MARTES 07 SE VOTA EN LA COMISION DE PESCA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EL PROYECTO DE LEY TRANSITORIO DE PESCA

Mensaje de S.E. el presidente de la Republica con el que se indica un proyecto de ley que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías indrustriales nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal.

ley_de_pesca

SANTIAGO, agosto 29 de 2000
M E N S A J E Nº 176-342/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS.

Someto a la consideración de esa Honorable corporación, un proyecto de ley que establece por un período de dos años la aplicación de una medida de administración denominada Límite Máximo de Captura por Armador a las principales pesquerías nacionales y que regulariza la inscripción en el Registro Artesanal de un importante número de pescadores y embarcaciones que ejercen actualmente la actividad al margen de la legalidad.

I. ANTECEDENTES BASICOS.

1. Aspectos generales.

La actividad pesquera nacional atraviesa una difícil coyuntura económica y social producto de la crisis que ha afectado a las pesquerías más importantes durante los últimos años.

Dicha situación obedece, fundamentalmente a una legislación que ha incentivado a los diferentes agentes que participan en las distintas pesquerías a establecer líneas de acción que han generado varios problemas. Entre otros, cabe mencionar la explotación irracional de los recursos pesqueros; la exagerada sobreinversión en esfuerzo de pesca; la política extractiva de los recursos absolutamente contraria a un desarrollo armónico que optimice las ventajas comparativas del país; la política de objetivos de corto plazo en la que se procesa la materia prima sin maximizar un adecuado valor agregado, y la inestabilidad laboral, con empleo temporal y gran inseguridad social.
La experiencia recogida en el curso de los últimos años ha permitido conocer las enormes limitaciones que la actual legislación pesquera impone para una adecuada administración de las distintas pesquerías, lo cual genera ineficiencia operativa, económica y social a los distintos agentes involucrados en la actividad pesquera.

Aun cuando ha sido posible implementar medidas de ordenamiento y asegurar en el corto plazo algunos propósitos básicos de conservación de los recursos, la mantención del empleo y de las empresas, ha quedado en evidencia que los mecanismos regulatorios de la legislación pesquera actual no permiten el logro de estos mismos objetivos en el mediano y largo plazo para toda la actividad pesquera.

2. Desarrollo pesquero.

La evolución de la pesca en Chile y del marco regulatorio que la rige, se puede explicar, en términos simples, a partir del concepto de libertad de pesca y de las iniciativas públicas y privadas destinadas a utilizar estos recursos en este escenario.

A partir de estas características, se generó un importante crecimiento de la actividad pesquera, en conjunto con un avance tecnológico de alto nivel. Sin embargo, en este marco hubo experiencias en las que recursos de alto valor fueron sobreexplotados y, luego del auge, sobrevino un colapso, cuya recuperación tomará muchos años.

Una mirada en retrospectiva, lleva a concluir, por una parte, que la falta de regu-lación adecuada no aseguró la sustentabilidad de los recursos y, por otra, que la rentabilidad de la actividad fue decreciente. Dicha dinámica, de mantenerse en el tiempo, lleva inevitablemente a la desaparición de la actividad pesquera.

3. La flota.

La historia muestra que lo primero que se regula en períodos de crisis, es el crecimiento de la flota pesquera. Ante evidencias de pesca excesiva, no sustentable, se intenta evitar el problema controlando el esfuerzo pesquero.

Sin embargo, en casi todos los casos, esta política no ha resuelto el problema o se han creado fuertes ineficiencias.

Efectivamente, aunque el control trate de equilibrar el esfuerzo con la disponibilidad de recursos, existe el incentivo implícito empresarial de aumentar la capacidad de pesca mediante distintos mecanismos tecnológicos. Con ello se vuelve al ciclo en que el esfuerzo no tiene correspondencia con la cantidad decreciente o, a lo más, constante de los recursos pesqueros.

Un mecanismo posible sería prohibir la sustitución de barcos antiguos por nuevos. Pero ello genera una desventaja económica peligrosa en una economía globalizada, en la que se compite con otras flotas más eficientes.

La experiencia de Chile en diversas pesquerías, ha sido muy dura. En el norte del país, por ejemplo, a partir del desarrollo temprano de la industria orientada a la anchoveta y sardina para la producción de harina de pescado, se llegó a situaciones de sobreinversión y quiebras, con grandes costos públicos y privados. La actividad industrial que allí existe, ha debido pasar un largo proceso de ajustes.

Por otra parte, en la pesquería demersal sur austral, se produjo una fuerte sobreexplotación a fines de la década de los ochenta. Los niveles actuales de pesca son de alrededor de un cuarto de lo que fueron en esa época.

En el caso de las pesquerías pelágicas de la Zona Centro Sur (jurel, sardina y an-choveta), que representan más del 60% del total de capturas del país, hubo un fuerte crecimiento de la flota pesquera y una pesca excesiva durante la década del 90. Ello ha llevado a la autoridad a establecer medidas cada vez más drásticas, en que los principales recursos han estado sometidos por largo tiempo a vedas para evitar el colapso definitivo de la pesquería.

Lo anteriormente expuesto conduce a la necesidad de contar con nuevas formas de administración de los recursos pesqueros que permitan una mejor solución para algunos casos de trascendencia esencial para este sector económico.

