La Reconstrucción

Imagen: elciudadano.cl
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esperamos el discurso del Presidente respecto de la reconstrucción el 21 de mayo. Ya se van a cumplir tres años y, por cierto, tres inviernos de los damnificados por el terremoto. ¡Tres inviernos, y en Dichato, en Talcahuano y en Chiguayante las casas en una construcción recién primaria!

Existen, señor Presidente, proyectos de reconstrucción ya terminados y otros en avanzada preparación y que aún no tienen resolución de adjudicación ni reserva de recursos.

Se estima que al menos hay 14 proyectos CNT identificados, que suman alrededor de 2 mil 800 familias que se encuentran en esta situación (CNT en preparación que quedan en el aire).

Para estos proyectos se ha planteado que deben ser reconvertidos al nuevo Decreto para familias vulnerables: el decreto supremo 49. Sin embargo, esto no tiene ninguna posibilidad real de efectuarse.

Por otra parte, se postularon muchas familias al subsidio AVC, de damnificados durante el mes de diciembre, que aún no reciben su subsidio.

Si sumamos a estas familias aquellas que tienen su subsidio otorgado en comunas donde ya no hay viviendas usadas para adquirir (AVC otorgados sin viviendas para adquirir), estamos en un grave problema.

Finalmente, existe una gran cantidad de familias vinculadas a proyectos en sitio propio, que se encuentran en situación aún sin resolver.

Hay una gran cantidad de familias que no pueden resolver su situación en el sitio en que originalmente postularon o pretendieron hacerlo. No alcanza la plata.

Hubo familias hábiles, con proyectos evaluados técnicamente por las EGIS, y que no reciben subsidio porque los subsidios se agotaron. Se agotaron los subsidios, teniendo todas las condiciones para postular.

Estimamos, entonces, que la suma de estas situaciones involucra aproximadamente a 7 mil 500 familias, que se encuentran en una situación muy frágil e inconfortable, ya que aún esperan que el Ministerio les asigne los subsidios asociados a su situación. Y entendemos que esto no será así. De allí la gravedad.

¿Qué es el decreto 49? Este decreto impone mayores exigencias a las constructoras, a las EGES, y sube la calidad de la vivienda. Lo que es muy bueno.

En muchas comunas de la Región del Biobío el subsidio baja. En 32 comunas el subsidio disminuye. Estas 32 comunas acogen el 91 por ciento de la población regional, y son aquellas comunas donde el déficit es mayor. Mientras que en las comunas en que el subsidio sube -que es importante-, son marcadamente rurales y con poca población, que acogen al 9,1 por ciento de la población total regional.

Es decir, tenemos un decreto 49 en donde el 90 por ciento de los subsidios disminuye -donde está la gente, la gran concentración-, y claro, sube lo rural. ¡Bienvenido por lo rural! Pero es solo el 10 por ciento.

Este decreto no consideró el número de mano de obra y costos de los mejoramientos urbanos, el cual ha sido explosivo en el último año. Gran demanda; hay pocas constructoras; toda la mano de obra empleada. Los carpinteros suben, por cierto, sus remuneraciones, todos los operarios, los maestros concreteros, en fin. Sin embargo, este aumento de costo viene produciéndose hace 3 o 4 años vinculado a la vivienda social, producto de los mejoramientos y mayores exigencias que se han hecho para aumentar la calidad de la vivienda.

Estimamos que los nuevos procedimientos que se instalan, las mayores exigencias constructivas de calidad, la bajan en el monto del subsidio máximo disponible. Y el aumento del costo de terreno, habilitación y mano de obra van a tener impacto sobre el subsidio.

Este subsidio para familias vulnerables será de muy difícil aplicación en las 32 comunas con población urbana en que el monto se reduce.

Este nuevo instrumento, el decreto supremo 49, en comparación con el decreto que hay para la clase media, es muy complicado de operar. Baja el monto del subsidio disponible para los proyectos de urbanización y suben los requisitos a los más pobres para que puedan tener opción de seguir teniendo proyectos. Es decir, con ahorro mayor.

