FISCALIZAN DENUNCIAS CONTRA EMPRESAS DE URGENCIA MÓVIL

Diputado Navarro manifestó su satisfacción por aprobación de iniciativa:

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Su satisfacción por la aprobación del proyecto de acuerdo Nº9, del cual es autor, que plantea la necesidad de que la Comisión de Salud de la Cámara investigue las denuncias realizadas en contra de los servicios de atención privada de urgencia prehospitalaria, manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien señaló que este tema que ya había sido planteada en algún minuto “se volvió a dinamizar luego de un fallo judicial determinará el pago de una indemnización de 40 millones a un usuario a quien le fue denegada la atención”.

Sobre este misma decisión judicial, el parlamentario indicó que se trata “de un reciente fallo del Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes que determinó que la empresa Help debe cancelar una multa de cien unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal y una indemnización por daño moral de 40 millones de pesos al usuario Vicente De Grazia, a quien le fue denegada la atención al sufrir un infarto al miocardio, en 1997, argumentándose primero su inexistencia como socio y luego aludiendo cuotas impagas que ya habían sido canceladas a través de su cuenta corriente”.

Entre las razones que se plantearon en el proyecto de acuerdo aprobado el legislador del PS mencionó el hecho de que “el Servicio Nacional del Consumidor -quien también se hizo parte de la demanda mencionada por vulneración de derechos del consumidor y publicidad engañosa- recibió sólo durante el año pasado un total de 178 denuncias contra los servicios privados de atención prehospitalaria de urgencia, 83 de las cuales fueron resueltas a través de la mediación del Sernac; y que en lo que va corrido del 2002 ya se han presentado más de 15 denuncias en contra de estas empresas, 10 de las cuales han alcanzado una resolución favorable mediante el mismo mecanismo de mediación público”.

Navarro dijo que “es lamentable constatar que se siguen produciendo múltiples denuncias y reclamos, hechos por usuarios de los servicios de las empresas privadas de atención médica prehospitalaria, fundamentalmente contra Unidad Coronaria Móvil y Help, las que apuntan principalmente a las demoras excesivas de entrega del servicio; la no prestación del servicio contratado el que es reemplazado por uno de menor calidad; la no prestación del servicio, la atención y prescripción sólo telefónica de medicamentos; las dificultades para poner término al contrato y la prórroga automática de éste por plazos de un año”.

El diputado señaló que otros antecedentes considerados entre las razones para aprobar esta iniciativa “están las trágicas situaciones derivadas del hecho de que los profesionales médicos de estos servicios, en su mayoría extranjeros becados en nuestro país, sólo son contratados a honorarios y con pago de acuerdo a productividad, es decir de acuerdo al número de atenciones realizadas en un turno, lo que los obliga a desplazarse a grandes velocidades en vehículos distintos de las ambulancias para alcanzar un mayor porcentaje de atenciones, lo que ha costado la vida a algunos de estos profesionales, como sucedió en mayo del 2001 con la embarazada doctora colombiana María Luisa Satizabal; así como también a algunos de sus pacientes, como ocurrió en un accidente ocurrido a fines de 1999 en que una ambulancia chocó contra un pilar del Metro, quedando el médico muy malherido y falleciendo el paciente que era trasladado”.

“En muchos de los casos denunciados por los usuarios de estas empresas -agregó- éstas subcontrataban los servicios externos de empresas de atención médica domiciliaria, las que se encargan de las situaciones definidas como ‘de baja complejidad médica’ y en las cuales opera el mismo incentivo perverso de pago por paciente atendido, encontrándose entre éstas las empresas ViaMed y MediVida”.

El parlamentario dijo que “tanto los conductores de las ambulancias como de los vehículos particulares utilizados a manera de ‘avanzada’ son, en su mayoría personas que desempeñan otras labores en las jornadas distintas a las de su trabajo en estas empresas, lo que lleva a situaciones innecesarias de extremo riesgo debido al cansancio que normalmente se manifiesta en ellos, tal como ocurrió en el accidente en que perdió la vida la profesional colombiana, donde el conductor del vehículo era el funcionario de Carabineros, Nelson Morales, perteneciente a la dotación de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas de Santiago”.

Navarro también lamentó el que “pese a las condiciones de riesgo en que los profesionales y personal auxiliar realizan su labor, en este tipo de empresas se impide la sindicalización, lo que ha significado demandas por parte de los sindicatos médicos de dichas empresas, bajo la acusación de prácticas antisindicales”.

Por último, el legislador socialista dijo que “otras denuncias relativas a la calidad de los vehículos utilizados en la prestación de este servicio, los que muchas veces no han llegado a su destino por fallas mecánicas o estructurales graves, apuntan al hecho de que socios de las mismas empresas de atención médica prehospitalaria son dueños o integran sociedades propietarias de plantas de revisión técnica, por lo que la verificación y fiscalización de sus condiciones adolecerían de falta de rigurosidad por existir intereses contradictorios, lo que claramente podría configurar un ilícito”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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