Imagen: http://chiloetv.com

El parlamentario dijo que “este nuevo escenario abre la posibilidad de que demos un salto en la institucionalidad pesquera y podamos avanzar hacia la creación de un Ministerio del Mar o de Pesca, como ya se había propuesto en el gobierno del Presidente Allende y que alcanzó a ser aprobado en la Cámara de Diputados de entonces. Es necesario para un país que quiere liderar en pesca y acuicultura superar una Subsecretaría más preocupada de apagar incendios sociales y políticos que del desarrollo de la actividad pesquera a futuro”.

“Por cierto -agregó- también es necesario terminar con instancias de decisión que debieran ser eminentemente científicas, como el Consejo Nacional de Pesca o el Panel de Expertos designados que propone el gobierno, creando un instituto autónomo que establezca parámetros vinculantes desde una óptica científica que asegure una verdadera sustentabilidad y rompa con la lógica de seguir repartiendo cuotas de peces que no existen”.

Navarro dijo que “frente a la prórroga que parece inevitable, no apoyaremos ninguna propuesta que supere los dos años, tiempo más que suficiente para que exista un nuevo proyecto, surgido del próximo gobierno, que parta por dejar de entregar los recursos pesqueros que son de todos sólo a algunos privilegiados, que genere condiciones de verdadera competencia y que permita que el Estado obtenga recursos adicionales, que puedan ser destinados a la investigación científica pesquera, que en Chile aún está al debe”.

Finalmente, el legislador del MAS dijo que “en todo caso, el más feliz si se prorroga la ley actual será el propio Longueira, quien así por un lado evitará que el proyecto sea rechazado en la Cámara de Diputados y que aumente la movilización de pescadores y trabajadores de la industria, que sin duda tendría efectos negativos para su candidatura y costos electorales en las elecciones municipales para el gobierno”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Imagen: cauditor.blogspot

El señor NAVARRO.- Presidente, el proyecto, por cierto, es el traspaso al Fondo Nacional de Salud de la tramitación de las licencias.

Si bien no pudiera estar en las ideas del proyecto, yo quiero solo advertir a mis colegas Senadores de que hace una semana atrás la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó una sentencia favorable al reclamo de los usuarios de que la denegación de la licencia tiene que estar fundada por el COMPIN, aspecto que no está recogido en la legislación, y que ese fallo abre la necesidad clara de establecer en la ley que, ante el rechazo de una licencia médica, el organismo que emite ese rechazo tenga que fundar por qué lo hace, que es el mínimo derecho a la información que debe tener el trabajador cuya licencia médica es rechazada.

Entiendo que la posibilidad de que vaya a la Comisión de Trabajo no solo se hace porque hay aspectos que necesariamente tienen que ser considerados, sino porque hay otros elementos como el que señalo, que serían muy importantes.

Sobre el tema de las licencias de salud se hace un alarde extraordinario, las isapres hacen campaña para presionar a los médicos respecto de un pequeño grupo de abusadores por el cual pagan justos y pecadores. Se arma siempre un gran alarde sobre el tema de las licencias falsas, pero poco se dice sobre las licencias denegadas, que en el caso de las isapres es el mismo juez y parte. Y en el caso de FONASA y los COMPIN para qué decir. Claramente hay un atropello a los derechos de los trabajadores.

Creo que hay fundamento, señor Presidente, de sobra para que ello ocurra. Una ley tan importante como esta no pudiera pasar por el disenso, tiene que ser por el consenso, porque hay coincidencia en los temas de fondo.

El sistema tiene que ser reformado y todo tiene que apuntar hacia la mayor transparencia para ambos lados, tanto para los sistemas como para los usuarios.

Entonces yo quisiera insistir en que pudiéramos, señor Presidente, tener la unanimidad para acceder a la petición de la Senadora Rincón.

Imagen: idealimus.blogspot

Hay un Liceo humanista y técnico Virginio Arias, en la localidad de Ñipas, de la comuna de Ránquil, que tiene un problema radicado en que el laboratorio de práctica está mínimamente equipado y es desde todo punto de vista una clara demostración del estado de la educación.

Ya hace cuatro años que los estudiantes están en esa condición educacional indigna. El espacio del laboratorio cuenta con un total de 70 metros cuadrados, sin tener las garantías de seguridad mínimas para estar allí, como por ejemplo, me han informado, no hay puertas alternativas de evacuación; no hay sistema de ventilación adecuada; la luz trifásica, a la fecha, impide que los estudiantes utilicen los paneles hidráulicos, cuyo costo hace un año fue de 18 millones de pesos. ¡Y para qué hablar de herramientas!, como taladros manuales, taladro de pedestal, máquina soldadora, equipos de etileno, torno, fresadoras. Sencillamente, no hay.

Los apoderados me han confesado la existencia de aportes económicos por parte del Alcalde de Ránquil, Carlos Garrido, para mejorar el espacio de trabajo, pero de ello poco o nada se ha visto reflejado, cuestión que es grave si consideramos que las oportunidades de trabajo se han visto mermadas por los incendios forestales, que han afectado, por cierto, a la Región del Biobío y al secano costero.

Hay que responder respecto de esta situación del laboratorio, para que sea totalmente operativo. No se especifica en qué se han gastado los recursos para este espacio y, reitero, hay que tomar medidas.

Yo pido al señor Alcalde de la comuna de Ránquil, al señor Ministro de Educación y a la Intendencia Regional toda la información a fin de que podamos resolver el problema que hoy día tienen los alumnos del Liceo Técnico Virginio Arias, de la localidad de Ñipas.