Señor Presidente, aquí se va a obligar a la gente…

Este es el decreto 49, que debiera ser el decreto bancario. Se obliga a los beneficiarios a endeudarse. Claro, aumenta el subsidio hasta mil UF. ¡Clase media, bienvenido! Pero solo les vamos a dar 500. Es decir, van a tener que endeudarse por las 500. ¿Y dónde? En el sistema bancario. En el sistema bancario que ha tenido, en el primer trimestre de lo que va del año, 431 mil millones de utilidades -898 millones de dólares-. O sea, utilidades cuantiosas.

La banca lidera el sector de utilidades en el área empresarial en Chile. Y, por tanto, este decreto, en comparación con lo que hay para la clase media, es más complicado y va a ser más difícil de operar, por lo que pensamos que hay que desfocalizar. Es más fácil y, proporcionalmente, hay más recursos para la clase media. Es más difícil y, proporcionalmente, los recursos bajan para los más pobres.

Señor Presidente, hay cuadros con las comunas de disponibilidad de subsidio -que tengo en mi mano- y el panorama es bastante desolador.

Creemos que este es un decreto que ha elaborado el señor Ministro. No sé si han evaluado las implicancias, pero obligar al endeudamiento es hacer funcionar el sistema bancario.

Este es un decreto ideológico. Este es un decreto pensado no en el subsidio, en el apoyo, sino que es pensado en cómo se mueve el sector financiero y el sector de equipamiento, el sector habitacional, el sector de la construcción, por cuanto va a obligar a las familias a endeudarse. No tenemos resuelta la regulación de la banca para que tenga intereses acorde a la capacidad de endeudamiento de las familias. Y lo que tenemos, entonces, es un sistema que va a afectar, a lo menos, a 10 mil familias que tenían subsidios y que van a enfrentar una cosa diferente a lo que se les prometió.

Yo les pido al señor Ministro. El señor Ministro ha dicho que ha recogido todas las observaciones que hemos desarrollado, y yo me alegro. Ha recogido. Le hemos presentado muchas observaciones. Sin embargo, este decreto nos sorprende, nos sorprende porque cambia las reglas del juego. Se las cambia a las empresas, se las cambia a las familias. Y nos sorprende porque, en definitiva, aquellas familias que tuvieron la oferta de un subsidio, les va a cambiar la situación cuando vayan al mercado a tratar de conseguir la construcción.

Y, por tanto, aquí se alabó, se publicitó: 200 mil subsidios entregados.

La verdad, señor Presidente, que yo pediría al señor Ministro, con mucho respeto, de que nos pudiera informar exactamente cuántos son los subsidios asignados por Región, por comuna, y cuántos son los subsidios realmente utilizados. ¿Cuántos están hoy día en operación práctica de construcción? Porque esa es la cifra que vale.

Y, por cierto, que nos aventure…

Yo recuerdo la discusión del SIPCO con el Ministro Felipe Larraín. Desde este mismo pódium, banco, pupitre, le dijimos: Ministro, no va a funcionar el SIPCO. Es una aventura ir al mercado a contratar un seguro. Más bien que esto que se le ocurre a usted, que es de Harvard -no se le ocurrió a Andrés Velasco que era de Harvard-, y el Fondo de Estabilización del Petróleo era más seguro.

Entonces, la pregunta es si va a funcionar el 49 y cuáles son los efectos que va a tener.

Como esto es discrecionalidad del Gobierno, es un decreto supremo, no es ley -y esto es buenos que lo sepan los beneficiarios-, no es una ley que discutamos en el Parlamento. Esta es decisión del Ministro. El Ministro y sus asesores definen la política habitacional. Y este Gobierno la ha variado de manera radical. Ha sido la política de los bandazos. Y hoy día nos presentan un decreto 49 que borra las reglas del juego, establece más endeudamiento, obliga a las familias que ya tenían subsidio a endeudarse, cuando le ofrecimos una vivienda nueva por la destrucción total. En definitiva, altera las reglas del juego y nada dice que, efectivamente, vaya a mejorar la calidad. Porque tenemos una presión enorme sobre las actuales constructoras.

