‘Freno a la corrupción requiere de ley que regule el lobby’

Diputados Navarro, Luksic, Sánchez y Olivares presentan proyectos a Ministro Fernández

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Un conjunto de iniciativas legislativas para combatir la falta de probidad y la corrupción presentaron al Ministro Secretario General de la PresidenciaI, Mario Fernández los diputados Alejandro Navarro (PS), Zarko Luksic (DC) Leopoldo Sánchez (PPD) y Carlos Olivares (DC), con el objetivo de que el Ejecutivo pueda incorporarlas en la legislatura extraordinaria. Además pedirán suma urgencia para proyecto de financiamiento de gastos electorales.

Entre las iniciativas presentadas está la obligatoriedad de que los funcionarios públicos deban efectuar una declaración de bienes, además de la de intereses que hoy efectúan; una ley de inhabilidades para regular en tiempo, la entrada y salida de quienes ocupen jefaturas en el sector público y luego en el privado y viceversa, en las mismas áreas de interés, manejando información estratégica y, por último, una ley que regule el lobby en el país, creando una Oficina de Registro de Lobbystas dependiente de la Contraloría General de la República”.

Navarro -autor de los proyectos de ley- dijo que “el lobby está instalado abierta e impunemente en nuestro país. De hecho, hay lobby hacia todos los poderes del Estado, debido a la desregulación, falta de transparencia y miles de solicitudes de intervención hacia autoridades para lograr la aceleración o rechazo de proyectos. Hoy el parlamento es objeto de lobby: ahí están los proyectos de reforma al Código de Aguas, la ley Eléctrica, la Ley de Pesca y, que decir, la Ley de Divorcio. El lobby esta erosionando la institucionalidad y la ética de la política. El lobby es parte de la intromisión del criterio de mercado, el criterio económico en la política: convertir política en negocio”.

“Ahora bien -agregó- cuando se habla de corrupción generada a través de lobby pareciera que esto sólo tiene que ver con el aparato público o del Estado. Aquí es tan responsable el que recibe como el que incentiva a la comisión de actos de corrupción o de tráfico de influencias. Una ley que regule el lobby como la que estamos planteando obliga a llevar un control y a mostrar transparencia, en el ejercicio de una función que en el mundo es socialmente aceptada, y que a nuestro país llegó producto de la globalización, con la diferencia que en nuestro país se hace en las sombras”.

Sobre lo mismo, el legislador del PS señaló que “pese al libre albedrío en esta materia existe en nuestro país, a nadie parece llamarle la atención que públicamente se reconozcan gastos en lobby, tal como lo han hecho los salmoneros quienes han dicho que para enfrentar las acusaciones de dumping han invertido 14 millones de dólares en lobby, y por otra parte, el propio gobierno ha informado que en el marco de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha gastado 6 millones de dólares y que estima gastará otros seis”.

“Entonces -dijo el legislador- nos encontramos con un doble estándar frente al tema. En el extranjero decimos que ‘invertimos’ en lobby, pero en Chile decimos que el lobby es corrupción. Porque creemos que una legislación sobre esta materia es urgente y necesaria, es que en las próximas semanas viajaremos a Washington, para conocer cómo opera la normativa y las instituciones encargadas de la regulación y fiscalización sobre este tema. Para ello, ya hemos tomado contacto con la embajada norteamericana en Chile y con nuestro embajador en Estados Unidos”.

Navarro explicó que el proyecto sobre lobby “tiene su principal fundamento en el imperativo de cautelar el régimen democrático a través de la regulación de la conducta pública por parte de quienes ejercen un cargo de autoridad amparada sobre los principios de la probidad, transparencia y responsabilidad ética, que respalden la toma de decisiones que dichas autoridades realizan en los actos públicos que le son propios; evitando las influencias o presiones indebidas de personas o grupos de interés. A su vez, pretende que las personas conozcan en forma fehaciente e informada los actos de las autoridades públicas; es decir, que cualquier ciudadano pueda aspirar a tener iguales oportunidades para acceder a la información pública, de modo de orientar su toma de decisiones debidamente”.

Por último, el parlamentario PS señaló que “a esto hay que agregar la necesaria urgencia del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para transparentar las proyecciones conservadoras sobre el gasto total de las campañas parlamentarias, que en 1993 habría alcanzado a unos $15.700 millones de pesos (unos 37,5 millones de dólares de la época), y que en las de 1997 ahbrían sumado unos $ 39.000 millones (aproximadamente 84 millones de dólares). Las mencionadas cifras son excesivas, toda vez que son proporcionalmente mayores a las que se registran en Estados Unidos o Japón, dos países que presentan los más altos niveles de gastos en el mundo”.

Proyecto de ley sobre regulación del “lobbying” en Chile
Proyecto de Reforma a la Ley 18.575 en materia de inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio de cargos públicos

Prensa Oficina Parlamentaria

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