INTERVENCION DEL DIPUTADO ALEJANDRO NAVARRO SOBRE EL PROYECTO DE LEY PESCA

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QUE ESTABLECE EL REGIMEN ESPECIAL DE CUOTA MAXIMA DE CAPTURA POR ARMADOR. Sesión del miércoles 15 de noviembre del 2000.

El proyecto de ley que íbamos a discutir en esta sesión, y que fue retirado transitoriamente, para enviarlo nuevamente a fines de noviembre o los primeros días de diciembre, es necesario y urgente. Y tendremos ley el 1º de enero de 2001, porque se trata de defender los recursos marinos y el empleo. En el caso del jurel, vamos a terminar con la carrera olímpica, y a regular la situación que afecta a otros recursos relacionados con la pesca industrial y artesanal. Pero es necesario que no exista una imposición respecto de un proyecto que, lamentablemente, ha causado odiosidades, debates, rencores y falta de información. Vamos a preocuparnos de que el proyecto que aprobaremos contenga los elementos necesarios planteados públicamente. Habría sido peligroso votar el proyecto en está sesión, sin saber si contábamos con los votos necesarios para aprobarlo Debo decir a quienes hoy día están legítimamente por el retiro del proyecto que si la idea de legislar era rechazada – no sólo por los votos de la bancada socialista, sino también con los de los diputados u oposición Rojas, Alvarado, Álvarez – Salamanca y Caminondo, que también han estado en contra del proyecto-, se habría originado una situación irreversible: el
proyecto no podría ser enviado nuevamente hasta dentro de un año.

Entonces, como no deseamos correr riesgos y tenemos claro que es necesario regular con urgencia, le pedimos al Gobierno que lo retirara en forma transitoria, a fin de darnos un espacio de diez días para acoger los elementos que, como lo hemos dicho, deben ser acogidos.

¿Cuáles son esos elementos? Dijimos que el proyecto no contiene ni una sola frase relacionada con los trabajadores. Algunos pescadores se han movilizado a Valparaíso y es legítimo que lo hagan; nosotros lo hicimos en el pasado. No critico que la gente se movilice y salga a las calles a luchar por sus reivindicaciones. Los dirigentes de la Fesip y los trabajadores tienen legítimo derecho a demandar lo que quieren

Lo que quiero señalar es que en este proyecto – y es bueno que lo sepan los trabajadores de Tomé, Coronel o Talcahuano- no hay un solo artículo que establezca que la cuota asignada será parcializada, de manera que no sea capturada en uno o dos meses. Digo esto porque los grandes armadores no se pueden poner de acuerdo y salir a pescar en los barcos con mayor capacidad para ahorrar en sueldos, imposiciones, petróleo y gastos generales. En el sector industrial no existe acuerdo alguno.

Respecto de los trabajadores, me gustaría que me dijeran cuál es el acuerdo que existe tendiente a mantener razonablemente el empleo durante los seis o siete meses que dura la temporada del jurel. No existe acuerdo alguno. ¿Cuál es el acuerdo para los trabajadores que se van? De diez trabajadores que se podrían incorporar a partir de enero o febrero; es decir, a comienzo de la temporada, cinco no podrán ingresar. El piso es un tercio, porque un tercio de la flota se guarda. ¿Cuál será el destino de los miles de trabajadores que quedarán cesantes? ¿Cuál es el acuerdo de protección social para ellos? ¿Qué haremos con ellos cuando estén en las calles pidiendo trabajo? Con este proyecto no podríamos hacer nada , absolutamente nada.