En la senda de un debate legislativo que va de la mano con la bioética y los derechos laborales, es la que ha emprendido hoy  el proyecto de ley impulsado por el senador Alejandro Navarro y que propone que “ningún empleador condicione la contratación de trabajadores, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la ausencia o existencia de genes en que se evidencie una probabilidad a desarrollar un determinado tipo de incapacidad que puede llegar a manifestarse o no durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines certificado o examen alguno para verificar si el trabajador posee en su genoma humano material genético que pueda desarrollar o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro”.

Imagen: lainformacion.com

El cuerpo argumentativo de la moción fue trabajado en conjunto con el profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, Claudio Palavecino Cáceres, quien publicó un estudio sobre la misma materia, cuyo título es: “La intimidad del trabajador y la prohibición de discriminación laboral frente a los análisis genéticos”. Navarro comentó que “dentro de las especificidades del proyecto de ley basado en las ideas fundamentales de Palavecino pudimos dilucidar que son conocidos 1.100 genes humanos, cuyas alteraciones genéticas pueden causar hasta 1.500 enfermedades. Sin embargo, las mutaciones no quieren decir necesariamente que sean enfermedades. Y, cabe señalar, que pueden o no ser hereditarias o transmisibles de padres a hijos las enfermedades génicas”.

Según el legislador, gracias a la tecnología, hoy es muy simple, rápido y accesible tener un análisis de ADN. “Además –continuó Navarro-, es necesario decir que se pueden distinguir dos  clases de pruebas de investigación: una es la llamada ‘Prueba de sondeo génico’, que identifica los riesgos laborales que correría un trabajador por agentes ambientales y en conclusión de ellos se pueda ver lo oportuno que sería contratarlo o no; y el segundo, ‘Pruebas de Control Génico’, que detecta posibles daños causados a las moléculas genéticas de trabajadores, a raíz de productos ambientales que lo han afectado en la empresa”.

Dentro de los otros puntos que estarán en discusión, que lo menciona el proyecto de ley, y que ha puesto en el debate el senador Navarro es que “debe ser el trabajador el que manifieste su consentimiento libre e informado, para realizarse un examen genético siempre y cuando esté dirigido a asegurar de que éste reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias o idóneas para desarrollar trabajos o faenas calificadas como peligrosas,  con la única finalidad de proteger su vida o integridad física o psíquica, como asimismo la vida o salud física o mental de otros trabajadores”.

Además, el representante del MAS en la Cámara Alta fijó que “los establecimientos de salud y laboratorios que realicen este tipo de exámenes, como asimismo los empleadores que accedan a esta información deberán adoptar todas las medidas de seguridad prescritas en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, con el fin de proteger la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de los datos”. Y añadió que “el trabajador siempre tendrá derecho a acceder a la información que arroje un  examen genético”.

Entre los argumentos que expresó Navarro para legislar sobre esto, está sostenido en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 11 de noviembre de 1997, y que la ratificó para sí la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998 y que dice que ‘cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características (art. 2º a)’”. Y sigue: “’Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad (art. 2º b)’”. Y finaliza señalando que “’nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad (art. 6º)’”.

En palabras del Senador, “es muy importante poner en la mesa esta discusión, porque hay que dejar establecido que el derecho a la intimidad de un trabajador o trabajadora es primordial y que no puede ni debe ser discriminado por tener ciertas características genéticas que no satisfacen a la empresa o por suponer el futuro progreso de incapacidades o enfermedades que finalmente, como puede suceder, no se desarrollen como tal”, aseveró Navarro.

Finalmente agregó: “hay varios países, como por ejemplo Austria en donde está plenamente prohibido el manipular los análisis genéticos de los trabajadores o de quienes buscan trabajo; o en Suiza que se prohíbe la discriminación por características genéticas”. Por lo tanto, Navarro enfatizó “en nuestro país, con este proyecto de ley, lo que buscamos es que lo exámenes genéticos no sean utilizados para fines diferentes a la protección de los trabajadores o determinar la idoneidad para el cumplimiento de las funciones, siempre pensando en la protección de estos trabajadores. Además el proyecto establece normas destinadas a que la manipulación de estos datos que son sensibles públicamente sean lo antes posible regulados”, concluyó.

En el siguiente link se puede ver el estudio del profesor Claudio Palavecino: “Intimidad del trabajador y la prohibición de discriminación laboral frente a los análisis genéticos”

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Imagen: elciudadano.cl

Existen, señor Presidente, proyectos de reconstrucción ya terminados y otros en avanzada preparación y que aún no tienen resolución de adjudicación ni reserva de recursos.

Se estima que al menos hay 14 proyectos CNT identificados, que suman alrededor de 2 mil 800 familias que se encuentran en esta situación (CNT en preparación que quedan en el aire).

Para estos proyectos se ha planteado que deben ser reconvertidos al nuevo Decreto para familias vulnerables: el decreto supremo 49. Sin embargo, esto no tiene ninguna posibilidad real de efectuarse.

Por otra parte, se postularon muchas familias al subsidio AVC, de damnificados durante el mes de diciembre, que aún no reciben su subsidio.

Si sumamos a estas familias aquellas que tienen su subsidio otorgado en comunas donde ya no hay viviendas usadas para adquirir (AVC otorgados sin viviendas para adquirir), estamos en un grave problema.

Finalmente, existe una gran cantidad de familias vinculadas a proyectos en sitio propio, que se encuentran en situación aún sin resolver.

Hay una gran cantidad de familias que no pueden resolver su situación en el sitio en que originalmente postularon o pretendieron hacerlo. No alcanza la plata.

Hubo familias hábiles, con proyectos evaluados técnicamente por las EGIS, y que no reciben subsidio porque los subsidios se agotaron. Se agotaron los subsidios, teniendo todas las condiciones para postular.

Estimamos, entonces, que la suma de estas situaciones involucra aproximadamente a 7 mil 500 familias, que se encuentran en una situación muy frágil e inconfortable, ya que aún esperan que el Ministerio les asigne los subsidios asociados a su situación. Y entendemos que esto no será así. De allí la gravedad.

