Instalación de antenas celulares. Oficios

Sesión 3ª, martes 18 de marzo 2008

El señor NAVARRO.- El 18 de abril del año pasado el Ejecutivo ingresó, a través de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. Esta iniciativa legislativa, más allá de este rimbombante nombre, es conocido como el “proyecto de ley para las antenas celulares”.

El 13 de agosto del año pasado se le asignó urgencia simple, la que se ha retirado y hecho presente varias veces durante su nula tramitación en la Comisión de Obras Públicas de esa Corporación. Además, en diciembre pasado se rechazó que este proyecto fuera conocido también por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Y aunque el 4 de marzo pasado este proyecto aún tenía urgencia “simple”, a contar de esa fecha este fue retirado.

La preocupación ciudadana sobre la instalación de antenas celulares está plenamente vigente a lo largo del país y la verdad es que el compromiso del Ejecutivo para aquellos parlamentarios que, en su oportunidad, en la Cámara de Diputados y también en el Senado, han manifestado su profunda preocupación por el implacable avance de estas antenas, que no respetan ningún tipo de ordenamiento jurídico territorial, porque no existe, siga detenida y, particularmente, se propicie la ley de la selva en torno a la regulación.

Curiosamente, y aun cuando el proyecto del Gobierno, el que envió el Gobierno, hace alusión a una docena de mociones parlamentarias presentadas por diputados de todas las bancadas, así como la de los Senadores Horvath y Prokurica, en su propuesta legislativa no incluye ni considera prácticamente nada de lo propuesto en ellas. O sea, de las propuestas parlamentarias, el Ejecutivo no recoge absolutamente nada. Y, en este sentido, estas mociones tuvieron una larga tramitación -años- antes de que el lobby de las empresas de la telefonía móvil paralizara su discusión ya muchos años atrás.

Es evidente de que hay un lobby directo para frenar este proceso de debate que, efectivamente, recoge un sentir ciudadano.

¿Qué trae el proyecto del Ejecutivo entre sus fundamentos centrales?

Señalaba que el explosivo desarrollo de los servicios de telecomunicaciones experimentado por el país estaba dando cuenta, por cierto, de un incremento de antenas celulares.

Quiero recordar de que al año pasado, a octubre, se habían instalado aproximadamente 4 mil 100 antenas, y la proyección de las solicitudes que había realizado las diferentes empresas telefónicas superaba las 5 mil 700.

El proyecto del Gobierno señalaba la necesidad de contar con normas básicas de emplazamiento; la insuficiencia de las atribuciones que distintos órganos -entre ellos, la SUBTEL, la SEC, la Dirección General de Obras de las municipalidades y la Dirección de Aeronáutica Civil eran y son insuficientes; la protección de salud, también, frente a las emisiones electromagnéticas de antenas, hecho que está, por cierto, en pleno debate en el ámbito científico internacional, al igual que el tabaco.

Yo recuerdo en la década del 60, cuando a uno lo mandaban a comprar cigarrillos a la casa y uno intentaba alegar y alegaba de que, efectivamente, el tabaco provocaba a la salud, los argumentos eran demoledores, científicos. Y decían ¡no!, yo conozco al señor “juanito Pérez”, que tiene 95 años y ha fumado toda la vida, y ahí sigue “paradito”.

Y, además, aquí los científicos dicen que no hay daño. Bueno, después descubrimos que las tabacaleras pagaban los informes científicos para poder, efectivamente, eludir las restricciones que se les imponían y hoy día se encuentran demandadas en Estados Unidos y, también, en Chile por todos aquellos que contrajeron cáncer, producto de que no fueron advertidos del mal.

Hoy día la consideración de las antenas, y particularmente la emisión electromagnética, están en el mismo ámbito: no producen daños, está acotado a la gente que tiene marcapasos. No hay daño científico comprobado alguno.

Mi pregunta, y la pregunta que se hacen los miles de ciudadanos a los cuales se les instaló una antena celular al lado, es si efectivamente en 20, en 30 y en 50 años más estas ondas electromagnéticas no van a ser objeto, por cierto, de algún tipo de enfermedad que efectivamente se actualice en base a la información que allí, a esa fecha, se recoja.

