cayuhan_lorenza

Por senador Alejandro Navarro Brain

“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, señala el artículo número uno de la Constitución Política de Chile, sin embargo, no todos los chilenos y chilenas nacen en ejercicio de este derecho: se trata de los niños y niñas, hijos de mujeres privadas de libertad.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por Gendarmería en su página web , en Chile hay 3.430 mujeres imputadas o condenadas en una cárcel, lo que corresponde a casi el 5% de la población penal total. De ellas, casi un 90% son madres, y el 50 % tienen hijos menores de edad.

Actualmente en nuestro país hay 171 mujeres que se encuentran embarazadas o que tienen hijos, que viven junto a sus hijos dentro de las cárceles hasta los dos años del niño o niña.

Si bien, existen al interior de las cárceles dependencias especiales, llamadas Residencias Transitorias, a la luz de un informe elaborado por el Colegio Médico, estos espacios en ningún caso cumplen con las condiciones mínimas para el desarrollo saludable de la relación madre-bebe.

Este será el destino de Sayén Nahuelán, hija de Lorenza Cayuhan, presa política mapuche, quien llegó a este mundo mientras su madre se encontraba engrillada de los pies y en presencia de dos gendarmes, en un caso que causó revuelo nacional y que fue condenado por la Corte Suprema.

El Máximo Tribunal dictaminó que se violaron sus derechos humanos, su dignidad como mujer, se le discriminó, solo por el hecho de ser mapuche.

Pero eso no es todo, pese a que Sayén nació en estado prematuro pesando solo 1.8 kilos, a los dos días de nacida, Gendarmería había dispuesto su separación, dejando a la bebe en la clínica y trasladando a Lorenza hasta la cárcel, situación que reveló la ausencia de protocolos con enfoque de género al interior de Gendarmería.

Esta nueva vulneración fue revertida gracias a un recurso de protección que interpusimos (Rol 20.145-2016), el que ha permitido que Sayén permanezca junto a su madre en la clínica sanatorio Alemán durante los últimos tres meses, con el fin de garantizar el apego y el amamantamiento a libre demanda de la bebé, estímulos vitales para todo ser humano.

En el marco de este recurso de protección, solicitamos que el Colegio Médico evalúe las dependencias donde sería trasladada Sayén, diligencia que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción, a raíz de lo cual el gremio médico concluyó que la cárcel de Arauco no es apta para el desarrollo de un bebé.

La entidad argumentó en su informe que el eventual traslado de Sayén a la cárcel, significaría dejar a la bebé en una condición de vulnerabilidad, sin servicios de salud mínimos, sin personal médico capacitado para tratar a una bebe prematura, con condiciones de insalubridad en el almacenamiento de los alimentos, sin las condiciones de habitabilidad, con perros callejeros que circulan por los mismos espacios donde se elaboran los alimentos, entre otras graves observaciones de las que dan cuenta.

En este sentido, el caso de Sayén abre el debate respecto a la relación madre-bebé dentro de las cárceles, especialmente respecto de los efectos que conlleva la privación de libertad en los niños y niñas, situación que motivó que junto a la Fundación Humanas y ONG Leasur presentáramos un proyecto de ley que busca suspender la sentencia penal o dictar la improcedencia de la prisión preventiva respecto de mujeres embarazadas, o de aquellas que tengan hijos o hijas menores de tres años.

Tengo la convicción de que Chile debe adecuar sus políticas penitenciarias a fin de permitir que la relación madre e hijo se desarrolle en un ambiente saludable y se restablezca el derecho de esos 171 niños y niñas menores de dos años que viven hoy en las cárceles, por lo que esperamos que la presidente Michelle Bachelet y en todos los sectores políticos exista la comprensión, de que al igual que lo que ocurre en el SENAME, esta es una problemática que debe ser abordada desde el punto de vista legislativo de forma urgente a fin de garantizar el interés superior de los niños y niñas.