¿Qué es el decreto 49? Este decreto impone mayores exigencias a las constructoras, a las EGES, y sube la calidad de la vivienda. Lo que es muy bueno.

En muchas comunas de la Región del Biobío el subsidio baja. En 32 comunas el subsidio disminuye. Estas 32 comunas acogen el 91 por ciento de la población regional, y son aquellas comunas donde el déficit es mayor. Mientras que en las comunas en que el subsidio sube -que es importante-, son marcadamente rurales y con poca población, que acogen al 9,1 por ciento de la población total regional.

Es decir, tenemos un decreto 49 en donde el 90 por ciento de los subsidios disminuye -donde está la gente, la gran concentración-, y claro, sube lo rural. ¡Bienvenido por lo rural! Pero es solo el 10 por ciento.

Este decreto no consideró el número de mano de obra y costos de los mejoramientos urbanos, el cual ha sido explosivo en el último año. Gran demanda; hay pocas constructoras; toda la mano de obra empleada. Los carpinteros suben, por cierto, sus remuneraciones, todos los operarios, los maestros concreteros, en fin. Sin embargo, este aumento de costo viene produciéndose hace 3 o 4 años vinculado a la vivienda social, producto de los mejoramientos y mayores exigencias que se han hecho para aumentar la calidad de la vivienda.

Estimamos que los nuevos procedimientos que se instalan, las mayores exigencias constructivas de calidad, la bajan en el monto del subsidio máximo disponible. Y el aumento del costo de terreno, habilitación y mano de obra van a tener impacto sobre el subsidio.

Este subsidio para familias vulnerables será de muy difícil aplicación en las 32 comunas con población urbana en que el monto se reduce.

Este nuevo instrumento, el decreto supremo 49, en comparación con el decreto que hay para la clase media, es muy complicado de operar. Baja el monto del subsidio disponible para los proyectos de urbanización y suben los requisitos a los más pobres para que puedan tener opción de seguir teniendo proyectos. Es decir, con ahorro mayor.

Señor Presidente, aquí se va a obligar a la gente…

Este es el decreto 49, que debiera ser el decreto bancario. Se obliga a los beneficiarios a endeudarse. Claro, aumenta el subsidio hasta mil UF. ¡Clase media, bienvenido! Pero solo les vamos a dar 500. Es decir, van a tener que endeudarse por las 500. ¿Y dónde? En el sistema bancario. En el sistema bancario que ha tenido, en el primer trimestre de lo que va del año, 431 mil millones de utilidades -898 millones de dólares-. O sea, utilidades cuantiosas.

La banca lidera el sector de utilidades en el área empresarial en Chile. Y, por tanto, este decreto, en comparación con lo que hay para la clase media, es más complicado y va a ser más difícil de operar, por lo que pensamos que hay que desfocalizar. Es más fácil y, proporcionalmente, hay más recursos para la clase media. Es más difícil y, proporcionalmente, los recursos bajan para los más pobres.

Señor Presidente, hay cuadros con las comunas de disponibilidad de subsidio -que tengo en mi mano- y el panorama es bastante desolador.

Creemos que este es un decreto que ha elaborado el señor Ministro. No sé si han evaluado las implicancias, pero obligar al endeudamiento es hacer funcionar el sistema bancario.

Este es un decreto ideológico. Este es un decreto pensado no en el subsidio, en el apoyo, sino que es pensado en cómo se mueve el sector financiero y el sector de equipamiento, el sector habitacional, el sector de la construcción, por cuanto va a obligar a las familias a endeudarse. No tenemos resuelta la regulación de la banca para que tenga intereses acorde a la capacidad de endeudamiento de las familias. Y lo que tenemos, entonces, es un sistema que va a afectar, a lo menos, a 10 mil familias que tenían subsidios y que van a enfrentar una cosa diferente a lo que se les prometió.

Yo les pido al señor Ministro. El señor Ministro ha dicho que ha recogido todas las observaciones que hemos desarrollado, y yo me alegro. Ha recogido. Le hemos presentado muchas observaciones. Sin embargo, este decreto nos sorprende, nos sorprende porque cambia las reglas del juego. Se las cambia a las empresas, se las cambia a las familias. Y nos sorprende porque, en definitiva, aquellas familias que tuvieron la oferta de un subsidio, les va a cambiar la situación cuando vayan al mercado a tratar de conseguir la construcción.

Y, por tanto, aquí se alabó, se publicitó: 200 mil subsidios entregados.

La verdad, señor Presidente, que yo pediría al señor Ministro, con mucho respeto, de que nos pudiera informar exactamente cuántos son los subsidios asignados por Región, por comuna, y cuántos son los subsidios realmente utilizados. ¿Cuántos están hoy día en operación práctica de construcción? Porque esa es la cifra que vale.

Y, por cierto, que nos aventure…

Yo recuerdo la discusión del SIPCO con el Ministro Felipe Larraín. Desde este mismo pódium, banco, pupitre, le dijimos: Ministro, no va a funcionar el SIPCO. Es una aventura ir al mercado a contratar un seguro. Más bien que esto que se le ocurre a usted, que es de Harvard -no se le ocurrió a Andrés Velasco que era de Harvard-, y el Fondo de Estabilización del Petróleo era más seguro.

Entonces, la pregunta es si va a funcionar el 49 y cuáles son los efectos que va a tener.

Como esto es discrecionalidad del Gobierno, es un decreto supremo, no es ley -y esto es buenos que lo sepan los beneficiarios-, no es una ley que discutamos en el Parlamento. Esta es decisión del Ministro. El Ministro y sus asesores definen la política habitacional. Y este Gobierno la ha variado de manera radical. Ha sido la política de los bandazos. Y hoy día nos presentan un decreto 49 que borra las reglas del juego, establece más endeudamiento, obliga a las familias que ya tenían subsidio a endeudarse, cuando le ofrecimos una vivienda nueva por la destrucción total. En definitiva, altera las reglas del juego y nada dice que, efectivamente, vaya a mejorar la calidad. Porque tenemos una presión enorme sobre las actuales constructoras.