Yo quiero señalar que la iniciativa, para que haya claridad, propone sólo dos cosas:

1.- Establecer una regulación sobre el impacto urbanístico del emplazamiento de las antenas, postulando reemplazar el actual aviso de la Dirección de Obras Municipales respectiva, como requisito previo para la instalación de las antenas, por una autorización previa de dicha repartición municipal; pero estableciendo un procedimiento específico para ese tipo de construcciones, dada sus características particulares y la necesidad del emplazamiento previa autorización que permita efectivamente minimizar el impacto urbanístico, y evitar por cierto que esto no se convierta en un freno burocrático para la inversión de los servicios de telecomunicaciones involucrados.

Mas bien allí hay una preocupación para las empresas, no preocupación de los ciudadanos.

Y, en segundo lugar, determinar normas sobre emisiones electromagnéticas de las antenas. Por esto se propone otorgar a la SUBTEL la potestad para que, mediante resolución publicada en el Diario Oficial, declare a una determinada zona geográfica como zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones, cuando la densidad de la potencia por metro cuadrado exceda los límites que determine la normativa técnica dictada para este efecto por la SUBTEL.

En Penco, al frente del Liceo de Penco se han instalado tres antenas celulares, y en sectores por cierto de bajo recursos se han instalado grupos de antenas cuando efectivamente, señor Presidente, todo indica que podría optar una sola. Lo que pasa es que las empresas compiten entre sí y no les importa generar mayor tipo de impacto previo, por cuanto no están dispuestas a llegar a acuerdo. Todos quieren capturar el mercado mediante una mejor transmisión de la onda y, por lo tanto, no se preocupan de generar en un solo sector una sola antena, sino que compiten por los mejores sectores y eso hace que haya un bosque de antenas en muchos lugares de la Región Metropolitana y del país.

De esta forma, la iniciativa del Gobierno transforma las direcciones de obras en los organismos encargados de verificar el cumplimiento de requisitos para instalación de antenas. Traspasa así algunas competencias de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero el procedimiento se basa en la mera consideración o constatación del cumplimiento de requisitos muy, muy básicos, minimizando la posibilidad del municipio de rechazar la instalación y, por cierto, no considerando la participación de la comunidad en el proceso.

Todas las casas que están en sectores aledaños a las antenas bajan de precio, señor Presidente. Y es por eso que hemos patrocinado muchos recursos de amparo económico. Porque una casa en un sector poblacional de clase media o de un sector poblacional periférico que tiene un costo de 10-12 millones de pesos, se instala la antena, Presidente, y los dueños no la pueden vender en ocho. Y llegan algunos “buitres” a ofrecerle siete, porque saben exactamente que nadie quiere vivir en una casa con una antena celular al lado.

Y, por lo tanto, hay un daño económico. No es el tema paisajístico. No es el tema del eventual en salud. Existe un daño patrimonial asociado al valor de la propiedad. Y eso lo han demostrado los corredores de propiedades con informes técnicos claramente presentados en los tribunales.

Como si fuera poco, el proyecto del Gobierno tampoco considera la posibilidad de rechazo que no sea el incumplimiento, por cierto, de las normas técnicas sobre emplazamiento o iluminación, tener el inmueble carácter de histórico o de conservación histórica o declararse el área como zona saturada.

Hay, ciertamente, en este asunto un problema que tiene que ver con la salud humana (las ondas) y también uno urbanístico-financiero, que tiene que ver con el deterioro económico y estético de los barrios. Yo quiero señalar de que lo primero, particularmente, se aborda mínimamente en el proyecto y lo segundo, particularmente, en nada.

Por esto es que, aunque el proyecto todavía deberá recorrer un largo camino para llegar al Senado, me ha parecido necesario intervenir sobre este punto, especialmente atendiendo llamadas telefónicas, numerosos e-mail, correos electrónicos, de habitantes y dirigentes sociales de todo Chile. Y la pregunta que se hacen: ¿es que no van a hacer nada?; ¿es que los Parlamentarios no están para proteger los derechos de los ciudadanos?; ¿es que vienen a decirnos en las campañas que se van a preocupar del tema?; ¿de quién es la culpa?

