“Gobierno debe informar ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos”

Diputado Navarro: ‘hay preocupación internacional por tema indígena en Chile’

hidroelectricas

Con el objetivo de determinar las acciones a seguir con motivo de los últimas acciones impulsadas por Endesa para impulsar el cuestionado proyecto de la Central Hidroeléctrica Ralco y su repercusión sobre el pueblo pehuenche e indígena del país, sostuvieron una reunión ampliada, en la ciudad de Los Ángeles, el diputado socialista Alejandro Navarro, los abogados Roberto Celedón y Alex Quevedo; el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur; representantes mapuches y dirigentes indígenas, así como también mujeres opositoras al proyecto encabezadas por Berta Quintremán.

El parlamentario socialista fue enfático, y dijo que “el gobierno tiene que tomar nota ya que el movimiento indígena va a reestructurar solidaridad y acción concreta en contra de Endesa y a favor de los pehuenches”. Además, expresó que las medidas a seguir por los afectados directos en el problema se manifiestan por la insensibilidad frente al pragmatismo que se observa por parte del Gobierno, el que, además, cuenta con un plazo de cinco días para informar respecto a las medidas que va a tomar con el fin de evitar que el problema se agudice aún más”.

“En este contexto -prosiguió- existe una enorme preocupación, no sólo nacional sino también en el exterior. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es categórica, y el 1º de agosto reaccionó a la petición presentada por los abogados”, la cual solicita al gobierno que mantenga la situación en statu quo, mientras los órganos de la comisión se manifiesten sobre la denuncia presentada. Además, le pide que adopte todas las medidas necesarias para que ninguna situación judicial o administrativa pueda significar ocupar tierras indígenas no permutadas”

Navarro expresó que “el Gobierno no puede ser neutral, tiene que defender la ley indígena, es decir, a los más débiles”, en este sentido esperamos que el ministro Huenchumilla y el Ministro del Interior “puedan responder a la Comisión Interamericana y dar las garantías de que las familias pehuenches no van a ser expulsadas del Alto Bío-Bio”. Por ello, buscaremos la solidaridad del parlamento ya que ha comenzado una etapa definitiva en donde se enfrenta la ley indígena con la eléctrica. Nosotros apostamos al triunfo de la primera”.

Por su parte, Roberto Celedón explicó que “Endesa no puede ocupar los terrenos” y, en cuanto a los dineros depositados en Santa Bárbara formuló que “es una medida de presión y esperamos que el gobierno cumpla con el compromiso de no permitir que se ocupe tierra indígena no permutada”, esto último violaría la resolución ambiental que aprobó el proyecto Ralco, cuya única vía que permite la relocalización de las familias indígenas se desarrolla a través de la permuta de los terrenos sustentado en la ley indígena.

El jurista dijo que desde 1993 existe un estatuto jurídico especial de protección y la violación de de esos constituye una infracción, incluso, del orden internacional es por eso que “haríamos la presentación a la Corte Suprema pidiendo la inaplicabilidad de la ley eléctrica en territorio indígena” expresó.

Por último, Navarro subrayó que “Chile debe entender de que no todo es negocio ni acuerdos comerciales. En el mundo, también se valora el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios, indígenas, eso nuestro país no lo está cumpliendo”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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