Señor Presidente, los subsidios máximos establecidos no van a ser suficientes para cubrir hoy día una vivienda de calidad.

En Coliumo los subsidios alcanzaron 1.200 UF. Y por tanto, claramente, va a haber una casa palafito.

En el caso de Cosmito, en Penco, proyecto entregado el 26 de febrero, por la constructora Vanrom, fueron 939 UF. Hubo un ahorro de 200 mil pesos provenientes de las familias. Se ha creado allí una situación compleja.

Yo pido que también el Ministerio nos pueda informar detalladamente sobre esto, porque las familias están reclamando que las terminaciones no cumplieron lo acordado. Estuvimos en la inauguración con el Ministro. Claramente hay problemas de ventanas, puertas, cielos, llaves de agua, cajas de escala, bajadas de agua, artefactos sanitarios, lavaderos, enchufes, calefón, tabiquería.

Pero yo quiero llamar la atención sobre los montos.

La construcción de vivienda en sitio propio, en Tomé, por ejemplo, cuyo 80 por ciento de su superficie es de cerro -lo mismo que en Penco-, no alcanza el subsidio. Y, por lo tanto, de las 600 viviendas que debieran ser reconstruidas, no se han construido más de 60. Y a las constructoras pequeñas no les da, no les da los números.

Y, por tanto, no se han construido ni se van a construir si no hay un reenfoque de la asignación de subsidios. Y este reenfoque, que beneficia las comunas rurales -¡y bienvenido!-, lo que hace es disminuir el subsidio para las 32 comunas urbanas.

Y yo quiero saber cuál va a ser el impacto en las viviendas con sitio propio que tienen el subsidio en la mano y que, hoy día, efectivamente, no han podido construir porque no hay empresas disponibles que asuman, porque no les da. Les van a hacer la casa más chica.

Quiero recordar que la mayoría de los que perdieron su vivienda en Tomé tenían casas muy superiores, más grandes que los 60 metros que se les ofrece, de los 56 metros.

Es por eso, señor Presidente, de que es necesario que el Ministro pueda aclarar los alcances de esta nueva legislación, el decreto supremo 49, que permite más movilidad, que permite que también los comités de allegados vayan y contraten y compren terrenos con las empresas. ¡Pero ese es el sistema de los allegados! Ese es un sistema de mayor flexibilidad que posibilita una acción dinámica, pero que también tiene más riesgos. En muchos casos, los comités de allegados se han visto estafados pro empresas inescrupulosas o por dirigentes inescrupulosos. Yo siento que allí tiene que haber un acompañamiento que evite esta situación y tengamos que lamentar que el sueño de la casa propia se vea frustrada o el dueño de la casa nueva, destruida, se vea frustrado tanto por las empresas inescrupulosas, tanto como por dirigentes inescrupulosos. Porque ahí tiene que haber un acompañamiento permanente.

Señor Presidente, yo solo espero de que los damnificados de mi Región, particularmente, los damnificados de Coronel, no tengan que esperar para su vivienda definitiva, porque en el caso de Coronel hay comités que quedaron fuera por no haber ingresado la EGIS -la EGIS particular a la que se le pagaba- la documentación del proyecto a tiempo.

Ha habido protestas frente al SERVIU.

El plazo del decreto especial 174, para la construcción, que fue creado principalmente a raíz del terremoto, ya había terminado, pero no ingresaron todos los que estaban afectados.

Por lo tanto, el Gobierno y el Ministerio de la Vivienda, la pregunta que tienen que hacerse: ¿Los plazos son para cumplir con algo o alguien, o los plazos una mera referencia? Porque la meta… Y esta discusión entre plazos y metas hay que abrirla. El Gobierno debiera tener meta. Hacer la reconstrucción de todo lo afectado, darle casa nueva a todos los que se les destruyó su casa. Y no con un planteamiento administrativo dejar a 480 familias, que esperaban contar con la pronta entrega de sus viviendas, traspasadas para el 2014.

Entonces, señor Presidente, solicito la mayor información al Ministro y, a su vez, aprovecho de señalarle, tal como se lo he señalado personalmente al señor Ministro de la Vivienda, de que en el caso de la población o en el sector Villa Futuro, en Chiguayante, el mecanismo de indemnización ha sido un desastre. Lo he repetido diez veces en este hemiciclo. Se les pagaron 10 millones a las personas como indemnización para que dejaran sus departamentos. No se hizo resguardo alguno. Señor Presidente, ¿qué cree usted que ha sucedido? La gente se gastó en marzo la plata y algunos que tenían 10, les quedan 7. Y cuando tengan que ir a comprar vivienda no les va a alcanzar. Creo que fue un error, un craso error haber dejado estos fondos disponibles, que eran para la adquisición de viviendas, a la libre disposición de familias con una enorme necesidad.

Allí no ha habido negligencia ni abuso. Ha habido la necesidad y “La necesidad tiene cara de hereje”. Porque cuando no hay comida, cuando no hay vestimenta para el colegio de los niños se usa, se usó la plata destinada para la vivienda.

Y, a su vez, yo quisiera que se hiciera llegar esta intervención, señor Presidente, también al Intendente Regional, al Director del SERVIU y como la ONEMI la verdad, salvo la Región del Biobío que tenemos una ONEMI más o menos “paradita”, pero en el resto del país es un desastre, señalar de que alguien tiene que resolver la situación de los departamentos de Villa Futuro, porque a la gente se la está obligando a pasar de los campamentos a los departamentos declarados inhabitables. Y eso alguien tiene que responsabilizarse. Esa gente salió de los departamentos porque estaban inhabitables y ahora se les dice: “Regresen a los departamentos porque queremos eliminar los campamentos, las denominadas “aldeas””.

