Metalpar: denuncian extravío de expediente e irregularidades

Diputado Navarro y afectados entregaron carta en Corte de Valparaíso

buses

Su convicción de que “una serie de irregularidades, anomalías y omisiones, así como el extravío del expediente durante varios días permitieron que el juez del Primer Juzgado Civil fuera inducido a errores, tal como aceptar que Metalpar se hiciera parte de un juicio que no le corresponde, porque este es un litigio entre la Tesorería General de la República y los adquirentes de los buses, en razón de las deudas existentes por Crédito Fiscal”.

El parlamentario indicó que “aquí se han configurado una serie de hechos que consideramos no pueden pasar inadvertidos. En primer lugar “no correspondía que se aceptara a Metalpar como parte del proceso dado que no es ejecutante ni ejecutada, ni tampoco puede invocar un título de tercería, pues no es dueño del bien embargado ni está en posesión de él, por lo que tampoco tiene derecho a ser pagado preferentemente o concurrir al pago”.

“Lo anterior es particularmente grave -agregó- por cuanto desde el minuto que se le aceptó hacerse parte se ha dedicado a solicitar la nulidad varias diligencias, entre ellas la incautación del bus que el tribunal ya había ordenado, a petición de los afectados y de la propia Tesorería, quienes incluso ya han firmado convenios para el pago de Crédito Fiscal, debido a que algunos de los compradores de buses ya han sido designados como primeros depositarios en la ejecución solicitada”.

Navarro dijo que “Metalpar ha rechazado la designación que hizo el juez de la Tesorería en el procedimiento previo, con que se inició el proceso de cobranza de las deudas morosas, pretendiendo que el primer depositario sería el martillero público designado en el juicio, que por las mismas razones, se lleva en el Tercer Juzgado Civil de Santiago, lo que a juicio de los abogados patrocinantes no tiene asidero, puesto que basta comparar las fechas de ambos juicios, y que indican que el juicio iniciado por la Tesorería fue el 2000, en tanto que el proceso iniciado por Metalpar es del año 2002”.

Sobre las irregularidades que se habrían producido en el tribunal porteño, el diputado precisó que “pese a que el magistrado del Primer Juzgado Civil, por la petición de Metalpar, solicitó mediante oficio Nº155, de fecha 28 de enero, como primera medida conocer el expediente ejecutivo al Tercer Juzgado de Santiago. Sin embargo, para los abogados de los afectados ha sido imposible obtener copia de ese documento”.

“Para agilizar este trámite -añadió- uno de los abogados hizo entrega en el tribunal de una fotocopia autorizada del expediente del juzgado santiaguino, con fecha 31 de enero, solicitando la resolución de la petición de nulidad hecha por Metalpar con providencia de carácter urgente. Sin embargo, recién el 6 de marzo se confirió el traslado de la solicitud, sin adjuntar las fotocopias, comprobándose el 13 de marzo, por parte del secretario subrogante del tribunal, que ‘no hay constancia en autos de haberse oficiado’. Por ello se debió solicitar, ese mismo día, que se despachara el oficio decretado de manera urgente, lo que recién se materializó con fecha 27 de marzo”.

El parlamentario señaló que “este tipo de situaciones irregulares, agravadas por el extravío del expediente, por varios días, logrando ser ubicado recién con fecha 26 de marzo, lo que demuestra que los antecedentes no estaban en el escritorio del juez. Adicionalmente, al ser revisado no aparece en estado diario del proceso que se haya remitido un oficio al Tercer Juzgado Civil de Santiago, pese a lo ordenado por el magistrado. Es decir, estos hechos, ocurridos en la secretaría del tribunal sólo han logrado generar dilación, la que obviamente sólo beneficia a los intereses de Metalpar”.

Navarro dijo que “el extravío del expediente es un hecho de la mayor gravedad, tal cual lo establece el propio Código Penal en su artículo 470, Nº5, que configura el delito de hurto de expediente, que castiga lo que define como la defraudación producida a otros, sustrayendo, ocultando o destruyendo, en todo o en parte un proceso o un expediente. Es decir, se asume como una acción dolosa cometida con la intención de perjudicar a otro. Asimismo, el Código Orgánico de Tribunales indica que sólo podrán retirar expedientes personas autorizadas por el tribunal, y lo mismo indica el artículo 36 del Código Civil, que entrega a los secretarios de los juzgados la custodia de los expedientes”.

“Por todas estas razones -finalizó- es que con fecha 28 de marzo, uno de los abogados solicitó custodia del expediente por las razones señaladas precedentemente. Por todas estas razones, esperamos que la Corte y el magistrado puedan adoptar las medidas que correspondan para evitar que situaciones y hechos como los denunciados, vuelvan a producirse”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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