Por eso, queremos elaborar un protocolo con el Gobierno que garantice protección social, reinserción laboral en el proceso de modernización del sector, que evite que este proyecto se transforme en un boomerang y que quienes piden su aprobación porque consideran necesario parcializar para garantizar tranquilidad a las empresas – participó de ello-, no estén en las calles pidiendo empleo, porque fueron despedidos por un empleador que no tuvo clemencia con ellos. Si esto no es así, observamos las condiciones de trabajo de las mujeres temporeras que elaboran, por ejemplo, el fileteado de pescado o que desarrollan otras labores en las plantas de harina de pescado. Esos son empleadores no dudarán ni un minuto en despedir trabajadores, precisamente para salvar a la empresa.
Vamos a terminar con la carrera olímpica, a establecer un acuerdo de cuotas mensuales para que exista empleo durante todo el año, o todo lo que permita la existencia del recurso. Porque en el caso del jurel, pasamos de 4,5 millones de toneladas, en 1996, a 1 millón 200 mil toneladas, en 1999, y la proyección para el 2000 es de 1 millón de toneladas. La pregunta entonces es, ¿quiénes depredaron, quienes posibilitaron que de 4,5 millones hoy día estemos en 1 millón? Desde luego, no fueron los pescadores artesanales, los trabajadores de planta ni los tripulantes o motoristas. Aquí existe una responsabilidad que debe ser reconocida a la hora de exigir cuotas máximas por armador. Considero que ha faltado sinceridad para clarificar esta situación.

Es cierto que mi Gobierno ha cometido errores. Recién ayer en la tarde tuvimos en nuestras manos los datos relacionados con la captura de los últimos tres años; a horas de votar en la Sala y después de haber discutido durante meses en la comisión, recién ahora tenemos los datos que nos permiten asegurar por qué el Gobierno estableció un coeficiente de distribución de esta naturaleza para los últimos tres años. Los datos jamás fueron entregados antes. Este proyecto ha sido poco transparente en cuanto a las modalidades empleadas para asignar la captura. Por lo tanto, es necesario garantizar de que no habrá concentración. Hoy día, la ley produce concentración; la produjo en el norte y la está produciendo en la octava y Décima región.

A pesar de que en la Comisión de Agricultura no está representado ningún trabajador del mar, el diputado señor Melero aparece encabezando a la UDI en esta discusión, que este proyecto es un, dos, tres momia; y deja todo igual. ¿Qué dice al Ministro Álvaro García por su parte? Que significa congelar la situación.

¿Qué decimos nosotros? Que hay que desincentivar la concentración y establecer incentivos para que la industria se expanda efectivamente y genere más empleo. Tal como está redactado -se pretendía que lo votáramos así-, este proyecto no entrega incentivos. Sin embargo, se pretendía votarlo en general y en particular.

Hemos tenido una actitud transparente y honesta para plantear estos temas. Afuera del Congreso Nacional y de la Comisión de Agricultura ha habido un debate público muy escaso, absolutamente acotado; no se han discutido con los trabajadores los temas de fondo, todo lo cual ha causado un resentimiento peligroso.

Espero y confío en mi Gobierno, junto con los pescadores artesanales y los pequeños y grandes industriales, los que se llevan las mascada del león y los que tienen poco, pero pueden sobrevivir, en el curso de los próximos días logren concordar este proyecto, que hace una regulación industrial, pero que, por arte de magia, estableció un tema importante: ampliación y apertura de los registros para los pescadores artesanales, lo que representa una ganancia neta para los industriales.

Por eso, los colegas de la oposición – en particular los de la UDI – han hecho una ardua defensa de ellos. La UDI defiende a los industriales, y me parece bien que lo haga. Entonces, que no nos critiquen a nosotros por defender a los pequeños y medianos armadores y a los pescadores artesanales, porque sentimos que los representamos.

Esperamos que exista diálogo.

Porque, cuando todo indicaba que se iba a acabar y que no habría proyecto de ley, se llegó a un acuerdo. Vamos a trabajar intensamente, vamos a obligar a los diputados que más critican y hablan a trabajar duramente en los próximos días. Yo estaré ahí, y les pido a todos los estimados colegas reciprocidad en el trabajo, porque si no hacemos un esfuerzo, vamos a terminar todos muy mal, en circunstancias de que lo queremos es un proyecto de ley que proteja el recurso, que garantice estabilidad en el empleo, la sobrevivencia de la industria y la adecuada protección de los derechos artesanales que, lamentablemente, este proyecto no ofrece.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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