Lorenzo Soto:”Este proyecto constituye el peor de los escenarios posibles”

El mismo profesional que logró paralizar dos termoeléctricas en Punta de Choros, patrocina nueva acción legal y acusa perjurio por parte de Endesa.

Como el inicio de “un largo camino de acciones judiciales y legales”, definió ayer el abogado Lorenzo Soto la querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de Coronel, contra Endesa, por el eventual daño que habría ocasionado la marcha blanca de la central Bocamina II en la comuna minera.

Lorenzo Soto, reconocido por haber interpuesto acciones legales de este tipo contra los proyectos termoeléctricos de Farellones y Barrancones en Punta de Choros, destacó además que lo novedoso de este libelo es que busca ampliar el espectro penal a otro tipo de delitos.

Es por lo anterior que la parte querellante cree que el resultado de la acción legal será un gran juicio, en el que confluirán otras partes.

La querella, patrocinada por Soto, obedece a lo expuesto por un grupo de pescadores y algueras de la caleta Lo Rojas. En reiteradas ocasiones los dirigentes Luis Villablanca y Marisol Ortega, han señalado que la marcha blanca de Bocamina II ha generado un serio daño a las especies marinas de la bahía de Coronel. Esto significa en concreto que, desde su punto de vista, las emanaciones de agua caliente desde la termoeléctrica y la succión de biomasa por parte de un ducto correspondiente al sistema de refrigeración de la central están castigando severamente su fuente de trabajo. Por lo mismo, solicitan indemnización a la empresa.

Endesa ha dicho que sólo la justicia podrá determinar si es que son necesarias las reparaciones económicas.

Perjurio

Según explicó el abogado que patrocinó la querella, Lorenzo Soto, cuando apuntó a que se ampliarían los delitos con la querella, se refería a que existiría un eventual perjurio por parte del gerente de Endesa.

“Estamos pidiendo que se investigue el delito de perjurio, que significa haber mentido, por parte de una declaración jurada que realizó el gerente general de Endesa, dado que la declaración medioambiental que ellos presentaron, en el proceso de optimización, implica una declaración jurada de que no habrá efectos ni consecuencias ambientales como las que se conocieron”, puntualizó el profesional.

A las consecuencias que se refiere el representante en la justicia de los pescadores y algueras de la caleta Lo Rojas de Coronel, es “la matanza masiva de especies hidrobiológicos al interior de la central y en las zonas de los ductos de succión y descarga”.

Adelantaron que las pruebas que presentaron en el Juzgado de Garantía, son similares a las que ingresó la abogada Paula Villegas hace unas semanas. En esa oportunidad se hicieron públicos dos polémicos videos que constataban la succión de biomasa por parte de Bocamina II. Endesa reconoció que esos videos fueron captados al interior de su central, pero, aseguraron haber corregido la situación.

Marcelo Álvarez, gerente de proyectos y vocero de Endesa señaló que “no tenemos notificación de esta querella, no la hemos leído y ni siquiera sabemos el alcance”.
objetivos

Lorenzo Soto reconoció que uno de los objetivos de todas las acciones que emprenderán será paralizar la entrada en vigencia de la segunda etapa de Bocamina. Hasta el momento, la fase II del proyecto termoeléctrico de Endesa está en marcha blanca.

El abogado reconoció, eso sí, que “no mediante esta vía. Prontamente ustedes conocerán la forma en que haremos efectiva la paralización, por la vía legal. Hoy lo que nos convoca es sólo la querella criminal”.

No se descarta que un recurso de protección sea el mecanismo escogido para paralizar a Bocamina.
Sin embargo, en la actualidad, el objetivo es perseguir “responsabilidades criminales de los ejecutivos, operarios o personas con participación, en calidad de autores, cómplices o encubridores”.

“Especialmente grave”

Consultado sobre la similitud del conflicto social que se registra en Coronel, con los otros en que ha participado como abogado ambientalista, Lorenzo Soto explicó que éste es “especialmente grave”.

Soto describió que en “Barrancones, donde participé como abogado de las comunidades de pescadores, fue bajada (la central) por las autoridades, estando a 30 kilómetros de distancia de los sectores más poblados. Hoy la central Castilla, está tratando de contar con la venia de las autoridades y de los afectados, en circunstancias de que el poblado más cercano está a 25 kilómetros. Se comprenderá que aún así esos proyectos cuentan con serias posibilidades de no ejecutarse”.

El abogado añadió que “un proyecto que hoy está construido y en vías de funcionar en forma oficial, en medio de un centro poblado, constituye el peor de los mundos y los escenarios posibles, en el marco de lo que uno debe entender como un modelo sustentable de desarrollo. Esta empresa vulnera los principios más básicos de ese modelo”.

Investigación de oficio

Hace dos semanas se conoció que el Ministerio Público inició una investigación de oficio por eventual daño medioambiental a la bahía de Coronel, debido al accionar de la marcha blanca de Bocamina II.

Las indagatorias son llevadas adelante por la Fiscalía de Talcahuano a través de la fiscal Ana María Aldana, especialista en caso medioambientales.

Ante la consulta de los avances que lleva esta indagatoria, en el Ministerio Público establecieron que al estar en etapa investigativa todas las diligencias están bajo absoluta reserva.
Durante toda esta semana, funcionarios de la PDI de Coronel han llevado adelante varias diligencias solicitadas por el Ministerio Público, para recabar antecedentes sobre el supuesto daño que habría ocasionado Bocamina II.

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