Municipalidad de Concepción deberá pagar lo que le debe a profesores jubilados

Con la resolución de la Corte Suprema, Navarro ratifica denuncia en Contraloría Regional

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Hoy miércoles 26 de diciembre, a las 11:30 horas, en la Contraloría Regional- ubicada en O’Higgins esquina Lincoyán, en Concepción – El senador Alejandro Navarro, entregará al Contralor el fallo de la Corte Suprema, que resolvió que la Municipalidad de Concepción deberá pagar 14 millones de pesos a la profesora Lilian Ponce por concepto de bono de retiro voluntario, y no once como lo determinó unilateralmente, luego de modificar a través de decreto la carga horaria laboral de la docente y de otros profesores afectados por la medida.

Con lo anterior, el legislador ratificará en Contraloría la solicitud presentada el 16 de noviembre, para que este organismo investigue y condene a la Municipalidad penquista por los recursos financieros que le fueron entregados para cancelar los bonos por concepto de retiro voluntario, a docentes que se sometieron al beneficio establecido en la Ley 20.158. “Esta establecía que los profesores que al 31 de diciembre de 2006, hubieran tenido 60 ó más años de edad en el caso de las mujeres, o 65 o más en hombres, que renunciaran a sus labores en las aulas, recibirían un cheque por el total de horas de servicio, equivalente, por ejemplo, en el caso de las 33 horas a $11.135.000, y a $14.410.000, para los que tuvieran entre 40 y 44 horas”, explicó Navarro.

Respecto a la docente que le ganó al municipio, Navarro dijo que ella “a la fecha que presentó la renuncia, abril de 2007, servía 30 horas semanales, pero a la fecha de entrada en vigencia de la ley lo hacía por 44, siendo ésta la fecha que fijó sus derechos, debiendo ajustarse a ella para calcularle la bonificación. Y en ese sentido la resolución de la Corte Suprema es clara, Lilian tiene el derecho a percibir el beneficio que establece el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.158, el que debe calcularse sobre la base de las cuarenta y cuatro horas de jornada que tenía a la fecha de publicación y entrada en vigencia del texto legal citado”.

El senador Navarro, calificó este triunfo de la profesora, “como un hecho que, sin lugar a dudas, viene a marcar un precedente para los otros docentes que se encuentran en las mismas condiciones que Lilian, y a quienes, sorpresivamente, la alcaldía les recortó sus bonificaciones, sin saber hasta el día de hoy dónde fueron a parar los recursos que el propio Ministerio de Educación había dispuesto para cubrir la totalidad del beneficio”.

El senador recordó que “el 10 de Julio de 2007 el Ministerio le entregó a la I. Municipalidad de Concepción, doscientos ochenta y dos millones por concepto de aporte fiscal extraordinario; y cuatrocientos treinta y tres millones por anticipo de la subvención que le corresponde percibir. A la vez, el Municipio vía decreto estableció la nómina de los profesionales sujetos al beneficio con la respectiva cantidad de horas de servicio. Entre otros, algunos de los docentes aludidos fueron Mario Boyarda, Jobita Pinto y Lilian Ponce Peña, quienes sumaban 44 horas de servicio, correspondiéndoles por Ley el bono equivalente a un poco más de 14 millones de pesos”.

“Sin embargo, dijo Navarro, al momento de ir a cobrar la bonificación, a esta le faltaban tres millones. Sólo se les estaba cancelando 11 millones, cifra que correspondía al bono de los docentes que renunciaron hasta las 33 horas de clases”.

El legislador PS dijo que “esta suma estaba totalmente incorrecta, por cuanto a la fecha de la publicación y entrada en vigencia de la ley 20.158 al cumplir con los requisitos legales, quedó fijado el monto de la indemnización que correspondía les fuera pagada y que como en aquel tiempo desempeñaban 44 horas la suma que corresponde les sea pagada es de $14.410.000. Lo que la Municipalidad de Concepción se negó a cancelar”.

“A esto hay que agregar-continuó- que la propia Municipalidad, por decreto de la Dirección de Educación Municipal Nº 1508-2007, aceptó algunas renuncias por un total de 44 horas por lo que resulta ilógico que ahora sólo quieran pagar por 33 horas o menos”.

Navarro indicó que “a nuestro juicio, la actuación de la Alcaldesa de Concepción es ilegal pues la Municipalidad solicitó los recursos al Ministerio de Educación con aquella información y ahora pretende mediante un nuevo decreto rebajar las indemnizaciones, no obstante que pidió financiamientos mayores, no sabemos que ha pasado con las otras indemnizaciones solicitadas. Ello eventualmente podría dar lugar a una investigación administrativa y judicial, por faltas a la Ley de Probidad y constituir el delito de malversación de fondos públicos”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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