Esa no es la forma de terminar con las aldeas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad del riesgo y yo siento que es ilegal -y estamos en la evaluación- de que a la gente se le obligue, “porque si no te vas te pasamos un subsidio de arriendo por tres meses, un año”, señor Presidente, 150 mil pesos, en circunstancias de que en la Región del Biobío no arriendas nada con 150 mil, porque hemos perdido miles de viviendas. Se fueron a las nubes los arriendos.

Esta propuesta la hicimos a principios de marzo del 2010, donde había posibilidad de negociación en la contratación de arriendos masivos con la certeza de pago del Estado. Y, en este sentido, señor Presidente, tenemos dos problemas: la gente se está gastando el dinero; dos, los departamentos inhabitables han vuelto a ser ocupados y alguien tiene que responsabilizarse.

Y esa responsabilidad tiene que ser del Ministerio de la Vivienda, quien ha presionado para que la gente vuelva de la mediagua, del campamento declarado inhabitable. Se ha abierto un gran debate en la Región del Biobío sobre los certificados de inhabitabilidad. Yo solo quisiera reafirmar lo que la Contraloría hace algunos días dijo: examinados los certificados de inhabitabilidad de la Aurora de Chile, el 20 por ciento de los certificados son falsos; son certificados de inhabitabilidad para casas que podían ser reparadas. Y en el caso de Centinela II en Talcahuano, señor Presidente, se ocultó el informe de IDIEM que declaraba reparables los departamentos y se procedió a su demolición.
Este es un debate que debiera llevar al señor Intendente no a valorar el informe de la Contraloría, sino a investigar. El Intendente está para investigar cuando hay un delito. Y la falsificación de certificados de inhabitabilidad es un delito. Y el señor Intendente, por quien tengo mucho aprecio, creo que se ha equivocado en sus expresiones al valorar estos informes, porque exculpan a una determinada autoridad.

Señor Presidente, pido que copia de mi intervención sea enviada al Intendente de la Región del Biobío, al señor Ministro de la Vivienda, al Director del SERVIU de la Región del Biobío, a los comités de la reconstrucción de toda la Región del Biobío, junto con el Seremi de la Vivienda, porque este es un debate que queremos hacer amplio, público y abierto, porque todos estamos interesados en sacar adelante la reconstrucción y estos elementos pueden ser superados si hay voluntad y decisión.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

¡Nueva Constitución, ahora!

He dicho.

Imagen: ecosdemiciudad

Pero creo que es muy, muy importante rescatar o señalar que el proyecto no contempla tal vez -no veo al Ministro en cuestión-, ¿qué pasa con los sacerdotes pedófilos? ¿La Iglesia católica entrega el listado? ¿Van a figurar allí los sacerdotes que han sido separados o trasladados o enviados a Roma?

Hay un proyecto de ley que he presentado, que lleva más de un año y medio, casi dos años, que establece la obligación, como procede a todos ciudadano en conocimiento de un delito, de informarlo. Porque el traslado de una parroquia a otra, de una ciudad a otra o el envío a Roma, no subsana el problema.

Claramente, quien comete un delito contra un menor, es un delito. Y ese delito no se resuelve con el Código de Roma. Estamos en Chile y yo siento que un proyecto de esta naturaleza debiera haber incluido aquello tal como lo han detallado todos los señores Senadores que hicieron uso de la palabra, de todo aquel que trabaja en contacto con niños y que incurren en esta figura delictual, debieran ser incorporados a esa nómina, sin ninguna excepción. Y siento que no bastan los procedimientos internos de la Iglesia. Se requiere que estos se sometan a la justicia.

Entonces, la gran duda que tengo es que los casos más bullidos, más sabidos y que, por desgracia, no son pocos, sino que son muchos, de parte de la Iglesia católica, no van a quedar contemplados en este listado oficial. Entonces, ¿por qué va a haber una institución que tiene un privilegio sobre un delito calificado?

El Senador Larraín, don Carlos, menea la cabeza, señor Presidente -por su intermedio-, pero yo siento que es legítimo que lo plantee. ¿O hay pedófilos que van a tener, entonces, privilegios?
El señor LARRAÍN (don Carlos).- No hay ningún privilegio.

¡Lea la ley! ¡Lea la ley!

El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Bueno, eso es lo que pido.

Tal vez el Ministro o el Senador Walker lo pudiera aclarar y, por cierto, podríamos votar más tranquilamente este proyecto en esa condición. Porque hasta ahora eso no ha ocurrido.

Lo que sabemos es lo que yo he señalado.

Y el proyecto de ley que yo he presentado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tampoco se ha tramitado, a pesar de que hemos hablado de manera insistente, pidiendo que este se ponga en debate.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución,

Foto: Latercera.cl

“O prohíbe el uso de su imagen, o renuncia al cargo para dedicarse a su campaña presidencial”, así sentenció el senador Alejandro Navarro, respecto de la actitud “permisiva del Ministro Laurence Golborne sobre el uso no autorizado de su imagen en propaganda electoral”, como así sale acompañado de los candidatos a alcaldes de Pencahue y Copiapó.

Para el legislador, “el uso de terceros de fotografías de campaña con la imagen del ministro abona a posicionarlo como el candidato de la Alianza en las próximas presidenciales. No nos hagamos los lesos, que ni en el Congreso ni en el gobierno abunda la ingenuidad. Permitir el uso de su imagen significa potenciar y fomentar la candidatura de Golborne a la Moneda”.

A su vez aseguró que “el Ministro es dueño de su imagen, eso está claro en la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales. Tiene un ejército de abogados en el Ministerio para prohibir que se usen sus fotos con fines políticos. Eso es distinto al humor, no confundamos, pues cuando se hace humor gráfico no se hace campaña. El Ministro tiene el sartén por el mango, pero no lo usa por que le conviene hacerlo de cara a sus pretensiones presidenciales. Es decir, prefiere hacerse el leso y renunciar a su derecho”, opinó Navarro.

Asimismo, el senador del MAS citó al destacado constitucionalista chileno Humberto Nogueira Alcalá, quien señala que “El derecho a la propia imagen tiene una doble dimensión, la primera de carácter positiva, que faculta a la persona para captar, reproducir y publicar su propia imagen; la segunda de carácter negativa, consistente en la facultad para impedir su captación, reproducción o publicación por un tercero no autorizado, cualquiera que sea su finalidad”. Para Navarro ésta es la prueba fehaciente de que el Ministro Golborne “prefiere mirar para el lado”, afirmó.

El presidente nacional del Movimiento Amplio Social indicó que “le hace daño a la democracia que un Ministro ande de candidato encubierto”. Y ejemplificó: “¿Qué hace el Ministro de Obras Públicas en sus horas de trabajo en Recoleta, en un Gimnasio lleno de señoras celebrando el Día de la Madre, repartiendo abrazos y saludos? Esos son actos de campaña aquí y en cualquier parte. No me gusta la gente que se hace la ingenua, al estilo del ‘no sé, ni lo puedo controlar’. Eso es pura hipocresía y daño a las instituciones democráticas”, criticó el Senador.

El vicepresidente del Senado recordó que “si un ministro quiere ser parlamentario, debe renunciar un año antes. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 74 establece que no podrán ser candidatos a alcaldes o concejales los ministros de Estados, subsecretarios, secretarios regionales, intendentes, gobernadores, consejeros regionales y los parlamentarios que ejerzan sus cargos al día de las elecciones. Los alcaldes que van a la reelección deberán dejar sus funciones 30 días antes de las municipales, para ser subrogados hasta un día después de las votaciones. Para los Ministros que quieren ser Presidentes no hay norma que fije un plazo, salvo las de probidad, que prohíben hacer campaña durante su gestión o con recursos públicos”, detalló el Senador.

Según Alejandro Navarro, “esta actitud del Ministro da a entender que está más preocupado de su campaña que de su rol de Ministro. Si es así, le recomiendo que renuncie y no deje botado el Ministerio de Obras Públicas. Lo digo porque la ex Presidenta Bachelet dejó el Ministerio de Defensa el 1 de octubre de 2004, más de un año antes de las elecciones presidenciales del 11 de de diciembre de 2005. Es por ello que Golborne debería renunciar ahora”. Y fundamentó: “Pues, la pregunta es: en las horas en que el Ministro está preocupado de otras cosas ¿quién comanda el Ministerio? Ese es el daño que Golborne le hace a la democracia”, finalizó el parlamentario.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Imagen: tribunadelbiobio.cl

Hay leyes que este Parlamento ha despachado en 17 horas, en 24 horas, y hay otras leyes, como la ley del bosque nativo, que se demoró 16 años.

Ante el requerimiento del Senador Coloma, por su intermedio, señor Presidente, de que a Chile le hace mal que pudiéramos rechazar este proyecto de CONAF pública, mi pregunta es de quién es la responsabilidad principal, de quién ha sido la intransigencia, de quién ha sido la escasa capacidad y visión respecto de cómo lograr un proyecto que le sirva al país.

Porque quiero decirles que la Región forestal en Chile, que es la Región del Biobío, requiere de una CONAF pública, pero tenemos la convicción de que no es esta CONAF pública, la que nos proponen, la que es necesaria para aquello. Y uno dice cuál es el apuro del Gobierno, por qué no hay el tiempo suficiente para evaluar una legislación de cuarenta años y poder arribar a un consenso, una institucionalidad pública para proteger el bosque, para desarrollar la industria, para cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es la urgencia?

Y la urgencia está clara en la declaración de la CORMA. Dice que no va a haber plantación. Uno de ellos es la forestación.

–(Aplausos en tribunas).

Reclama que hay 1.5 millones de hectáreas que en el país sin forestar y que lo que hay que hacer es forestar.

El señor NAVARRO.- Presidente, entonces, claro, el 702 es necesario. Algunos plantean, la CORMA, o el Gobierno dice: “No. No es para los grandes. Es para los pequeños y medianos”.

Pero, al final, los pequeños y medianos les venden a los grandes. Ese es el tema. Y todos queremos que haya forestación, combate a la erosión.

Entonces, yo no termino de explicarme por qué este Gobierno se farrea la posibilidad de generar un punto importante en la modernización del país y haber aprobado un proyecto de esta naturaleza consensuado.

Yo no sé las razones por que no está el Ministro Mayol, y está el Subsecretario.

El Ministro viene del área silvícola, del área agropecuaria.

No quiero pensar que su ausencia sea motivo de una preocupación o el sesgo por este proyecto. Pero no está el Ministro. Y aunque algunos Senadores de la Derecha muevan la cabeza, durante años reclamaron la presencia de los Ministros en proyectos vitales e importantes.

El señor COLOMA.- Está el Ministro.

El señor NAVARRO.- Los Ministros; no los subrogantes.

Entonces, señor Presidente, cuáles son los objetivos del proyecto. Porque aquí tenemos una gran coincidencia: todos decimos que es necesario una CONAF pública. El Tribunal Constitucional ya se pronunció. Este híbrido que era la CONAF privada, con recursos públicos, debe terminar.

Y el proyecto que nos plantea el Gobierno dice: “Proyecto: impulsar la preservación, conservación, protección, rehabilitación y aprovechamiento de los recursos renovables que tengan relación directa, complementaria o incidental con el recurso forestal”.

Y la verdad, entonces, de que podemos coincidir con estos objetivos, pero decimos: esta institucionalidad es insuficiente.

En el año 88 se planteó la Subsecretaría Forestal como un elemento básico para la directriz de las políticas públicas en materia de conservación forestal, desarrollo forestal. No hay motivo alguno para que no nos hayamos abierto a ese debate. No se quiso debatir. Se quiere la asimilación. En los hechos, un mero cambio de nombre.

Las falencias de la CONAF no son de sus profesionales. Por cierto, los peores profesionales en pago de todo el servicio del Ministerio de Agricultura. Ahí están los guarda parques, o los brigadistas.

Se requiere una CONAF pública a la altura del siglo XXI, y no pensando básicamente en que las regulaciones pueden terminar impidiendo el desarrollo forestal.

Señor Presidente, hemos planteado la necesidad de discutir la Subsecretaría Forestal, por qué. Porque en la actual institucionalidad del Ministerio de Agricultura está el INFOR, está la Corporación Nacional Forestal, CONAF; está el Servicio Agrícola y Ganadero; está el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), entre otras instituciones. Y, por cierto, tiene una dispersión absoluta de funciones en otras instituciones pertenecientes a otros Ministerios, como el de Bienes Nacionales, el área protegida; u Obras Públicas, los derechos de agua; o Minería, los derechos mineros en terrenos boscosos; o el Ministerio de Defensa, con la Dirección de Fronteras y Límites.

En definitiva, el Servicio Nacional Forestal debe ser una institución moderna, descentralizada y facultada para poder actuar con recursos apropiados, con atribuciones públicas y una planta de profesionales adecuada para cumplir su rol de promoción y fiscalización.

Y, en ese sentido, nos perdemos la gran oportunidad de poder generar una planta, una planta, además, si decimos que este es un servicio que va a apuntar a un sector clave, estratégico para el desarrollo productivo del país, la verdad es que podíamos innovar fuertemente, podíamos establecer una legislación que permitiera crear de verdad un Servicio Nacional Forestal para el futuro, encargado, por cierto, de la preservación y el desarrollo productivo.

Y algunos dicen: “Todo lo de la preservación viene en el proyecto de biodiversidad”. Y podemos afirmar que es así, pero hay desconfianza. Hay desconfianza de la premura en sacar esta ley de la CONAF y postergar la ley de la biodiversidad.

O sea, premura por impulsar el desarrollo productivo: reforestar, y lentitud en el ámbito de la preservación o la conservación de la biodiversidad.

Y por tanto, estamos llenos de desconfianza respecto de las reales intenciones del Ministerio para poder sacar adelante este proyecto de CONAF pública.

Señor Presidente, este proyecto de ley puede ser mejorado, necesariamente tiene que ser mejorado.

Las organizaciones sindicales de la CONAF han planteado un conjunto de propuestas que han sido desechadas. Y, por cierto, la Subsecretaría Forestal ha sido uno de esos puntos. Y hay la convicción de que esto puede ser mejorado si hubiera capacidad de diálogo. El Ministro subrogante nos dice: “Se ha dialogado con los sindicatos”. Pero el diálogo, cuando no se llega a acuerdo y cuando hay concepciones preconcebidas, efectivamente no es diálogo. Porque uno dialoga desde el poder, y otro, desde la debilidad, en circunstancias de que tiene que dialogarse desde la igualdad.

En cuanto a la condición laboral de los trabajadores de CONAF, por cierto, señor Presidente, no hay beneficio, compensación o mejora que amortice, en parte, las nuevas o mayores responsabilidades que serán asumidas por la CONAF. No hay el personal mínimamente requerido. Se requieren mil guardaparques adicionales y, por cierto, los peores funcionarios pagados, partiendo por los brigadistas forestales.

Señor Presidente, aquí hay demandas históricas que podrían haber ser corregidas en este proyecto de ley, no hay ningún peso adicional para enfrentar la vergonzosa realidad -como dicen los trabajadores- que afecta nuestro patrimonio natural cada verano fruto de los incendios forestales. Me dirán: “Mira, esto va a trabar la ley de incendios forestales”. Y yo digo: “Este es un Servicio Nacional Forestal que tiene que contener las facultades y las capacidades para poder tener, por cierto, una legislación de incendios forestales”.

Y si efectivamente se quiere desmembrar a la CONAF quitándole atribuciones de manera sistemática para disminuir su rol, que se diga. Yo quiero una CONAF fuerte, un servicio público de verdad, como el que hemos añorado.

Señor Presidente, voto en contra de este proyecto de ley por su insuficiencia, por la testarudez del Gobierno, esperando que esto pueda ser recapacitado en una propuesta, de verdad, acorde a los desafíos país.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

Imagen: emol.com

Y examinados cuáles son los organismos que van a tener esta lista de prófugos, que son los tribunales de justicia, el Ministerio Público, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería, Dirección del Territorio Marítimo, Servicio de Registro Civil, los organismos públicos, las municipalidades respecto del otorgamiento de licencias de conducir, y los órganos de Administración del Estado respecto subsidios.

El punto, Presidente, ¿esto va a estar en poder de las líneas aéreas? El Senador Bianchi planteaba una situación concreta. O sea, ¿van a poder viajar por el país en avión mostrando su carné de identidad? ¿No va a haber una restricción? ¿O los servicios van a entregar estos listados a los medios de transporte?

En definitiva, ¿cómo va a operar? Porque, si se tiene la información a los servicios públicos, pero no opera en el objetivo fundamental, que es la recaptura o la notificación de que está notificado como prófugo, haciendo atención a lo que ha planteado el Senador Gómez, que muchas personas pueden verse involucradas no necesariamente estando prófugas, sino efectivamente no habiendo sido notificadas de que están requeridas.

Y en ese sentido, yo pediría al Ministro que nos diga cómo va a operar aquello, para poder tener certeza de que esta nómina va a tener efecto eficaz.

