MUNICIPIO DE SANTA JUANA DEBE DEMOLER VALLE ALTO DEL SOL

Diputado Navarro solicitó apresurar la firma de decreto pertinente:

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Su preocupación por la demora de la municipalidad de Santa Juana en emitir la firma del decreto de demolición contra el proyecto recreativo Valle Alto del Sol, por ejecutar obras sin permiso de edificación, manifestó el diputado Alejandro Navarro quien hizo llegar una carta al alcalde de esa comuna, Angel Castro, transmitiéndole las inquietudes y aprehensiones que le han planteado un grupo de accionistas del club de campo.

El parlamentario afirmó que “la adquisición de acciones por parte de personas de distintos niveles sociales tuvo como motivo principal el hacerse socio del club campestre, sin mayor interés de formar sociedad que gozar de los beneficios de dicho club. Tanto es así que para inducirlos a firmar los contratos de compraventa de acciones se les invitó a un cocktail, que tenía por único objetivo la promoción de beneficios y ventajas”.

“Sólo con el correr del tiempo -añadió Navarro- los accionistas se fueron enterando que lo que se les ofrecía no correspondía a la realidad, toda vez que el supuesto proyecto del cual formarían parte, no ha cumplido con las etapas de desarrollo que se les indicaron. Aún más, tomaron conocimiento que dicho proyecto se ha ejecutado sin los correspondientes permisos emanados de la Municipalidad de Santa Juana, de modo tal que en términos jurídicos no existe y por tanto se encuentra imposibilitado de prestar aquel servicio cuyo goce fue el motivo principal para firmar los contratos”.

El legislador del PS expresó que “a pesar de la clara violación de los preceptos legales y no obstante una orden de paralización que pesa sobre el club de campo, quienes se encuentran a la cabeza del proyecto han hecho caso omiso de las resoluciones y multas emanadas del Municipio de Santa Juana. Ellos siguen construyendo sin permiso y captando accionistas a los cuales se les asegura que han cumplido con todos los trámites legales exigidos”.

“Por eso -indicó el diputado- la única posibilidad de restablecer el imperio del derecho, y alertar a la opinión pública respecto a las irregularidades antes mencionadas, consiste en dictar a la brevedad y con carácter de urgente un decreto de demolición contra Valle Alto del Sol. La Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Juana debiera proceder la firma de tal decreto, pues están todos los requisitos que exige la Ley de Urbanismo y Construcciones. Es más, según este servicio se cuenta con todos los antecedentes para fundamentar tal decisión”.

Navarro dijo que “entonces lo único que resta es preguntarse cuál es entonces el obstáculo que tiene el alcalde para no firmar este decreto. La municipalidad ha señalado que se estaría a la espera del resultado de un trámite que se está haciendo en el Juzgado de Policía Local relativo a una multa contra el club de campo. Sin embargo, es conocido que este tipo de tramitaciones pueden perpetuarse por lapsos indefinidos. Pero aún así, jurídicamente el trámite descrito no es obstáculo para la firma del decreto mencionado”.

“Lo grave de todo esto -agregó- es que mientras se está en este compás de espera mucha gente sigue comprando acciones y confiando en anuncios promocionales hechos en torno a una mesa abundante a la que se invita a participar en forma gratuita. Entonces ¿quién detendrá esta situación? ¿qué respuesta puede dar este parlamentario a la gente que después de comprar una acción se entera que la Municipalidad de Santa Juana no le ha concedido ningún permiso para edificar lo que prometen y que además tiene una orden de paralización de obras?

“Por eso -dijo el parlamentario- una gran cantidad de accionistas ha decidido sencillamente no seguir pagando las cuotas de las acciones que se les vendieron. Pero también muchos de ellos han sido demandados por el club campestre debido al incumplimiento del contrato adquirido. Esto es paradójico, pues aquí quien se encuentra al margen de la ley se convierte en demandante de los afectados, mientras que los “eventos” para atraer incautos en la actualidad se siguen desarrollando. Ahora se invita a los accionistas todavía crédulos a gozar sin costo de una cena, pero a condición de sumar un nuevo socio al club”.

El diputado socialista señaló que “he apoyado a los 19 accionistas que el 12 de abril pasado presentaron una demanda civil en contra el club de campo. Pero esto no es suficiente. La justicia es lenta y el dictamen final no vendrá en un tiempo breve. Es necesario tomar una decisión que sea más rápida. La firma del decreto demolición es a todas vistas lo más efectivo en estos momentos”.

“A la fecha -afirmó- el club de campo suma más de 1600 accionistas. Estos, al enterase de las irregularidades manifiestas, han tomado la determinación de solicitar la renuncia o sencillamente dejar de pagar. Lamentablemente en muchos casos la renuncia ha sido rechazada y en otros se les acepta, pero a condición de vender la acción a otra persona o pagar sumas que oscilan entre los $300.000 y $1.200.000. Esto último equivaldría casi a cancelar el costo total de una acción o lo que se adeuda de ella”.

Navarro señaló que “debido a esta demora algunos afectados están pensando en iniciar acciones legal contra el municipio por notable abandono de deberes, llegándose incluso a plantearse una suerte de complicidad entre los representantes del club de campo y el municipio. Esto es gravísimo, ya que la municipalidad podría ser demandada por esto, pues a pesar de que se nos ha aclarado que este uso malicioso del logo municipal no fue autorizado por el actual alcalde, hasta la fecha no se ha hecho ningún desmentido. Con esto, el municipio, sin desearlo, se ha convertido en aval de un proyecto que se encuentra al margen de la ley, con lo cual también se arriesga a algún tipo de acción judicial por parte de los accionistas que se sienten estafados”.

Por último, el diputado agregó que “un informe del Servicio de Salud de Concepción aclara que no se le ha concedido ninguno de los permisos ambientales sectoriales necesarios para desarrollar el proyecto, en tanto que el 2 de marzo de 2001 el mismo servicio cursó al club de campo una multa sobre la cual hasta el día de hoy no se ha respondido. Es por esto que solicitaremos al Servicio de Salud de Concepción que proceda a la clausura del recinto por no contar con las condiciones mínimas establecidas para funcionar”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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