II. REQUERIMIENTOS LEGALES.

1. Actividad industrial.

Existe consenso en que la actual Ley de Pesca y Acuicultura ha quedado obsoleta. Carece de los mecanismos de regulación adecuados a los distintos agentes que operan en las pesquerías, y que requiere una profunda modernización que actualice sus instrumentos en concordancia con el desarrollo de la actividad y de las políticas pesqueras internacionales. Se requieren, desde ya, reformas que potencien tanto el funcionamiento de los mercados, como la cantidad y calidad de los factores de operación pesquera; por ello, el desafío es mejorar los fundamentos de los modelos biológicos y de economía pesquera con objetivos de mediano y largo plazo. Conjuntamente con ello se debe avanzar en el camino de una menor regulación, pero más apropiada.

Sin embargo, existe conciencia que un proyecto de esta envergadura, requerirá un gran acuerdo nacional, que involucra no sólo a los actores que participan en la actividad pesquera, sino que toda la sociedad, por cuanto los recursos hidrobiológicos renovables existentes en el mar, sin lugar a dudas, serán un motor fundamental en el despegue y conversión de Chile en un país desarrollado hacia el año 2010.

Por esta razón, y reconociendo que las materias a debatir no sólo serán de contenido pesquero, sino también constitucionales, legales, ambientales, económicas y sociales, entre otras, el proyecto de modernización de la legislación pesquera deberá seguir un trámite de entendimiento nacional, y particularmente legislativo, que significará un mediano plazo para su materialización.

Por ello, es imprescindible que, mientras madure el proceso de reforma profunda a la legislación pesquera actualmente vigente, a través del presente proyecto de ley se modifique, transitoriamente por un plazo de dos años, la actual Ley General de Pesca y Acuicultura, introduciendo las reformas necesarias que hagan factible la conservación de los recursos, la sustentación de la estructura in-dustrial existente, maximizando la operación de la mayor cantidad de activos pesqueros, optimizando la estabilidad y calidad de la fuerza laboral, promoviendo la reestructuración del sector, privilegiando y fortaleciendo la competitividad y valorando adecuadamente los recursos que se extraen del mar.

Con estas reformas se apunta a colocar los incentivos en la dirección correcta, de manera tal que se privilegie el aumento del valor de los productos pesqueros por encima del aumento de extracción de recursos.

Esta iniciativa también tiende a evitar los conflictos entre conservación y explotación que hoy día se presentan en la toma de decisiones, y a disminuir la injerencia de la autoridad administrativa en las decisiones que deberán ser eminentemente privadas. Asimismo, permite eliminar algunas regulaciones que obligan al sector productivo a mantener ineficiencias en su interior. En consecuencia, genera nuevas posibilidades de solución de conflictos e intereses entre los agentes privados del sector, sin requerir siempre la intervención de la autoridad administrativa.
2. Actividad artesanal.

En el Titulo IV de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1991, se encuentran contenidos los elementos centrales que regulan la actividad pesquera artesanal, en términos del régimen para acceder a la actividad extractiva, como también las medidas de administración o suspensiones de acceso aplicables a dicha actividad.

Entre ellas se destacan el área de re-serva para la pesca artesanal, el Registro Ncional de Pescadores y Embarcaciones Artesanales, las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y mecanismos de sustitución de naves y reemplazo de inscripción de pescadores.

Adicionalmente, por la vía reglamentaria de la ley, se establecieron las condiciones y mecanismos para la sustitución de embarcaciones artesanales en pesquerías con acceso suspendido, así como también la forma y condiciones para la entrega de información de la actividad pesquera.

Tanto las pesquerías como los actores sectoriales, pescadores artesanales, involucrados en ellas, son de una alta dinámica, respecto de sus componentes así como de sus integrantes y objetivos. Esta dinámica fue recogida parcialmente al dictarse la ley pero, con el correr del tiempo, la actual normativa ha demostrado su incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones e incluso para la adecuada aplicación de las normas ya establecidas, en virtud de su rígida estructura.

Para resolver lo anterior, es necesario cambiar la actual normativa, esto es el Título IV de la ley y su reglamento asociado, incorporando mayor flexibilidad, que permita una adecuada aplicación, recogiendo de manera más actualizada los nuevos escenarios que enfrenta el desarrollo del sector, perfeccionando las herramientas de gestión para una eficiente conservación y administración de las pesquerías.

Adicionalmente, aun cuando no forman parte del Título IV de la Ley y sus reglamentos, se considera necesario evaluar la incorporación de otras modificaciones en todos aquellos aspectos que afectan al desarrollo de la actividad, particularmente la representación de los pescadores artesanales en los Consejos Zonales y Nacional de Pesca y los efectos de la aplicación de regímenes de pesca para el sector industrial.

Como conclusión, al igual que el análisis presentado para la reglamentación que norma el sector industrial, existen innumerables requerimientos de modernización y actualización de la legislación que norma la actividad pesquera artesanal los que conducirían a un cambio mayor en la actual Ley General de Pesca y Acuicultura y, sin lugar a dudas, deberán ser sometidos prontamente a una amplia discusión de todos los agentes.

Sin embargo, existen algunas normas cuya modificación producirían resultados inmediatos, con la posibilidad de darle sustentabilidad a la actividad pesquera artesanal y, por otro lado, generar el clima propicio para que los pescadores artesanales puedan trabajar sobre una base sólida, y proyectar su estabilidad laboral, económica y familiar.

Consecuentemente, el presente proyecto propone regularizar el Registro Pesquero Artesanal, tanto respecto de los Pescadores como de las Embarcaciones Artesanales, mediante su actualización por una sola vez y por un período acotado. Del mismo modo, también se propone la regularización de todos aquellos pescadores y embarcaciones que, aunque operan en la actividad, por diversas razones, han quedado en listas de espera o fuera de este registro.
III. MARCO REGULATORIO.

