguro que tienen es su incertidumbre. Es el gobierno el que de manera significativa debe disponer de un inmediato apoyo, lo que se traduce en primera instancia subsidiar los gastos diarios y que corresponden a suplir las necesidades básicas de las familias de los cientos de locatarios damnificados. Resulta lamentable que los trabajadores tengan más esperanzas en recibir ayuda de Leonardo Farkas que del gobierno”.

Reactivar locales del Mercado

y asentarse en nuevo terreno

El parlamentario puso especial énfasis en “buscar y elegir un terreno alternativo en donde los diferentes locales del Mercado Central puedan seguir desarrollando su actividad con todos los implementos necesarios. Y, por otra parte, cuanto antes se debe concretar el estudio estructural, en cuyas conclusiones se puedan identificar los puntos no siniestrados del Mercado, los cuales puedan ser saneados y ocupados nuevamente, para que parte del total de los locatarios puedan reactivar así su fuente laboral”.

Navarro, quien la mañana del domingo 28 de abril en seguida supo del inicio del incendio fue hasta el Mercado Central para dar su apoyo a los trabajadores y con quienes hasta el día de hoy mantienen el contacto, comentó que “hemos sostenido conversaciones y estamos claros en que los locales no pueden ser llevados a la periferia. Si se traslada el Mercado a otro sitio lejano al que se ubica, terminará por morir”.

En ese sentido, el líder del Movimiento Amplio Social llamó a acelerar “el terreno en el que pueden ubicarse los afectados. Hay dos sitios aledaños: uno justo al frente del Mercado, en calle Caupolicán; y el otro está en calle Maipú, cerca del centro comercial también. Así y todo, quiero decir que estamos disponibles para trabajar con los dirigentes de los locatarios, en conjunto con este gobierno, para que se puedan conseguir esos terrenos ya sea en forma de arriendo o pago a sus propietarios, con recursos fiscales”.

“Por cierto, no ignoramos que existan diversos interesados en obtener este terreno en el cual se emplaza el Mercado. Ante ello, pongo a disposición defender a los locatarios para que sus lugares de trabajo no sean arrebatados por intereses privados; teniendo la firme convicción de que reconstruiremos este punto, uno de los más neurálgicos de Concepción, urgentemente”, sentenció Navarro.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA