Fiscalización ambiental requiere recursos y mayor conciencia de las empresas

Diputado Navarro y declaraciones de gerente de Medio Ambiente de la CPPC:

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“Llama la atención el doble discurso de Jaime Dinamarca, porque si bien es cierto que tiene todo el derecho del mundo a criticar las falencias que existan en la fiscalización de los servicios de salud, no puede dejar de mencionar a quienes producen la contaminación, que son las empresas que asesora él”, señaló el diputado Alejandro Navarro al referirse a las declaraciones del gerente de medio ambiente de la Cámara de la Producción y del Comercio en relación a que los entes sanitarios sobrepasan las normas ambientales.

El parlamentario dijo que “algo falta en la crítica de Dinamarca. No pueden criticarse sólo las consecuencias de la contaminación y determinar las responsabilidades o las faltas de las autoridades sanitarias y no decir expresamente, por ejemplo, ¿dónde está el millón de residuos industriales que se producen en la región?. Dinamarca, en su condición de gerente de medio ambiente de la CPPC, debe saber exactamente donde van a parar esos desechos peligrosos y la contaminación que producen”.

El legislador del PS indicó que “como agravante, Dinamarca tiene una situación de información privilegiada, porque además es miembro del Consejo Consultivo de la Conama e integra la Corema Regional, es decir está en ambos lados de la calle y quizás por eso tiene un doble discurso. Porque, por ejemplo, no puede reclamar por la autorización para el funcionamiento del vertedero de Monte Aguila por parte del Servicio de Salud del Bío-Bío, y sin embargo haya participado de la aprobación para el proyecto Trupán II, del grupo Celco, autorizando la disposición de residuos industriales en ese mismo vertedero. Lo anterior, sin perjuicio de que comparto la opinión de que ese es un vertedero que para poder funcionar debe cumplir con la normativa vigente”.

“Entonces -prosiguió- al momento de evaluar la efectividad de la fiscalización ambiental y sanitaria debe, necesariamente, señalarse que para eso se requieren recursos que hoy no existen y, en segundo lugar, debe reconocerse que los empresarios conocen la normativa ambiental y, a pesar de ello, algunos hacen la opción de no respetarla”.

El parlamentario dijo que además es paradojal que “mientras por un lado se critica que las autoridades pertinentes no fiscalicen, luego los mismos rasgan vestiduras diciendo que debido a la rigurosidad de la fiscalización de los organismos del gobierno las empresas deben aumentar sus costos de producción o, peor aún, que la normativa medioambiental es un obstáculo a la inversión privada”.

Navarro añadió que “nosotros, para no quedarnos sólo en constatación de las falencias existentes hemos desarrollado algunas acciones concretas como fue el recurso de protección, el 29 de mayo de 2000, pidiendo el cierre definitivo del vertedero de Carriel Norte y hemos planteado reiteradamente el cierre de Cosmito, no sólo por su saturación, sino por el peligro para la aviación que ello significa y que la propia Dirección General de Aeronáutica Civil ha manifestado expresamente. También hemos fiscalizado lo que ocurre con la disposición de los residuos médico-patólogicos que eliminan recintos hospitalarios públicos y privados”.

“Para superar estas falencias -dijo el diputado socialista- hemos solicitado al ministro Artaza que puedan disponerse recursos adicionales para implementar una fiscalización especial para los residuos domiciliarios e industriales. En el mismo sentido esperamos que pronto puedan verse resultados en la política regional de determinación de los lugares más adecuados para el desarrollo de los proyectos de rellenos sanitarios y pueda generarse la inversión pública o privada”.

Respecto de las posiciones sustentadas por Dinamarca en el tiempo, el legislador dijo que “evidentemente es difícil estar bien con dios y con el diablo y no se puede, por ejemplo, votar y defender la aprobación del proyecto de la instalación de la celulosa en el Valle del Itata, sin considerar el daño evidente que ello significará para los viñateros y las comunidades, y en el caso del proyecto de relleno sanitario de Santa Marta, se haga una defensa acérrima respecto de los perjuicios que esa iniciativa causaría a las faenas agrícolas que se desarrollan en el sector”.

“No quisiera pensar -agregó el parlamentario- que lo que se busca con este tipo de declaraciones es crear la sensación de que los organismos públicos son incapaces e ineficientes en la fiscalización de la normativa sanitaria y, especialmente, ambiental, con el fin de legitimar la idea de que el sector privado es capaz de ‘autofiscalizarse’ en materia ambiental, lo que claramente es una idea que no compartimos, por varias razones, entre ellas, el que la normativa ambiental es relativamente nueva -la ley 19.300 es del año 1993 y el reglamento de la ley de 1997- y porque es una obligación constitucional del Estado el velar por el cumplimiento de la legislación y cautelar el bien común”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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