1. Las medidas de administración vigentes.

La actual Ley de Pesca parte de una pre-misa fundamental contenida en su artículo 1º: a ella queda sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos y, en consecuencia toda la actividad pesquera extractiva y otras como la acuicultura, de investigación y depor-tiva que tienen incidencia en dicha preservación.

Por tanto, en la actual normativa pesquera, subyace el concepto de conservación, en los términos definidos en su artículo 2 Nº 14, esto es, “el uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente”. Esta concepción esencial se m-terializa, principalmente, en el título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura, “De la Administración de las Pesquerías”, que contempla en su párrafo 1º las facultades de conservación para los recursos hidrobiológicos, señalando en lo medular, que tanto el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, como el Subsecretario de Pesca pueden establecer una o más de las medidas comprendidas en dicho párrafo para lograr el fin de la conservación.

El Título II establece una graduación de las facultades de administración, pudiendo establecerse condicionantes a la forma de efectuar la actividad pesquera extractiva hasta prohibirse las capturas o extracción de recursos hidrobiológicos. Dentro de estas medidas se encuentran las vedas biológicas o prohibiciones de captura temporales, las cuotas globales anuales de captura por especies y áreas determinadas, las características de los artes y aparejos de pesca, fijación de tamaños mínimos por especie y margen de tolerancia, y establecimiento de porcentaje de desembarque de especies como fauna acompañante.

El límite máximo de captura por armador, está concebido en el proyecto de ley como una medida de conservación de los recursos hidrobiológicos; es decir, propende de una manera más eficiente, como se explicará, a la conservación de los recursos. Por otra parte, el límite máximo de captura por armador resulta del todo armónico con la graduación antes descrita, al no afectar ni vulnerar los límites inferiores ni superiores, sino que logra su inserción en ella, siendo en definitiva, un complemento a la cuota global de captura, para evitar la denominada “carrera olímpica”.

De esta manera, existe armonía entre las actuales medidas de conservación de los recur-sos hidrobiológicos y esta nueva medida de administración que se propone.

Otra de las características de la esencia de las medidas de administración contemplada en la propia definición, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, artículo 3º, es que por su finalidad de conservación, pueden ser establecidas con independencia del régimen de acceso a que están sometidas las pesquerías; es decir, por su carácter general y en vistas a la protección de un bien jurídico superior, priman por sobre el ejercicio de la actividad extractiva industrial individual.

2. El régimen de administración propuesto.

De lo anterior, se colige la columna vertebral del proyecto de ley. La herramienta propuesta es una medida de administración que establece una nueva limitación al ejercicio de la actividad pesquera extractiva industrial, dada la insuficiencia que ha demostrado con el transcurso de los años, el ejercicio de todas las facultades que otorga la actual legislación pesquera para frenar el crecimiento de la flota y la sobreexplotación de los principales recursos pesqueros del país.

Cabe destacar que la medida de administración propuesta en el presente proyecto de ley y por las consideraciones antes indicadas, no altera ni modifica la regulación dada por la Ley General de Pesca y Acuicultura, en especial, por el Título III “Del acceso a la actividad pesquera extractiva industrial”, a las autorizaciones de pesca. Estas últimas son el instituto jurídico por el cual se autoriza o habilita a una persona natural o jurídica para ejercer la actividad pesquera extractiva con una determinada nave y en recursos y áreas determinadas, por tiempo indefinido; sin embargo, se encuentra sometida a causales de caducidad. De esta forma, se mantienen las características dadas por la Ley vigente a las autorizaciones de pesca, y los armadores seguirán sometidos a dicha regulación.

Finalmente, el proyecto de ley también toma el mismo procedimiento de las sanciones administrativas establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en especial de su artículo 143, en que la Subsecretaría de Pesca aplica o sanciona una determinada actuación del armador pesquero y el Ministro de Economía actúa como instancia de reclamación.

IV. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO.

El proyecto de ley se estructura en tres Títulos; el primero, crea una nueva herramienta de administración denominada Límite Máximo de Captura por Armador; el segundo, tiene como objetivo regularizar el Registro Pesquero Artesanal y el último, corresponde a Disposiciones Varias.

1. El Título I.

El Límite Máximo de Captura por Armador a que se refiere este proyecto de ley, corresponde a una medida de administración que tiene como objetivo establecer una limitación a la captura que puede desarrollar un armador con las naves pesqueras autorizadas en una determinada unidad de pesquería. El proyecto de ley define las unidades de pesquería a que se aplicará esta medida de administración y fija el procedimiento y los parámetros a considerar para efectuar el cálculo del límite máximo de captura por armador.

a. Establecimiento de cuota global.

Para hacer efectiva la medida de administración que establece el proyecto de ley, es indispensable que se fije para cada una de las unidades de pesquería una cuota global anual de captura, la cual se distribuirá entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente para desarrollar actividades pesqueras extractivas. Para tal efecto, el proyecto de ley considera la fijación de las cuotas globales anuales de captura de acuerdo al procedimiento que para cada caso establece la Ley General de Pesca y Acuicultura; no obstante, tratándose de pesquerías declaradas en régimen de plena explotación y ante el evento que el Consejo Nacional de Pesca no apruebe la cuota, el proyecto de ley fija un procedimiento para establecerla de manera que siempre pueda aplicarse la medida de admi-nistración que se propone. En estos casos, la cuota será el 75% de la establecida para el año inmediatamente anterior.

b. Modificación de la cuota.

Un aspecto relevante que considera el proyecto de ley, en especial para una eficiente administración de pesquerías pelágicas de corta vida, como lo es la sardina y anchoveta, es la posibilidad de modificar la cuota global anual de captura más de una vez en el año calendario si fuere necesario, siempre utilizando el procedimiento que para tal efecto establece la Ley General de Pesca y Acuicultura.

c. Método de cálculo.

