“Hemos pedido a Jorge Bermúdez que declare la ilegalidad de decreto sobre retención de datos personales ”

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El candidato presidencial de Partido País señaló que, “la normativa que el Ministerio del Interior busca implementar, y que permitirá guardar los datos de las llamadas, Internet y mensajes por 2 años, vulnera la Constitución de la República”.

Presentación a Contraloria decreto espia

“Pues el nuevo decreto indica que cualquier organismo público autorizado podrá tener acceso a la información, lo que como ha ocurrido en otros países, terminará transformándose en un instrumento para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos”, afirmó.

“En otras palabras”, prosiguió, “tendremos un Estado de Policía Permanente, un Big Brother donde se violarán el derecho a la intimidad y a las comunicaciones privadas, y donde habrá un constante espionaje”.

Hasta la Contraloría de la República, llegó este miércoles por la mañana el candidato presidencial de Partido País, Alejandro Navarro, para solicitar al organismo que se revise la legalidad de la polémica actualización del Decreto 142 por parte del Ministerio del Interior, llamada Decreto 866, que regula la forma en que las empresas proveedoras de telecomunicaciones manipulan los datos de los usuarios y que vulneraría la garantía fundamental de la privacidad.

Al respecto, Navarro afirmó que, “el artículo 4 de la Constitución Política de la República, indica que Chile es una República Democrática; pero si este polémico decreto se aprueba, estaremos más cerca de una dictadura que de una democracia”.

“Pues la reciente actualización del decreto, llevada a cabo por el Ministerio del Interior”, continuó, “permitirá que todas las empresas telefónicas tengan por un plazo de 2 años la información de todos los chilenos y chilenas con respecto a que hora y fecha hicimos una llamada, a quien se llamó y por cuanto tiempo, desde qué IP uno se conectó, en que lugar geográfico, qué sitios web visitamos, o cuántos mensajes escribimos y a quién se los enviamos”.

Navarro manifestó que, “eso viola el derecho a la intimidad y va en contra de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la libertad de expresión y permitirá que se espíe a los ciudadanos y ciudadanas de este país, y en especial a activistas, periodistas y todo aquel que tenga una postura crítica o distinta a la gubernamental”.

“Además”, prosiguió, “en el artículo 19 de la Carta Magna, se establece el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”.

“Es decir, el reconocimiento y respeto por parte de la Constitución a la vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, derechos fundamentales de las personas que son de reserva legal, osea, sólo son materias de ley”, adicionó.

“Por lo que las reformas de este tipo deben aprobarse en el Congreso nacional, de acuerdo a la misma Constitución de 1980. Por lo tanto, estamos frente a una usurpación de funciones del Parlamento, ya que el Ejecutivo no puede legislar”, adicionó el presidenciable.

Añadiendo que “en otras palabras, este es un bypass intolerable del Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo, ya que se está vulnerando la separación de poderes del Estado”.

“Al mismo tiempo”, adicionó, “Chile una vez más está violando las leyes y acuerdos internacionales, pues se están quebrantando los Principios Rectores Sobre las Empresas y Derechos Humanos; los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos de las Naciones Unidas y que establecen que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada”.

De acuerdo al presidenciable, “el decreto de Interior es ilegal, pues señala que las direcciones IP deben mantenerse por dos años, mientras que la ley (artículo 222 del Código Procesal Penal) sólo autoriza la mantención de datos por un año, lo que viene a vulnerar la jerarquía normativa sobre la que se vertebra todo nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, aumenta contra lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el tipo de datos a retener a cualquier autoridad, pues no detalla cuáles. Estas evidentes ilegalidades deben ser rechazadas por el Contralor”.

Alejandro Navarro aseguró que, “el Gobierno no se puede justificar aduciendo que son datos inocentes, pues los metadatos de las comunicaciones pueden crear un perfil de la vida de un individuo, incluyendo condiciones médicas, puntos de vista políticos y religiosos, asociaciones, interacciones e intereses, revelando tan o, incluso, más detalladamente de lo que sería posible desde el contenido de las comunicaciones y tienen la virtud de ser utilizados con eficacia para fines comerciales, electorales, de investigación policíaca, etc..”.

“Por ello le hemos pedido al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, que se revise la legalidad del Decreto 866 que guarda datos personales y que busca darle un poder demasiado grande al Estado, convirtiéndolo en un Big Brother, en un Panóptico, en un ojo que todo lo ve, y que establecerá en Chile un Estado de Policía Permanente si se lleva adelante”, finalizó el candidato presidencial de Partido País.

PRENSA NAVARRO

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