Irregularidades en Compin provocaron millonario fraude en licencias médicas

Una serie de irregularidades detectadas en la Compin y en la Seremi de Salud del Bío Bío, dió a conocer el senador del MAS Alejandro Navarro, luego de recibir el dictamen de la Contraloría General de la República que acredita la denuncia que presentó en noviembre de 2010 junto a Marcela Ibarra, ex funcionaria de la Comisión, sobre el abuso de previsión y de estafa en el pago de licencias médicas a trabajadores de empresas de papel; y respecto a deficiencias en los procedimientos internos.

Imagen: ssmaule.cl

Entre las anomalías detectadas por el ente fiscalizador y que dan la razón al legislador, se acredita “la existencia de empresas y usuarios que han obtenido beneficios pecuniarios en forma irregular a través de los subsidios de incapacidad laboral. Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, el monto defraudado ascendió a la cantidad de  $ 294.000.000”.

Pago de licencias médicas sin revisión de antecedentes

“Resulta insólito que sin que se hayan validado los antecedentes la Compin sólo en los meses de marzo y abril de 2010, haya procedido al pago de 5.894 licencias médicas, por un costo total de $ 1.182.818.531”, comentó el legislador luego de revisar el informe emitido por Contraloría.

El dictamen señala que “con posterioridad al 27 de febrero de 2010, por instrucciones superiores se informó al personal de la COMPIN de Concepción, que por estar en zona de catástrofe y por no tener las condiciones de sistemas computacionales, entre otros, las licencias que fueran recibidas debían ser cursadas sólo con los antecedentes que eran presentados en el momento”.

Respecto a lo anterior, Navarro dijo que “sin embargo,  nunca se dio la orden ni el permiso de  pagar licencias sin que a éstas se les haya efectuado la revisión de todos los antecedentes que correspondía. La circular sólo se refería a presentación de licencias fuera de plazo e incluso fuera de vigencia, de parte del trabajador o del empleador. Procedimiento que de igual manera llevaron a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2010”.

Más irregularidades

“Además-comentó Navarro- el informe de Contraloría detectó un conjunto de debilidades en el Sistema de Control Interno de la Compin, manifestado por la falta de fiscalización en terreno de las licencias médicas tramitadas y por el irregular manejo en los sistemas computaciones. En donde hasta febrero de 2011 no habían resguardos en el manejo de las claves de acceso del personal. El dictamen es claro en señalar que “algunos funcionarios contaban con amplios privilegios en el sistema, tales como ingreso, autorización, resolución, visación, cálculo y confirmación de las licencias médicas, siendo habitual la práctica del uso de cualquier clave, incluso de funcionarios que ya no pertenecían al Servicio””.

El senador expresó que “a la vez, se verificó que uno de los procedimientos habituales empleados hasta enero de 2011, fue el tratamiento de las licencias continuas en diagnostico y tiempo, las cuales no eran enviadas a la Unidad de Vínculo Laboral para su fiscalización”

“También se constató un escasa fiscalización en terreno que permitiera verificar entre otros aspectos el vínculo laboral y que la entidad no dispone de manuales de procedimientos ni de descripción de funciones para ninguna de las áreas que la componen. Y la conformación de los departamentos con un índice de alta rotación y casi nula inducción y capacitación”

Ex Seremi de Salud cuestionado

Cabe destacar que la denuncia que realizó el senador Alejandro Navarro ante la Contraloría y la Fiscalía denunciando a lo menos a 10 empresas de papel constituidas para engañar al Estado, simulando relación contractual con los empleados, quienes presentaban las licencias y a quienes el Compin se las pagaba, fue gracias a los antecedentes proporcionados por la ex trabajadora del Compin Marcela Ibarra, los que primeramente- el 24 de mayo de 2010- puso a disposición del Seremi de Salud de ese entonces, Mario Fernández, el que de acuerdo al dictamen del ente fiscalizador al mes de enero de 2011 aún no efectuaba gestiones ante el Ministerio Público respecto a los hechos mencionados.

“Mario Fernández no otorgó la entrevista solicitada por la recurrente, en virtud de su derecho a petición y no respondió formalmente dicho requerimiento, con lo cual la autoridad sanitaria de ese entonces incumplió lo establecido en el 19, N°14 de la Constitución que consagra que toda institución pública debe informar al afectado sobre las resoluciones adoptadas; así como también los Arts 8, 52, y 62 N°8 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado al denegarse el derecho al particular a obtener de la administración una respuesta a su petición. Así como también, lo estipulado en la letra e) del Art 7 de la Ley 19.880, que establece las Bases de Procedimiento Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en relación a los derechos de las personas en su relación con la administración.

Contraloría General de la República – Denuncias COMPIN

Oficio Conductor – Informe Contraloría General de la República


PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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