Señor Presidente, los subsidios máximos establecidos no van a ser suficientes para cubrir hoy día una vivienda de calidad.

En Coliumo los subsidios alcanzaron 1.200 UF. Y por tanto, claramente, va a haber una casa palafito.

En el caso de Cosmito, en Penco, proyecto entregado el 26 de febrero, por la constructora Vanrom, fueron 939 UF. Hubo un ahorro de 200 mil pesos provenientes de las familias. Se ha creado allí una situación compleja.

Yo pido que también el Ministerio nos pueda informar detalladamente sobre esto, porque las familias están reclamando que las terminaciones no cumplieron lo acordado. Estuvimos en la inauguración con el Ministro. Claramente hay problemas de ventanas, puertas, cielos, llaves de agua, cajas de escala, bajadas de agua, artefactos sanitarios, lavaderos, enchufes, calefón, tabiquería.

Pero yo quiero llamar la atención sobre los montos.

La construcción de vivienda en sitio propio, en Tomé, por ejemplo, cuyo 80 por ciento de su superficie es de cerro -lo mismo que en Penco-, no alcanza el subsidio. Y, por lo tanto, de las 600 viviendas que debieran ser reconstruidas, no se han construido más de 60. Y a las constructoras pequeñas no les da, no les da los números.

Y, por tanto, no se han construido ni se van a construir si no hay un reenfoque de la asignación de subsidios. Y este reenfoque, que beneficia las comunas rurales -¡y bienvenido!-, lo que hace es disminuir el subsidio para las 32 comunas urbanas.

Y yo quiero saber cuál va a ser el impacto en las viviendas con sitio propio que tienen el subsidio en la mano y que, hoy día, efectivamente, no han podido construir porque no hay empresas disponibles que asuman, porque no les da. Les van a hacer la casa más chica.

Quiero recordar que la mayoría de los que perdieron su vivienda en Tomé tenían casas muy superiores, más grandes que los 60 metros que se les ofrece, de los 56 metros.

Es por eso, señor Presidente, de que es necesario que el Ministro pueda aclarar los alcances de esta nueva legislación, el decreto supremo 49, que permite más movilidad, que permite que también los comités de allegados vayan y contraten y compren terrenos con las empresas. ¡Pero ese es el sistema de los allegados! Ese es un sistema de mayor flexibilidad que posibilita una acción dinámica, pero que también tiene más riesgos. En muchos casos, los comités de allegados se han visto estafados pro empresas inescrupulosas o por dirigentes inescrupulosos. Yo siento que allí tiene que haber un acompañamiento que evite esta situación y tengamos que lamentar que el sueño de la casa propia se vea frustrada o el dueño de la casa nueva, destruida, se vea frustrado tanto por las empresas inescrupulosas, tanto como por dirigentes inescrupulosos. Porque ahí tiene que haber un acompañamiento permanente.

Señor Presidente, yo solo espero de que los damnificados de mi Región, particularmente, los damnificados de Coronel, no tengan que esperar para su vivienda definitiva, porque en el caso de Coronel hay comités que quedaron fuera por no haber ingresado la EGIS -la EGIS particular a la que se le pagaba- la documentación del proyecto a tiempo.

Ha habido protestas frente al SERVIU.

El plazo del decreto especial 174, para la construcción, que fue creado principalmente a raíz del terremoto, ya había terminado, pero no ingresaron todos los que estaban afectados.

Por lo tanto, el Gobierno y el Ministerio de la Vivienda, la pregunta que tienen que hacerse: ¿Los plazos son para cumplir con algo o alguien, o los plazos una mera referencia? Porque la meta… Y esta discusión entre plazos y metas hay que abrirla. El Gobierno debiera tener meta. Hacer la reconstrucción de todo lo afectado, darle casa nueva a todos los que se les destruyó su casa. Y no con un planteamiento administrativo dejar a 480 familias, que esperaban contar con la pronta entrega de sus viviendas, traspasadas para el 2014.

Entonces, señor Presidente, solicito la mayor información al Ministro y, a su vez, aprovecho de señalarle, tal como se lo he señalado personalmente al señor Ministro de la Vivienda, de que en el caso de la población o en el sector Villa Futuro, en Chiguayante, el mecanismo de indemnización ha sido un desastre. Lo he repetido diez veces en este hemiciclo. Se les pagaron 10 millones a las personas como indemnización para que dejaran sus departamentos. No se hizo resguardo alguno. Señor Presidente, ¿qué cree usted que ha sucedido? La gente se gastó en marzo la plata y algunos que tenían 10, les quedan 7. Y cuando tengan que ir a comprar vivienda no les va a alcanzar. Creo que fue un error, un craso error haber dejado estos fondos disponibles, que eran para la adquisición de viviendas, a la libre disposición de familias con una enorme necesidad.

Allí no ha habido negligencia ni abuso. Ha habido la necesidad y “La necesidad tiene cara de hereje”. Porque cuando no hay comida, cuando no hay vestimenta para el colegio de los niños se usa, se usó la plata destinada para la vivienda.

Y, a su vez, yo quisiera que se hiciera llegar esta intervención, señor Presidente, también al Intendente Regional, al Director del SERVIU y como la ONEMI la verdad, salvo la Región del Biobío que tenemos una ONEMI más o menos “paradita”, pero en el resto del país es un desastre, señalar de que alguien tiene que resolver la situación de los departamentos de Villa Futuro, porque a la gente se la está obligando a pasar de los campamentos a los departamentos declarados inhabitables. Y eso alguien tiene que responsabilizarse. Esa gente salió de los departamentos porque estaban inhabitables y ahora se les dice: “Regresen a los departamentos porque queremos eliminar los campamentos, las denominadas “aldeas””.

Esa no es la forma de terminar con las aldeas. Alguien tiene que asumir la responsabilidad del riesgo y yo siento que es ilegal -y estamos en la evaluación- de que a la gente se le obligue, “porque si no te vas te pasamos un subsidio de arriendo por tres meses, un año”, señor Presidente, 150 mil pesos, en circunstancias de que en la Región del Biobío no arriendas nada con 150 mil, porque hemos perdido miles de viviendas. Se fueron a las nubes los arriendos.

Esta propuesta la hicimos a principios de marzo del 2010, donde había posibilidad de negociación en la contratación de arriendos masivos con la certeza de pago del Estado. Y, en este sentido, señor Presidente, tenemos dos problemas: la gente se está gastando el dinero; dos, los departamentos inhabitables han vuelto a ser ocupados y alguien tiene que responsabilizarse.

Y esa responsabilidad tiene que ser del Ministerio de la Vivienda, quien ha presionado para que la gente vuelva de la mediagua, del campamento declarado inhabitable. Se ha abierto un gran debate en la Región del Biobío sobre los certificados de inhabitabilidad. Yo solo quisiera reafirmar lo que la Contraloría hace algunos días dijo: examinados los certificados de inhabitabilidad de la Aurora de Chile, el 20 por ciento de los certificados son falsos; son certificados de inhabitabilidad para casas que podían ser reparadas. Y en el caso de Centinela II en Talcahuano, señor Presidente, se ocultó el informe de IDIEM que declaraba reparables los departamentos y se procedió a su demolición.
Este es un debate que debiera llevar al señor Intendente no a valorar el informe de la Contraloría, sino a investigar. El Intendente está para investigar cuando hay un delito. Y la falsificación de certificados de inhabitabilidad es un delito. Y el señor Intendente, por quien tengo mucho aprecio, creo que se ha equivocado en sus expresiones al valorar estos informes, porque exculpan a una determinada autoridad.

Señor Presidente, pido que copia de mi intervención sea enviada al Intendente de la Región del Biobío, al señor Ministro de la Vivienda, al Director del SERVIU de la Región del Biobío, a los comités de la reconstrucción de toda la Región del Biobío, junto con el Seremi de la Vivienda, porque este es un debate que queremos hacer amplio, público y abierto, porque todos estamos interesados en sacar adelante la reconstrucción y estos elementos pueden ser superados si hay voluntad y decisión.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

¡Nueva Constitución, ahora!

He dicho.

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