La firma que complica a la ministra Magdalena Matte

El 25 de enero la titular de Vivienda terminó con un litigio judicial con una empresa constructora a través de un acuerdo por $ 17.000 millones. Dos semanas después se arrepintió. En 10 días, Contraloría dará el primer informe por el caso.

Image: La Tercera

EL domingo 3 de abril, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, vio cómo el caso que le había arruinado las vacaciones llegaba formalmente a su fin con la salida de la intendenta Jacqueline van Rysselberghe. La acusación del senador del MAS Alejandro Navarro contra la autoridad de la VIII Región había enfrentado a Matte con Van Rysselberghe.

Sin embargo, la tranquilidad para la titular de Vivienda no llegó. Hacía casi un mes el mismo senador había solicitado a Contraloría investigar un acuerdo compensatorio por $ 17.000 millones que Matte firmó el 25 de enero para poner fin a una demanda con la constructora Kodama. La titular de Vivienda se arrepintió a principios de febrero de lo obrado y paralizó el decreto. Las alarmas saltaron también en La Moneda, adonde Matte debió hacer llegar un detallado informe con lo ocurrido el 17 de marzo.

El fin de semana pasado, además, apareció el primer artículo de prensa con el tema en Qué Pasa. Con los días, se conocieron nuevos antecedentes que llevaron a parlamentarios de la oposición a evaluar citar a una sesión especial para ver el tema. Para la ministra de la administración Piñera que encabezó la reconstrucción posterremoto y ha sido la única que ha debido enfrentar una interpelación ante la Cámara, el escenario no parece mejorar.

La siguiente es la trama del caso Kodama, que comenzó en el gobierno anterior y que ahora está en manos de Contraloría y tribunales.

Faltaban tres meses para la inauguración del Transantiago y muchas obras por construir. En noviembre de 2006, el Serviu Metropolitano adjudicó la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda, que cruzaría las comunas de Estación Central, Santiago, Cerrillos y Maipú. Se fijó en $ 25.567.058.561 el valor de la obra y un plazo de ejecución de 336 días.

En la empresa Kodama señalan que al iniciar el trabajo se dieron cuenta de que el Serviu no tenía los planos técnicos, no se había contactado a los municipios por los que pasaría el corredor y tampoco estaban resueltas las expropiaciones necesarias. Por eso, y otros problemas, comenzaron los primeros sobrecostos y postergaciones al plazo original. El 21 de diciembre de 2007 se emite la primera resolución, que aprueba un aumento de obras por algo más de $ 5.800 millones. Hasta febrero de 2010 hubo tres resoluciones de ese tipo, con lo que el contrato global subió a $ 34.000 millones. En cada una se aumentó, además, el plazo de entrega. De acuerdo a la resolución de recepción de obras emitida el 30 de marzo de 2011, a los 336 días que tardaría el proyecto se le sumaron 899. Ello, pese a que había presión para concluir las obras (sin poder inaugurar, Michelle Bachelet las visitó más de una vez). Kodama terminó la construcción de los 13,8 kilómetros el 17 de mayo de 2010, tras 1.235 días. Al final, según la empresa, hubo 130 modificaciones al plano original.

Los sobrecostos acreditados en las resoluciones no eran los únicos que reclamaba la empresa. Kodama le plantea al director del Serviu de la época, Andrés Silva, según cercanos a esa administración, que a lo menos les adeudan $ 8.000 millones. De acuerdo a la versión de la empresa, el Serviu se había quedado sin presupuesto y les adjudica, mediante una obra extraordinaria el 15 de febrero de 2010, la construcción del Cruce de Colector de Aguas Lluvia por el Puente Paso Inferior Lo Errázuriz, que cancelaría otra repartición. Al día siguiente, Silva emite la resolución 134, por la que aprueba una ampliación de 90 días para el contrato del corredor, “con derecho a percibir mayores gastos generales” por un monto de $ 959 millones. El retraso se atribuye a que Kodama no pudo “acceder a los terrenos para ejecutar las obras del Colector Lo Errázuriz”, dice la resolución. Silva envía el documento a Contraloría para toma de razón.

Seis meses después y cuando el nuevo director del Serviu era Antonio Llompart, sucede un hecho clave en esta historia: Contraloría rechaza la resolución, “por cuanto no se ajusta a derecho”. Son dos los argumentos: 1) El colector de aguas lluvia debió ejecutarse mediante licitación independiente, no como agregado de la construcción del corredor. 2) Cuestiona la fórmula de cálculo para la indemnización: no se debe hacer en función del total de la obra y el contrato, sino por cada tramo. Para este tramo específico fija un pago de $ 95 millones.

La ministra Matte dijo el miércoles a La Tercera que “ese informe nunca llegó” entre los que le remitió el Serviu para firmar el hoy cuestionado acuerdo.

El 15 de diciembre de 2010, Kodama demanda al Serviu por $ 41.500 millones por gastos extras e indemnización. En seis semanas, se alcanza un acuerdo entre las partes por $ 17.000 millones. Un día antes de la fecha fijada por el 10° Juzgado Civil de Santiago para un comparendo de avenimiento, llega al escritorio de la ministra Matte el Decreto Exento N° 8, visado por el asesor jurídico de la secretaria de Estado, Alvaro Baeza. Con su firma, ella sella el acuerdo por el cual Kodama se desiste de toda acción legal (el 21 de diciembre presentó una segunda demanda en el 30° Juzgado) por el pago de $ 17.000 millones.

Ese mismo martes 25 de enero, en la Notaría María Gloria Acharán se registra la transacción entre el Serviu y Kodama, firmada por Antonio Llompart y un representante de la empresa.

¿Cómo se alcanza esa cifra? En el ministerio dicen que la demanda era por $ 41.500 millones y la avalaba un estudio del Dictuc (de la Universidad Católica, pero que fue pagado por Kodama), entonces, acordar un arreglo por 40% de la demanda era beneficioso.

Cuando el subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli, regresa de vacaciones, conoce el decreto firmado por Matte. Cuestiona el sustento para cancelar ese monto y se lo hace ver a la ministra. El decreto aún estaba bajo tramitación en otros departamentos, por lo que Matte decide paralizarlo. Se define solicitar un estudio al Idiem (de la Universidad de Chile), Matte encarga un sumario al interior del Serviu y se informa al Consejo de Defensa del Estado.

El 7 de marzo, el senador Navarro solicita un dictamen a la Contraloría “respecto de la legalidad y probidad de la conducta” de la ministra y del director del Serviu.

El jueves 7 de abril, el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, se reunió con el contralor Ramiro Mendoza. En La Moneda están preocupados por la resolución que emitirá el organismo. Dentro de unos 10 días se espera que Contraloría emita un preinforme por la denuncia de Navarro. Conocedores de esta arista señalan que en éste se establecerá la responsabilidad administrativa de funcionarios del Serviu. Y si hay delito, agregan las fuentes, entregarán los antecedentes al Ministerio Público. Un paso que la propia ministra Matte dio el viernes.

Fuente: La Tercera

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