Yo no estoy en contra, me decía un ciudadano, de la antenas celulares, uso del celular, lo que digo es que haya una regulación que permita que los efectos se minimicen y que la modernidad no signifique daños colaterales a ciudadanos comunes como yo. Y, por lo tanto, ustedes traten de ver cómo hacen de que si hay que pagar un costo este costo sea más colectivo y no lo paguemos solo unos cuantos por vivir al lado de estas antenas.

Yo creo que hay una bastante comprensión sobre la necesidad de que exista una empresa de telecomunicaciones amplia, moderna y particularmente en el siglo de la comunicaciones, éstas sean efectivas. Sin embargo, estos problemas siguen pendientes.

Hay, por también, señor Presidente, quienes han planteado su frustración, porque no son escuchados. No hay a quién decirle esto. Los alcaldes, pudiendo tener una normativa, particularmente a través de ordenanzas municipales, para generar algún tipo de ordenamiento, no lo hacen.

Se soborna a vecinos. Ustedes saben que cada vez que se instala una antena celular el vecino que arrendó el espacio –porque se arrienda por 500 mil pesos el sitio, lo que se convierte en un buen, por cierto, arrendar un sitio por 500 “lucas” sin nada construido, es un gran negocio-, pero de la noche a la mañana pasa a ser el peor vecino. Y se han producido situaciones extremadamente tensas. Esos vecinos después no pueden volver al barrio.

Parece absolutamente necesario que el Ejecutivo revise la propuesta e introduzca las indicaciones que sean necesarias. Siendo Parlamentario, muchos de los que estamos aquí, incluido el Senador Prokurica cuando era diputado, y es también autor de la moción acá en el Senado, ha planteado y hemos planteado innumerablemente estas observaciones. Los municipios deben ser clave.

Además, claramente la actual normativa es aprobada cuando ya están instaladas las antenas. O sea, son revisadas cuando ya están construidas, no al inicio, sino cuando están absolutamente terminadas.

Es por eso, señor Presidente, que señalamos y proponemos -y esto para el debate público, porque este es un tema de interés ciudadano y legislativo, pero hay interés ciudadanos, creo que lo oportuno es que los concejos municipales, así como lo plantean muchas de las iniciativas parlamentarias, tengan la posibilidad de determinar en los planos reguladores zonas libres de antenas, por razones turísticas, ambientales, patrimoniales y, además, incluir en la ley, por ejemplo, como lo hacemos en la ley de alcoholes, una buena posibilidad de que los municipios puedan establecer áreas libres de este tipo de establecimientos, áreas libres de tipo también de construcciones, el caso de las antenas.

Además de eso, señalar expresamente la prohibición de fijar antenas en establecimientos educacionales, de salud y sus alrededores.

Muchos edificios las han montado arriba, señor Presidente, y pagan los gastos comunes. Se convierte por cierto en un ahorro para los vecinos del edificio, pero no para los del lado. Y las ondas electromagnéticas básicamente no van hacia abajo, van de manera digamos extensa hacia los costados. Y esto ha llevado, por cierto, a los conflictos propios entre los vecinos de muchas localidades donde hay edificios.

Aquí también hay un asunto estético-patrimonial de los barrios. Se debe establecer el requisito de solicitud de permiso de declaración de la empresa, señalando exactamente la forma que esta instalación va a adquirir y cómo va a afectar a los propietarios de inmuebles contiguos. No solo dónde se instale. Ello obligaría no solo a pagarle al dueño del inmueble, como ocurre hoy día, le pagan al dueño, sino también compensar, mitigar y establecer condiciones para los particulares que están al lado de las antenas.

Por cierto, además de las correcciones anteriores, sería conveniente que la actual disposición transitoria que contempla el proyecto no acepte como un hecho consumado e irreversible que las antenas ya instaladas se queden tal como están. Y esto era coincidencia en lo que veníamos planteando, se daba un plazo para generar –dos o tres años-, para reubicar un porcentaje de antenas que, de acuerdo a estos parámetros, efectivamente, su relocalización no solo traería paz a la sociedad, a los ciudadanos, sino también traería beneficios a las empresas, estableciendo un nuevo mapa de la institución de estas antenas en las ciudades chicas, medianas o grandes.

Señor Presidente, entre el año 98 y el 2001, se instalaron mil 328 antenas en el país; luego sólo en el 2002 se instalaron mil 341, hecho que no deja de llamar la atención, porque claramente en ese año se inició la discusión efectiva en la Cámara de Diputados con un proyecto que presentamos muchos Parlamentarios. Y luego en el 2003, se instalaron 979 y en el 2004, otras 975. El 2005, la cifra bajó a 673, y nuevamente, coincidencia, el 2006, cuando se presentan nuevos proyectos y se retoma la intención de legislar por el Ejecutivo y, también, por los Parlamentarios, la cifra sube explosivamente de 673 a dos mil 757 nuevas antenas instaladas.

Aquí hay una “carrera olímpica” por instalar antenas, para eludir la regulación.

Estas cifras muestran que efectivamente solo entre los años 2002 y 2006 se instalaron más de la mitad de todas las antenas que existen en el país y que hoy día suman más de 8 mil.

Desde el año pasado el Ejecutivo que ingresara esta iniciativa de ley hasta hoy, en que el proyecto no ha avanzado un centímetro, las empresas de telefonía móvil no solo han desatado esta suerte de carrera olímpica instalando antenas en todo el país, sino que, además, han ingresado otras tantas miles de solicitudes. ¿Cuántas más antenas vamos a tener en el país? ¿Cuáles barrios van a ser objetos de estas instalaciones? ¿No es necesario de que esta información esté publicada en la página web de la Subsecretaría de Telecomunicaciones? ¿No tiene derecho un ciudadano a saber qué se pretende instalar al lado de su propiedad?

Esta información se mantiene oculta, señor Presidente, en Maipú y en muchas otras comunas de la Región Metropolitana.

¿Sabe, Presidente? Primero, construyen un galpón y empiezan a construir la antena dentro del galpón. Y luego abren el techo y empieza a nacer la antena. Y ya está prácticamente construida con sus bases y fundaciones en más de un 50 por ciento y ya es tarde para que los vecinos se movilicen para impedir su construcción. Es decir, se ha desatado, básicamente, una estrategia digna -digamos- de James Bond para poder generar de manera oculta estas instalaciones.

Se han utilizado hasta hoy los más variados argumentos para permitir que esta instalación de antenas siga y siga ocurriendo. Se dice que debe legitimarse que las empresas lleguen a acuerdos con los particulares. Si hay acuerdo, no hay problemas. Se dice que hay que desestimar y bajar el perfil en los informes y opiniones de testimonios acerca de los efectos dañinos que producen estas antenas, porque claramente son opiniones. El mundo científico está dividido y que, efectivamente, las más graves son las personas con marcapasos, pero, en realidad, las que tienen marcapasos son pocas, y por lo tanto, no es un riesgo masivo. También se dice que hay informes irrelevantes sobre la pérdida de valor comercial de las casas y barrios enteros. Pero el Instituto Inmobiliario de Chile lo ha planteado reiteradamente. Aquí no estamos hablando de un informe hecho a la medida hasta llegar, por cierto al manido y recurrente argumento de la importante inversión y el empleo que las empresas telefónicas móviles generan, como si instalar antenas y prestar servicios de telefonía móvil fuera gratis.

Estas empresas ganan mucho dinero, señor Presidente. Los que estamos acá somos usuarios intensivos de la telefonía móvil, porque estas empresas sí hacen un extraordinario negocio. Es decir, generan empleo, por cierto, y que lo sigan generando, pero, aquí, los usuarios y cada vez los usuarios de menores ingresos siguen usando celular.

Y como decíamos en la Comisión de Salud, hace dos días atrás, hoy día los niños son objeto de los celulares, celulares para niños. Incentivan a los padres y los ponen en la encrucijada, porque hay publicidad dirigida hacia los niños -8, 10, 12 años-, situación que estamos regulando en un proyecto de ley sobre regulación de publicidad infantil, porque me parece altamente improcedente. No es solo la venta del aparato. Si fuera solo el aparato, bien, pero después viene la cuenta. No solo son los 8 mil ó 10 mil pesos. A seis mil estaba una oferta en las cadenas de multitiendas, y luego vienen las cuentas de 12 mil, 10 mil mensuales.

Algunos seguramente dirán que existen, y probablemente es cierto, temas de mayor importancia para la vida nacional que discutir en este Congreso este tema. También no es menos cierto que la discusión que la norma que efectivamente regula la instalación de antenas celulares ya está en el mismo ranking donde figuran la Ley de Divorcio, la Ley del Bosque Nativo, la Ratificación del Convenio 169, la inclusión del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la ley que permitía amamantar a las madres trabajadoras, de la cual no me canso señalar que soy su humilde gestor tras 11 años y medio de pelea para que estuviera y hoy día es ley de la República, nos demuestra que efectivamente hay leyes que se entraban. 18 años estuvimos con el Convenio 169 de la OIT.

La pregunta es, ¿cuántos años va a estar la ley de antenas en el Parlamento? ¿Quiénes son los que impiden que esta ley avance en el Parlamento? ¿O es que, efectivamente, la Subsecretaría está protegiendo las antenas y no resguardando los derechos de los ciudadanos?

Hay millones de chilenos, Presidente, que nos demandan con resultados concretos sobre estos temas que les afectan y los afligen. Queremos que sean respetados sus derechos, porque no quieren convivir con una antena.

No queremos que al final se repita con las antenas lo mismo que sucede con los rellenos sanitarios, que en su mayoría están instalados en comunas pobres o, en este caso, en sectores, efectivamente, donde hay gente que no puede reclamar por sus derechos.

Es cierto que se han instalado antenas en Vitacura, en Las Condes, pero uno pasa por esas comunas y no las conoce. Se han dado el trabajo de ocultarlas, de convertirlas en palmeras, de establecer por lo menos el detalle paisajístico. En las comunas de menores ingresos las ponen no más. No importa lo paisajístico.

Pareciera ser que la belleza forma parte del patrimonio de unos que pueden pagar o que tienen capacidad de respuesta, que tienen poder.

Señor Presidente, queremos una verdadera ley de antena y no el “saludo a la bandera” que en esta materia ha sido propuesta por el Gobierno, mi Gobierno. Es un mal proyecto el que está siendo tramitado.

Por eso, solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Ministro de Transporte, al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, a la CONAMA, a la señora Ministra de Medio Ambiente, a la señora Ministra de Salud y a la Asociación Chilena de Municipalidades, tanto para informarles acerca de esta preocupación, como para solicitarle su opinión sobre el proyecto de ley en cuestión.

Específicamente, además, quisiera que se solicite a la SUBTEL el perfeccionamiento del proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, para evitar perder más tiempo esperando que llegue al Senado, donde seguramente habrá mucho interés de parte de los Senadores el introducirle necesarias modificaciones. Porque este ha sido un tema de consenso transversal. Aquí ha habido una opinión transversal. Tanto de la Alianza como la Concertación han sido críticas.

Yo solo exijo que pasemos de la denuncia a la acción, y esperamos poder contar, por cierto, con el apoyo del Senador Horvath, como siempre ha estado en los temas medioambientales…

El señor HORVATH.- Fui autor de la moción.

El señor NAVARRO.- Y autor también de la moción que está en el Senado.

Además, quisiera que, señor Presidente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que hoy día se mantiene al frente al Ministro José Antonio Viera-Gallo, asigne una mayor urgencia a este proyecto, de manera de contar con una ley que sierva antes de que la última antena haya sido instalada.

Discutíamos un proyecto de ley sobre inscripción automática y votación voluntaria, cuyo autor es el ex Senador Viera-Gallo. Yo le pido la misma diligencia que él le pone a sus proyectos de ley ahora siendo Ministro, se la ponga a estos proyectos de ley que son de origen parlamentarios y, hoy día, algunos de ellos siguen siendo parlamentarios por el bien, por el respeto, por el derecho que tienen los ciudadanos a no querer tener antenas al lado de sus casas.

He dicho, señor Presidente.

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.