El proyecto de ley contempla dos métodos de cálculo para determinar el coeficiente de participación relativo por armador, el que multiplicado por la cuota global anual de captura, determinará el límite máximo de captura por armador. Si bien se considera que la mejor definición de este coeficiente debería ser la captura efectuada por las naves durante un período determinado de tiempo, no fue posible conciliar en un solo método a las diferentes situaciones y realidades de las pesquerías involucradas en la aplicación de esta medida de administración, fundamentalmente por las sucesivas vedas a que fue sometido el recurso jurel durante los últimos tres años.
Consecuentemente con lo anterior, para las pesquerías pelágicas -jurel, anchoveta y sardina- el primer método para determinar el coeficiente de participación relativo por armador, considera las características de las autorizaciones de pesca de cada nave, en especial la capacidad de bodega y el área de pesca autorizada. En el resto de las pesquerías considerando la normalidad en que se efectuaron las actividades pesqueras extractivas durante los últimos años, el cálculo del coeficiente de participación relativo por armador, se determina por las capturas de los últimos tres años de las naves de cada armador a la fecha de aplicación de la medida de administración.

d. Publicación de información.

Con el objeto de hacer transparente la información que se considerará en la determinación del límite máximo de captura de cada armador, en el mes de septiembre de cada año de vigencia de este proyecto de ley, se contempla la publicación de una resolución que contenga toda la información a considerar por parte de la Subsecretaría de Pesca. Dicha resolución debe contener para cada nave, a lo menos, la captura total anual desembarcada en el trienio correspondiente, la capacidad de bodega autorizada expresada en metros cúbicos y el área o regiones autorizadas en la unidad de pesquería. De la resolución que dicte la Subsecretaría, se podrá reclamar ante el Ministro de Economía, dentro de los 10 días siguientes a su publicación, el que dispondrá de 30 días para resolver.

e. Determinación de naves para hacer efectiva la medida.

Una vez establecido el límite máximo de captura por armador, lo que se hará por Decre-to Supremo del Ministerio de Economía, cada uno de ellos podrá determinar la o las naves autorizadas en la unidad de pesquería con que lo hará efectivo. En cuanto a las naves no utilizadas, la paralización de sus actividades extractivas en la unidad de pesquería no constituirá causal de caducidad para dichas naves en esa pesquería y su fauna acompañante. Por otra parte, si la nave no desarrolla ninguna otra actividad pesquera extractiva durante un año calendario, estará exenta del pago de la patente única pesquera que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura.

f. Participación conjunta de armadores.

Otro aspecto relevante que considera el proyecto de ley, se refiere a la facultad que se da a los armadores para hacer efectivo su límite máximo de captura en conjunto con otros armadores, para lo cual se establece un procedimiento particular. La Subsecretaría deberá dictar una resolución dentro de quinto día, reconociendo la participación conjunta y el límite máximo de captura que le corresponde a cada uno de ellos. Esta opción es irrevocable durante el año calendario correspondiente. Esta facultad permitirá hacer más eficiente la actividad pesquera extractiva, en especial para aquellos armadores en que su límite máximo de captura sea sustantivamente menor a la capacidad extractiva de su flota.

g. Distribución a prorrata.

Considerando que este proyecto de ley es de aplicación temporal y que no modifica las actuales características de las autorizaciones de pesca, para el sólo efecto de la historia de las naves, las capturas efectuadas por las naves que determine el armador o grupo de armadores, se distribuirá a prorrata entre todas las naves que dieron origen a su límite máximo de captura.

h. Fiscalización.

La aplicación de este tipo de medidas de administración hace necesaria para su eficiente y correcta aplicación, una rigurosa fiscalización y control de las capturas efectuadas por los agentes pesqueros involucrados. Para este efecto, los capitanes de las naves deberán llenar y entregar al Servicio Nacional de Pesca, por cada viaje de pesca, un formulario en donde se consignen la fecha y hora de recalada a puerto, área de pesca, especies capturadas y la estimación de cada una de ellas en toneladas. Copia del formulario se entrega o envía por fax al referido Servicio, dentro de las dos horas siguientes a la recalada. El original lo entrega a su armador. Por su parte, el armador debe llenar el formulario original con la información de captura por viaje de pesca, indicando las especies y volumen capturados expresado en toneladas, y su destinatario.

El formulario llenado por el armador debe ser certificado al momento del pesaje de las especies, por un ente externo debidamente acreditado por el Servicio Nacional de Pesca.

Cabe señalar que la incorporación de las entidades certificadoras, no altera las funciones de fiscalización que de acuerdo a la Ley de Pesca le corresponde efectuar el Servicio Nacional de Pesca y la Armada de Chile y sólo permite a la Autoridad disponer de información fidedigna respecto de los recursos y volúmenes capturados por viaje de pesca de todas las naves industriales involucradas en la medida de administración de Límite Máximo de Captura por Armador.

i. Sanciones.

Además, para garantizar la eficacia de las normas establecidas, este proyecto de ley incorpora sanciones de carácter administrativo para aquellos armadores o grupo de armadores que no den cumplimiento a las normas establecidas, tanto respecto de la entrega de información de captura y certificación por viaje de pesca, como también, por el exceso capturado de lo que a cada cual le corresponde. Así, si el armador o grupo de armadores sobrepasan el límite máximo de captura, se les descontará al año siguiente el triple del exceso, el cual se aplicará a cada uno de los coeficientes de participación relativa, expresado en porcentajes, de cada una de las naves que dio origen al límite máximo. Si esta infracción la comete en el último año calendario en que se apli-que la medida de administración que establece el proyecto de ley, la sanción será la paralización de las actividades por dos meses en el año siguiente.

La sanción por no dar cumplimiento a la obligación de informar o efectuar descarte, consiste en descontar el 30% del límite máximo de captura que le corresponda al armador en la unidad de pesquería durante el año calendario. La sanción por la no certificación, será el descuento del 10% del límite máximo de captura en el año calendario. En ambos casos, si el armador o grupo de armadores hubieren agotado los límites máximos de captura para un año ca-lendario, las sanciones se aplicarán en el año siguiente. Estas sanciones administrativas serán establecidas por Resolución del Subsecretario de Pesca, estableciéndose en el proyecto de ley el procedimiento para reclamar de ellas ante el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, utilizando el mismo procedimiento que considera la actual legislación pesquera nacional.

2. El Título II.

Con el objeto de dar el valor legal que corresponde a la inscripción en el registro pesquero artesanal, el proyecto de ley contempla la regularización de éste, tanto para los pescadores como para embarcaciones artesanales, en aquellas pesquerías cuyo acceso se en-cuentra suspendido temporalmente por estar declaradas en régimen de plena explotación. Esta propuesta tiene como objetivo regularizar un importante número de pescadores y naves artesanales que actualmente desarrollan actividades pesqueras al margen de la legalidad. Lo anterior no implica un aumento del esfuerzo pesquero realmente ejercido.

a. Niveles para la regularización.

Considerando lo anterior, el proyecto contempla tres niveles para esta regulariza-ción en el registro.
El primero, para los pescadores artesanales o naves que se encuentran inscritos en el registro y sólo les falta regularizar alguna de las especies de la pesquería en que desarrollan actualmente actividad.

El segundo, corresponde a la regularización de los pescadores y naves que se encuentran en lista de espera del registro pesquero en una o más pesquerías y, el tercero, aquellos sin ningún tipo de inscripción.

b. Plazo.

Para acogerse a esta excepción los pescadores tendrán un plazo de 60 días y deberán dar cumplimiento a las normas establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura y en particular, tener matrícula vigente otorgada por la Autoridad Marítima, en la o las categorías en que solicita inscripción antes del 31 de julio del 2000.
En cuanto a las naves pesqueras, éstas podrán inscribirse en el registro artesanal dando cumplimiento al mismo plazo y condiciones señaladas precedentemente.

3. El Título III.

En este título se incorpora un elemento importante para la recopilación de información biológica pesquera que, junto a otros antecedentes, sirve de base para la administración; esto es, la obligación de los armadores pesqueros de aceptar a bordo de sus naves a los observadores científicos que designe la Subsecretaría de Pesca.

Se propone, además, una modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el sentido de facultar a la Subsecretaría de Pesca para regular el reemplazo de las inscripciones vacantes que se produzcan en el Registro Artesanal, de un modo compatible con la sustentabilidad de las pesquerías.

El ejercicio de esta facultad impedirá que se aumente el esfuerzo real ejercido en las pesquerías como consecuencia del procedimiento de regularización de las inscripciones que se propone en el presente proyecto.

En otra modificación a la referida ley, se busca corregir una omisión de su texto en lo que se refiere a la posibilidad de que el pescador artesanal haya dejado de ejercer las actividades correspondientes a su inscripción en virtud de caso fortuito o fuerza mayor. En tal caso, del mismo modo que se halla establecido para el industrial, no caduca la inscripción en el registro artesanal, renovándose el plazo de 1 año por una sola vez.

Finalmente, es preciso destacar que el proyecto de ley propuesto no modifica lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura, salvo en lo expresamente señalado.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I
DEL LIMITE MAXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR

Artículo 1º.- Durante la vigencia de esta ley, las unidades de pesquería que se individualizan en el artículo 2º, se someterán a una medida de administración denominada Límite Máximo de Captura por Armador.
Dicha medida de administración consiste en distri-buir anualmente la fracción de la cuota global anual de captura asignada al sector industrial, para la unidad de pesquería, entre los armadores que tengan naves con autorización de pesca vigente para desarrollar actividades pesqueras extractivas en ella, a la fecha de publicación de la resolución a que se refiere el artículo 5º de esta Ley.

Artículo 2º.- El límite máximo de captura se aplicará a las unidades de pesquería que a continuación se indican en el área marítima correspondiente al mar territorial y zona económica exclusiva, por fuera del área de reserva artesanal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General de Pesca y Acui-cultura.

a) Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima correspondiente a la III y IV regiones.
b) Sardina Sardinops sagax y Anchoveta Engraulis ringens, en el área marítima correspondiente a la III y IV regio-nes.
c) Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V región y el límite sur de la IX región.
d) Jurel Trachurus murphyi, en el área marítima correspondiente a la X región.
e) Sardina común Clupea bentincki y Anchoveta Engraulis ringens, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V región y el límite sur de la X región.
f) Merluza de cola Macruronus magellanicus, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la V región y el límite sur de la X región.
g) Merluza de cola Macruronus magellanicus, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la XI región y el límite sur de la XII región.
h) Merluza del sur Merluccius australis, en el área marítima comprendida entre los paralelos 41º 28,6 L.S. y 47º L.S.
i) Merluza del sur Merluccius australis, en el área marítima comprendida entre los paralelos 47º L.S. y 57º L.S.
j) Congrio dorado Genypterus blacodes, en el área marítima comprendida entre los paralelos 41º 28,6 L.S. y 47º L.S.
k) Congrio dorado Genypterus blacodes, en el área marítima comprendida entre los paralelos 47º L.S. y 57º L.S.
l) Merluza de tres aletas Micromesistius austra-lis, en el área marítima comprendida entre el paralelo 41º 28,6 L.S. y el límite sur de la XII región.
m) Merluza común Merluccius gayi, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la IV región y el paralelo 41º 28,6 L.S.
n) Camarón nailon Heterocarpus reedi, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la II región y el límite sur de la VIII región.
o) Langostino Amarillo Cervimunida johni, en el área marítima correspondiente a la III y IV regiones.
p) Langostino colorado Pleuroncodes monodon, en el área marítima comprendida entre el límite norte de la I región y el límite sur de la IV región.

