“Los investigadores privados están en una tierra de nadie”

Senador Navarro ante “Caso Rocha”

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Senador anuncia proyecto de ley para acabar con el “far west” de los James Bond chilenos.

El Senador socialista Alejandro Navarro, anunció la presentación de un proyecto de ley que regule la actividad de los investigadores privados. Para Navarro “esta actividad no es ilegal, pero debe estar sometida a fiscalización de un ente responsable, que regule los marcos de su desempeño, acatando la ley, los derechos humanos, y respetando la privacidad y seguridad de las personas”

El parlamentario señaló que “ya han aparecido los videos de Verónica Espinoza con el ex martillero Jaime Oliva. Corresponderá a la justicia establecer si existe algún grado de participación en los hechos de Dante Yutronic, quien ya ha enfrentado las instituciones judiciales por supuestos delitos en el ejercicio de su actividad”

Navarro argumenta: “La actividad de los investigadores privados se encuentra regulada en diversos países, como España, en leyes y reglamentos especiales. La idea es que la actividad tenga una regulación similar a las de las empresas de guardias de seguridad y los vigilantes privados. La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada de Ecuador No. 2003-12, de 22 de Julio del 2003, regula a los vigilantes e investigadores privados en una misma ley. Lo mismo ocurre en Costa Rica, mediante la DECRETO LEGISLATIVO Nº 8395 sobre SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS”

Para el legislador, “los investigadores privados realizan acciones tales indagación de infidelidades, protección de personas, infiltramiento, búsqueda de objetos o de personas, y también misiones especiales. La idea es que esta actividad, tan riesgosa, y a veces ejercida al filo de la ley, no se convierta en una fuente de violaciones de la norma y de los derechos de las personas. No puede tolerarse que el investigador privado ejerza su trabajo cometiendo ilícitos tales como el porte ilegal de armas, intervención de teléfonos, usurpación de nombres y de profesiones, invadir bases de datos confidenciales (delitos informáticos), extorsión o chantaje y eventualmente fraude”

Navarro postula la existencia de controles preventivos, y un ente fiscalizador, así como requisitos para ejercer la actividad, inhabilidades y otros. Así, propone que “sólo deberían ejercer la actividad quienes se encuentren autorizados por la autoridad pública, que creemos que debe ser investigaciones de Chile. Asimismo, en la autorización deben fijarse las condiciones de desarrollo de la actividad de acuerdo a la ley y al reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, el ejercer la actividad sin los permisos correspondientes, debe constituir delito penal. Cualquier infracción a las condiciones impuestas por la autorización de funcionamiento y operación, así como a instrucciones de procedimiento, se debería sancionar con una multa respectiva. Si estas infracciones, además, constituyen delitos, se sancionará la conducta penalmente en conjunto con la multa”.

Junto con ello, el parlamentario cree que “deben existir requisitos de las empresas de Investigadores privados, tales como contar con personalidad jurídica, con las autorizaciones respectivas, ingresar al Registro respectivo, acreditar la idoneidad cívica, moral y profesional de sus dueños y personal, contratar un seguro de vida en beneficio del personal, disponer de las instalaciones físicas y técnicas propias suficientes para el desarrollo de su actividad y de las capacitaciones respectivas, así como cumplir las instrucciones sobre de procedimiento impartidas por Investigaciones de Chile (por ejemplo, reportes periódicos)”

Paralelamente, Navarro propone crear inhabilidades, tales como que “no podrán ejercer la actividad ex funcionarios de Carabineros e Investigaciones sancionados por delitos de cohecho, narcotráfico, ni procesados o condenados con pena aflictiva (3 años y un día). Tampoco deberían ejercer de investigadores privados los ex-miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de baja por la comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos competentes, y que comprometan gravemente su idoneidad moral, de acuerdo a un Reglamento. Tampoco deberían sostener estas empresas ni ser sus socios las autoridades del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, ni miembros en servicio activo de las FFAA y de Orden e Investigaciones de Chile”.

El parlamentario cree que “estos requisitos no son gravosos, pues no anulan la actividad, sino que le otorgan transparencia y legitimidad. Los mismos controles se aplican hoy a los vigilantes privados y loa guardias de seguridad, así que lo que postulamos es razonable”.

Para Navarro, “los investigadores privados deben ser colaboradores de la justicia. Queremos que sean funcionarios auxiliares de la administración de justicia, pero sólo una vez que se sometan a esta regulación. No basta la acreditación que les otorga la Defensoría Penal Pública, pues esta abarca a unos cuantos peritos investigadores, no a todos. Los requisitos de idoneidad moral deben ser resguardados por una fuerte institucionalidad, a manos de Investigaciones de Chile”

El senador anuncia una visita este jueves con el Director nacional de Investigaciones para presentarle estas propuestas, y analizar en conjunto las consecuencias de una ley de esta naturaleza.

Prensa Oficina Parlamentaria

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