“Miles de conductores profesionales de todo el país podrán recuperar su fuente de trabajo”

Diputado Navarro valoró enmienda a dictamen de Contraloría de la IX Región

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Su satisfacción por el nuevo dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que corrige la interpretación a la normativa sobre las licencias profesionales de conducir, manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro, quien solicitó al máximo organismo contralor una reconsideración del dictamen emitido por la Contraloría Regional de la IX Región, a raíz de la interpretación solicitada por la Seremi de Transportes de la Araucanía, y que a su juicio afectó a miles de conductores a lo largo del país.

El parlamentario dijo que “el más grave efecto del pronunciamiento de la Contraloría de la IX Región, emitido a través del oficio Nº23.255, de fecha 25 de junio pasado, y que daba respuesta a los oficios de consulta Nº4733 del 2001 y Nº579 de 2002, que le remitió la Seremi de Transportes de esa región, no se refleja sólo en los miles de conductores profesionales que no pudieron renovar su licencia, sino que además perdieron sus empleos por esta razón, perdiendo sus beneficios ya que la causal del no cumplimiento del contrato era adjudicable a su responsabilidad y no a la del empleador”.

Navarro dijo valorar “esta respuesta a la solicitud que hiciéramos a través de la Cámara, en su sesión del día 16 de octubre pasado, y en la que luego insistiéramos con la presentación caratulada bajo el rol Nº44.507, que efectuamos el pasado 11 de noviembre, porque permite hacer claridad a las seremis respectivas y a las 342 direcciones de tránsito municipales, sobre cuál es el verdadero sentido de la norma, respetando el espíritu de la ley que era resolver un problema y no crear otro como le ha sucedido a muchos conductores en este período”.

El legislador dijo que el nuevo dictamen es absolutamente claro al señalar que “la ley 19.495, publicada el 8 de marzo de 1997, al referirse a las ‘actuales licencias’ comprende a las existentes a esa fecha. Por ello, es posible señalar que dicha ley estableció una regulación especial para los titulares de licencias A1 y A2 otorgadas hasta esa fecha, habilitándolos para conducir los vehículos especificados en la ley, debiendo acreditar cada dos años el cumplimiento de los requisitos que indica el artículo 13 de la Ley de Tránsito”.

“El dictamen -agregó- precisa que el artículo 2º transitorio se aplica a los titulares de las licencias existentes hasta el 8 de marzo de 1997, incluso a aquellos que con anterioridad a esa fecha no se hubieren sometido oportunamente a los controles correspondientes, por cuento dicha norma no establece excepciones en ese sentido. De igual manera, quienes quedaron sujetos a esta regulación especial, no dejan de estar afectos a ella por la circunstancia de no acreditar cada dos años el cumplimiento de requisitos. Por eso, estas personas estarán habilitadas sólo si efectúan esta acreditación”.

Navarro, quien organizó una reunión aclaratoria con autoridades de transporte, directores de tránsito y representantes de las organizaciones de conductores de la VIII Región dijo que “sin embargo, subsisten algunas dudas respecto de la normativa vigente, como por ejemplo qué pasa con los conductores que por esta interpretación de la norma y ante la imposibilidad de acceder a la licencia profesional por falta de recursos, optó por sacar licencia clase B. En nuestra opinión, lo que debiera suceder, es que el Ministerio de Transportes determine que aquellos casos de este tipo producidos ante de la actual aclaración de la Contraloría no debieran ser considerados como cambio de clase de licencia, debiendo restituirles la A1 o A2 según hubiera sido su licencia anterior”.

“Además de eso -añadió el diputado- el ministerio, a partir de este dictamen aclaratorio, debiera disponer de manera inmediata la actualización de la interpretación de la norma que todas las seremis y las direcciones de tránsito apliquen el criterio correcto y no se siga perjudicando a más personas. Hay que apurar la entrada en vigencia de esta interpretación, porque ello permitirá que miles de conductores de todo el país puedan recuperar sus fuentes de trabajo”.

El parlamentario señaló que “un tema que se deriva de esto, y sobre el que implementaremos una fuerte fiscalización es el concerniente a las escuelas de conductores. Según hemos conocido existen casos en que los conductores apremiados por hacer el curso, pero sin tener los recursos necesarios han llegado incluso a dejar empeñados ante las escuelas artículos electrónicos a cambio de poder hacer el curso y no perder su empleo. A lo mejor es necesario modificar la ley en este aspecto y traspasar la responsabilidad de hacer los cursos a algunas municipalidades en cada región”

Prensa Oficina Parlamentaria

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