Artículo 3º.- Para los efectos de la aplicación de la medida de administración, deberá fijarse una cuota global anual de captura para cada una de las unidades de pesquería a que se refiere el artículo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En el evento que el Consejo Nacional de Pesca no apruebe la cuota global anual de captura propuesta por la Subse-cretaría de Pesca, para el año siguiente regirá automáticamente el 75% de la cuota global anual de captura establecida para el año inmediatamente anterior de esa unidad de pesquería. Si no existiere cuota global anual de captura para ese año, regirá como cuota global anual el 75 % de las capturas totales realizadas en la unidad de pesquería durante el año anterior.

La cuota global anual de captura establecida para las unidades de pesquería a que se refiere el artículo 2º, podrá modificarse más de una vez en el año, de acuerdo al procedimiento respectivo. Cuando se modifique la cuota de captura, deberá modificarse el Decreto que establece los límites máximos de captura por armador y la resolución a que se refiere el artículo 6, cuando corresponda.

Artículo 4º.- El límite máximo de captura por armador para cada una de las unidades de pesquería a que se refiere el artículo 2º, será el resultado de multiplicar el coeficiente de participación relativo por armador, expresado en porcentaje con siete decima-les, por la cuota global anual de captura correspondiente al sector industrial, expresada en toneladas.

El coeficiente de participación relativo por armador para las unidades de pesquería individualizadas en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º de la presente ley, será el resultado de dividir la capacidad de bodega corregida de todas las naves autorizadas al armador a la fecha de la resolu-ción a que se refiere el artículo 5º de esta ley, por la sumato-ria de todas las capacidades de bodega corregidas de todos los armadores con autorización vigente a esa misma fecha en la unidad de pesquería correspondiente.

Para determinar la capacidad de bodega corregida de cada nave, se multiplicará la capacidad de bodega autorizada, expresada en metros cúbicos, por el coeficiente de corrección que le corresponda. El coeficiente de corrección de cada nave será el resultado de dividir la longitud del área autorizada a ella en la unidad de pesquería, por la longitud total de la unidad de pes-quería, ambas medidas en línea recta imaginaria trazada entre las latitudes que corresponda a la línea de costa, en orientación norte sur y expresadas en millas náuticas. Las coordenadas nece-sarias para efectuar el cálculo del coeficiente de corrección deberán ser obtenidas de las cartas náuticas vigentes, escala 1:500.000, elaboradas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfi-co de la Armada.

El coeficiente de participación relativo por armador para cada una de las unidades de pesquería individualiza-das en las letras f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y p) del artículo 2º de la presente Ley, será el resultado de dividir las capturas de todas las naves autorizadas al armador a la fecha de publicación de la resolución a que se refiere el artículo 5º de esta Ley, del período correspondiente a los tres años calendarios anteriores al establecimiento del límite máximo de captura por armador, por las capturas totales del mismo período de todos los armadores que cuenten con autorización vigente a esa misma fecha.

En el evento que alguna de las naves se encuentre autorizada en virtud de una sustitución, se considerarán las capturas efectuadas en el mismo período por la o las naves que dieron origen a ésta. Si en virtud de la sustitución se otorgó autorización a dos o más naves sustitutas, se distribuirán entre ellas las capturas de las naves que les dieron origen en la proporción que corresponda de acuerdo con el parámetro específico contenido en el reglamento de sustitución de embarcaciones pes-queras industriales.

Se entenderá por captura lo informado en el formulario de desembarque industrial, debidamente recibido por el Servicio Nacional de Pesca conforme a las disposiciones comunes contenidas en el Título V de la Ley General de Pesca y Acuicultu-ra.

Artículo 5º.- En el mes de septiembre de cada año, la Subsecre-taría de Pesca dictará una resolución para cada una de las unida-des de pesquería a que se refiere el artículo 2º, la que conten-drá para cada nave, a lo menos, la captura total anual desembar-cada del trienio correspondiente, la capacidad de bodega autori-zada expresada en metros cúbicos y el área o regiones autorizadas en la unidad de pesquería, según corresponda.

Los titulares de las autorizaciones de pesca podrán reclamar con antecedentes fundados ante el Ministro de Economía respecto de la información consignada en la resolución, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde su publica-ción. Tratándose de reclamaciones relativas a la información de captura, deberá indicarse específicamente la diferencia reclamada respecto de cada mes y año. En caso contrario, la reclamación no será acogida a trámite, respecto de esa materia.

El Ministro resolverá dichas reclamaciones en un plazo de 30 días, comunicando al interesado su decisión por carta certificada. Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo para interponerlas, se dictará un decreto supremo que fijará los límites máximos de captura por armador, respecto de cada una de las unidades de pesquería a que se refiere el artículo 2º.

Cuando deba modificarse el coeficiente de partici-pación relativo de un armador y consecuentemente, su límite máximo de captura, no se modificarán los límites máximos de captura del resto de los titulares.

Artículo 6º.- Una vez publicado el decreto que establece el límite máximo de captura por armador, los armadores podrán optar por someterse a esta medida de administración conjuntamente con otros armadores que se encuentren bajo la aplicación de la misma medida. El grupo de armadores que opte por esta modalidad deberá manifestar su voluntad por escrito a la Subsecretaría, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la fecha de publicación del decreto respectivo.

La Subsecretaría dictará una resolución dentro de los 5 días siguientes, reconociendo la participación conjunta de los grupos de armadores y el límite máximo de captura que le corresponde a cada uno de ellos. El ejercicio de esta opción es irrevocable durante el año calendario correspondiente.

Artículo 7º.- El armador o grupo de armadores que tengan más de una nave bajo su titularidad, podrán optar por efectuar operacio-nes de pesca extractiva con una o más de sus naves autorizadas, para cuyo efecto deberán inscribir en el Servicio Nacional de Pesca la o las naves con que harán efectivo su límite máximo de captura. Las naves inscritas podrán efectuar operaciones de pesca extractiva en toda el área de la respectiva unidad de pesquería, con excepción de los barcos fábrica, que deberán operar de acuer-do a lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Las naves no inscritas quedarán exoneradas de la obligación de pago de la patente única pesquera y de la obliga-ción de efectuar operación pesquera extractiva establecida en el artículo 143 letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ambas excepciones sólo respecto de la unidad de pesquería con límite máximo de captura por armador y su fauna acompañante.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el sólo efecto de la historia de las capturas de cada nave, las capturas efectuadas por las naves inscritas para los efectos de esta ley, se distribuirán a prorrata entre todas las naves que dieron origen al límite máximo de captura por armador, de acuerdo al coeficiente de participación relativo de cada nave.

Artículo 8º.- Los capitanes de las naves pesqueras pertenecien-tes a armadores sujetos a la medida de administración de esta ley, se encuentren o no inscritas de acuerdo al artículo 7º, deberán, por viaje de pesca, llenar y entregar al Servicio Nacio-nal de Pesca una copia del formulario que para tal efecto dispon-drá ese Servicio. El formulario deberá señalar a lo menos, fecha y hora de recalada a puerto, área de pesca, recursos capturados y la cantidad estimada de cada uno de ellos, expresada en tonela-das. La copia del formulario deberá ser entregada o enviada vía fax al Servicio dentro de las dos horas siguientes a la recalada. El original del formulario deberá ser entregado por el capitán de la nave a su armador.

Los armadores o a quienes éstos faculten, deberán llenar el formulario original con la información de captura por viaje de pesca, indicando a lo menos las especies y volumen capturado, expresado en toneladas, de cada una de ellas y su destinatario.

Si la captura de un viaje de pesca es entregada a más de un destinatario, el armador deberá consignar en el formu-lario los nombres de todos ellos, especificando en cada caso, los recursos y volúmenes entregados.

La información contenida en el formulario que debe llenar el armador, deberá ser certificada al momento de su pesaje por una entidad auditora acreditada por el Servicio Nacional de Pesca. El armador deberá entregar o enviar vía Fax al Servicio Nacional de Pesca que corresponda, una copia de dicho formulario, dentro de las dos horas siguientes a su pesaje.

El formulario original deberá ser entregado por la entidad certificadora en la oficina del Servicio que corresponda, a más tardar el día hábil siguiente al de recalada de la nave.

La forma, requisitos y condiciones de la certifi-cación y acreditación de las entidades auditoras, será estableci-da por Resolución del Servicio.

Artículo 9º.- Al armador o grupo de armadores que sobrepasen el límite máximo de captura establecido en un año calendario, se le descontará al año siguiente el triple del exceso, expresado en porcentaje a cada uno de los coeficientes de participación rela-tivos de cada una de las naves que dio origen al límite máximo de captura en la unidad de pesquería correspondiente.

Al armador o grupo de armadores que sobrepase el límite máximo de captura establecido en el último año calendario en que se aplique esta medida de administración, al año siguiente deberá paralizar por dos meses las actividades pesqueras extrac-tivas de todas las naves que dieron origen a su límite máximo de captura.

Artículo 10.- Al armador o grupo de armadores que desembarque y no informe sus capturas de acuerdo al procedimiento a que se refiere el artículo 8º o efectúe descarte, se le descontará el 30% del límite máximo de captura que le corresponda en la unidad de pesquería durante ese año calendario. Si al armador o grupo de armadores se le hubiere agotado su límite máximo de captura para ese año, se le descontará del año siguiente.

Al armador o grupo de armadores que desembarque y no de cumplimiento al procedimiento de certificación a que se refiere el artículo 8º en la forma y condiciones establecidas, se le descontará el 10% del límite máximo de captura que le corresponda en la unidad de pesquería durante ese año calendario. Si al armador o grupo de armadores se le hubiere agotado su límite máximo de captura para ese año, se le descontará del año siguiente.

Artículo 11.- Las sanciones administrativas a que se refieren los artículos 9º y 10º de esta ley, serán impuestas por resolución de la Subsecretaría de Pesca, previo informe del Servicio.

La resolución será notificada al armador o grupo de armadores por carta certificada, la que se entenderá legalmen-te practicada después de un plazo adicional de tres días, conta-dos desde la fecha de su despacho por la oficina de correos.

Los afectados dispondrán de un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la resolución, para reclamar de ella ante el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El Ministro dispondrá de un plazo de treinta días para recabar los informes y antecedentes que estime necesarios y resolver la reclamación.

La resolución del Ministro que resuelva la recla-mación no será susceptible de recurso administrativo alguno.

El recurso de reclamación no suspenderá la aplica-ción de la sanción impuesta por resolución de la Subsecretaría de Pesca.

TITULO II
DE LA REGULARIZACIÓN DEL REGISTRO ARTESANAL

Artículo 12.- Durante los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley, los pescadores artesanales podrán inscribirse en el Registro Artesanal que lleva el Servicio Nacional de Pesca, en aquellas pesquerías en que se encuentre transitoriamente suspendida la inscripción de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en la forma y condiciones que a continuación se establecen.

1) Los pescadores artesanales que se encuentren inscritos en el Registro en una o más especies de una pesquería, podrán solicitar inscripción en todas las especies de la pesque-ría respectiva.
2) Los pescadores artesanales que se encuentren inscritas al 31 de julio del 2000 en el Registro en lista de espera en una o más especies de una pesquería, podrán solicitar inscripción de dichas especies y sus asociadas. En el evento que no tenga inscrita ninguna especie afín de la respectiva pesque-ría, podrá optar por inscribir una de ellas.
3) Las personas naturales que no se encuentren inscritos en el Registro, podrán solicitar inscripción sólo en una pesquería. Si la pesquería tuviere más de una especie afín, tendrá que optar por una de ellas.

Se entenderá por pesquería lo establecido en el Reglamento contenido en el Decreto Supremo 635, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Para ejercer el derecho que confiere este artícu-lo, los pescadores artesanales deberán presentar una solicitud en la oficina del Servicio Nacional de Pesca que corresponda, acre-ditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Tener matrícula vigente en la categoría a inscribir, al 31 de julio del 2000, otorgada por una Capitanía de Puerto dependiente de la Dirección General del Territorio Maríti-mo y Marina Mercante, acorde a las pesquerías en que solicita su inscripción.
b) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
c) Indicar el arte o aparejo de pesca con que realizará la actividad extractiva, en el evento que en la ins-cripción no lo haya consignado.

Artículo 13.- En el mismo plazo, forma y condiciones estableci-das en el artículo anterior, podrán inscribirse en el Registro Artesanal las naves artesanales matriculadas al 31 de julio del 2000 en los registros de naves menores que llevan las Capitanías de Puerto dependientes de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y que mantengan vigente su matrícula a la fecha de la solicitud.

Para los efectos señalados anteriormente, los armadores artesanales deberán, además, acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley Gene-ral de Pesca y Acuicultura y el Reglamento contenido en el Decre-to Supremo 635 de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Asimismo, el armador deberá indicar el arte o aparejo de pesca con que realizará la actividad extractiva, en el evento que en la inscripción no lo haya consignado.

Artículo 14.- Dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 12, los pescadores y armadores artesanales inscritos que no tengan actualizados o vigentes los requisitos establecidos en el artículo 51 y 52 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, según corresponda, deberán concurrir al Servicio Nacional de Pesca a objeto actualizarlos.

El no cumplimiento de esta obligación, significará la pérdida de la inscripción, la que será dejada sin efecto por resolución del Servicio Nacional de Pesca, la cual será notifica-da al afectado por carta certificada.

Del mismo modo, para mantener vigente la inscrip-ción en el Registro Artesanal, los pescadores y armadores artesa-nales deberán renovar anualmente su inscripción en el Servicio Nacional de Pesca, acreditando la vigencia de todos los requisi-tos establecidos en el artículo 51 o 52 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, según corresponda. Dicha acreditación deberá efectuarse dentro del mes correspondiente al de su inscripción original en el Servicio Nacional de Pesca.

TITULO III
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 15.- Los armadores pesqueros industriales que realicen actividades pesqueras extractivas en unidades de pesquería some-tidas a la medida de administración que regula esta ley, deberán aceptar a bordo de sus naves los observadores científicos que designe la Subsecretaría de Pesca para efectos de recopilar información biológico-pesquera de la pesquería.

Para los mismos efectos señalados precedentemente, el gerente o administrador de las plantas procesadoras de estos recursos, deberá permitir el ingreso y dar las facilidades nece-sarias a los observadores científicos que designe la Subsecreta-ría de Pesca para tomar la información biológica-pesquera.

Artículo 16.- Modifícase el inciso final del artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el sentido de agregar a continuación del punto aparte, que pasa a ser un punto seguido, la siguiente oración: “La Subsecretaría determinará, por Resolu-ción fundada, el número de inscripciones vacantes que podrán ser reemplazadas, de modo que el esfuerzo de pesca ejercido en cada pesquería no afecte la sustentabilidad del recurso.”.

Artículo 17.- Modifícase la letra a) del artículo 55 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el sentido de agregar el siguiente párrafo a continuación del punto aparte que pasa a ser una coma (,): “salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada, en cuyo caso el Servicio autorizará por una sola vez una ampliación de plazo, la que será de hasta un año, contado desde la fecha de término del cumplimiento de un año de la sus-pensión de actividades.”.

Artículo 18.- La regulación establecida en la presente ley, no altera la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en el D.S. Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modificaciones, en todo aquello que no la modifica expresamente.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 165 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se entenderá como norma de conservación y manejo, el Límite Máximo de Captura por Armador a que se refiere la presente Ley.

Artículo 19.- Sustitúyase en el artículo 28 letra a) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, de 1983, y sus modificaciones, la palabra “instrucciones” por “resoluciones”.

Artículo 20.- La presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2002, con excepción de lo establecido en los artí-culos 16, 17, 19 y 9 inciso segundo.”.

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR
Presidente de la República
JOSÉ DE GREGORIO REBECO
Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción

Fuente: Oficina Parlamentaria Distrital

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.