Esto lo digo, señor Presidente, porque en esta Corporación las personas, cuando ingresan, entregan su carné. En más de alguna oportunidad se ha cuestionado al Congreso porque alguna persona vinculada a cualquier materia se ha entrevistado con un parlamentario y se ha señalado, entonces, que se entrevista alguien con que está prófugo de la justicia. Mi pregunta es, cuando se ingresa al Congreso y se pide una audiencia y se retiene el carné, ¿vamos a tener certeza de si a quien estamos recibiendo no es un prófugo de la justicia? Para que después no se nos diga: “Mira, los parlamentarios recibieron a un prófugo de la justicia”. ¡Pero esto no fue detectado por los mecanismos de control de ingreso! Del mismo modo en La Moneda. También ha habido el caso de que han asistido personas que, estando procesadas, han concurrido a conversar con Ministros de Estado. Sin embargo, esto tampoco ha tenido ese proceso.

Por tanto, esta lista tiene que configurar un instrumento eficaz para la recaptura, particularmente cuando son reos peligrosos.

Señor Presidente, estamos hablando de personas que, o han huido de la justicia o se encuentran en condición de no haber cumplido con el requerimiento de presentación al tribunal, en su diversa categoría.

Yo quiero solo hacer mención a un hecho, solo para la generación de conciencia, porque no tiene cabida en este proyecto, que son, en el informe de Carabineros del 2010, que de los más de mil 200 atropellos con resultados de muerte, más de un 60 por ciento se dan a la fuga, y nunca sabemos ni tenemos cómo procesarlos. Lo menciono porque cuando hablamos de prófugos hemos presentado un proyecto de ley respecto de la fuga de quienes cometen un grave accidente automovilístico y se dan a la fuga para eludir su responsabilidad.

Yo voy a votar a favor de este proyecto, señor Presidente. Pero particularmente las observaciones que se han realizado deberán constatarse en el ejercicio, dado que esto puede provocar también inconvenientes a personas inocentes. Esta ley persigue a los delincuentes. No se quiere hacer pasar un mal rato a personas inocentes, como ha planteado particularmente el Senador Gómez. Y el uso de este instrumento tiene que estar cautelado para aquello. A veces, producto de un instrumento de esta naturaleza, puede causarse un grave daño a la honorabilidad, a la integridad y a la dignidad. Y, por tanto, se requiere capacitación. Si se va a utilizar, se tiene que utilizar de manera discreta, efectiva y responsable.

Es por eso que doy mi voto a favor de este proyecto de ley, entendiendo de que quienes hagan uso de este listado nacional de prófugos van a hacer un uso correcto para de verdad devolver a la cárcel a los delincuentes y no causar inconvenientes a las personas buenos ciudadanos, que, por el imperfecto funcionamiento del sistema, como está comprobado, pudieran verse afectados por esta ley.

Con esa salvedad, que pido encarecidamente pueda ser salvada por las instituciones que van a manejar este listado, voto a favor.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!

Imagen: tribunadelbiobio.cl

“Según el Fisco, para los días 27 y 28 de febrero de 2010 había en las calles aproximadamente 3 mil uniformados trabajando. Cuestión que en la práctica, en Lota, Coronel, San Pedro, Talcahuano, Concepción y otras comunas del interior, sabemos que no fue así; he ahí los saqueos, en donde los pequeños empresarios fueron los más perjudicados por la falta de orden público”, relató Navarro, comentando que “todo esto fue a causa del basado decreto Supremo Presidencial N° 150 conforme a la Ley N° 16.282, en el que se excluye extrañamente la participación de las Fuerzas Armadas. Hecho que constitucional y legalmente sí estaba permitido, pero que se obvió. De lo contrario, efectivamente, otro gallo cantaría”, afirmó el Senador.

El congresista del Biobío enfatizó que “las responsabilidades son claras. Las intenciones de las Fuerzas Armadas por restablecer el orden, sin lugar a dudas, fueron cercenadas, puesto que aquí fue el Ejecutivo el que tardó en reaccionar y en prever las devastadoras consecuencias del fenómeno social del saqueo”.

“De que hubo negligencia, la hubo”, aseguró el representante del MAS en el Congreso. “La Constitución en su artículo 19, número 24, obliga al Estado a preservar la integridad física y el derecho de propiedad privada, cuestión que fue violada para estos comerciantes. La ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado,  indica que es el Estado el responsable por los daños que causen los órganos de la Administración”, puntualizó.

Navarro informó también que “hasta ayer se han presentado pruebas de testigos de estos saqueos, específicamente de Coronel y Lota, cuya sentencia será pública en 9 días más. Faltan aún los otros testimonios de comerciantes de Talcahuano y San Pedro. Ayer, también declararon Carabineros y la Policía de Investigaciones”. En ese sentido, aseguró  que “tal como se ha desarrollado en el transcurso del proceso judicial, estamos confiados de que los pequeños comerciantes, con quienes nos reuniremos prontamente, sí tendrán una resolución de juicio favorable, ya que las pruebas presentadas hasta ahora reafirman la contundencia de nuestra demanda, por la cual todo indica que el Estado sí tendrá que compensarlos”.

Por último, el vicepresidente del Senado aprovechó de manifestar e invitar a sus colegas parlamentarios a que “se considere un pronto debate la moción legislativa que hemos presentado el mismo 2010 y que le otorga a los intendentes la facultad extraordinaria y temporal de establecer estado de excepción constitucional de catástrofe en caso de calamidad que ponga en riesgo la vida, integridad de zonas habitadas, patrimonio fiscal y servicios de interés social, pues de esta forma se puede afrontar y enfrentar de mejor manera  la situación que altera el estado de la normalidad”, dijo Navarro en referencia a su propuesta de ley.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA