Multas a ministros que no respondan y no asistan al Congreso

Senador Navarro uno de los autores de moción que se discute el miércoles 3

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Su satisfacción por el rápido avance que ha tenido un proyecto de ley que fue presentado en agosto del año pasado y que establece multas a los ministros que no concurran a las citaciones que efectúe alguna comisión de la Cámara de Diputados o del Senado o que no proporcionen los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por el Congreso o por los parlamentarios, con excepción de aquellos que por expresa disposición de una ley de quórum calificado tengan el carácter de secretos o reservados, manifestó el senador Alejandro Navarro, uno de los autores de la moción que introduce en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la Ley N°20.050, que reformó la Constitución Política de la República.

Navarro, quien presentó el proyecto junto a los diputados Jorge Burgos, Carlos Montes, Gabriel Ascencio y el ex parlamentario Patricio Cornejo, señaló que la iniciativa, aprobada en marzo de este año en su primer trámite en la Cámara de Diputados “establece que aquellos ministros que no den cumplimiento a estas disposiciones, en un plazo de 30 días, será sancionado por la Contraloría General de la República, previo el procedimiento administrativo que corresponda, con una multa equivalente a una remuneración mensual. Asimismo, será responsable y tendrá idéntica sanción por su falta de comparecencia a la citación de una comisión de alguna de las Cámaras”.

“Igual sanción -indicó- será aplicable a los representantes legales de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que no concurran a la citación de una comisión especial investigadora o no proporcionen los antecedentes que se les solicitaren o no hayan dispuesto medidas efectivas para la concurrencia o envío de antecedentes por el personal de su dependencia. Para los efectos del cobro de la multa, la Contraloría oficiará directamente a la oficina pagadora del respectivo órgano público o empresa a fin de que proceda a retener de las remuneraciones del personal involucrado las cantidades correspondientes para ingresarlas a las arcas fiscales”.

El parlamentario del PS dijo que “si aplicada la multa no se da cumplimiento al nuevo plazo que fije la Contraloría para cumplir con lo solicitado, el infractor podrá ser sancionado con la suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, o con la destitución o el término del contrato, según resultare del mérito de los antecedentes. En caso que en el respectivo órgano público o empresa cambie la autoridad que ha sido requerida, la Contraloría fijará un nuevo plazo para este efecto a quien lo reemplace”.

Navarro explicó que la actualización de estas normas “no sólo afectan a los ministros o representante sde empresa sdel Estado, pues también se han incorporado normas que tienen relación con la labor de los parlamentarios, como establecer que diputados y senadores no podrán actuar en juicios o gestiones que se tramiten ante los Tribunales de Justicia o el Tribunal Constitucional, salvo que se trate de un asunto que le ataña directamente, a su cónyuge o sus parientes directos. Asimismo, se agregó un artículo que señala que es deber de los parlamentarios asistir a las sesiones de la Cámara a que pertenezcan, salvo que la ocurrencia de una causa grave justifique su ausencia”.

El legislador recordó que este proyecto, en segundo trámite constitucional, está en el primer lugar de la tabla de sesiones del Senado para el miércoles 3 de enero de 2007.

Prensa Oficina Parlamentaria

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