Nadie podrá atribuirse obras financiadas con recursos públicos

Senador Navarro presentó proyecto de ley que lo prohíbe:

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“La probidad pública es la obligación de los funcionarios para desempeñarse en forma honesta y tener una conducta éticamente intachable. Algunos al parecer no lo han entendido así, por lo que el proyecto de ley que hemos ingresado a trámite legislativo terminará con la propaganda política gratuita en que algunos han convertido los avisos de obras financiadas con recursos públicos”, señaló el senador Alejandro Navarro tras presentar la moción en la Oficina de Partes del Senado.

El legislador dijo que “hemos tenido en el último tiempo ejemplos muy claros de esta situación que buscamos normar y regular. Uno de ellos quedó de manifiesto en la construcción de las nuevas líneas del Metro en Santiago. Varios alcaldes aprovecharon este proyecto para publicitar dichas obras como si fueran propias, principalmente con el fin de inducir a los ciudadanos a respaldar una campaña política, futura o actual. Esto, a pesar de la regulación de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Nº18.575 y en la Ley de Probidad Nº 19.653 respecto de estas materias”.

Para el parlamentario, es de suma importancia “una regulación que impida el manejo de los resultados de los proyectos, acciones y obras públicas con fines electorales, y así garantizar la transparencia de los sistemas electorales y del ejercicio de los cargos de elección popular, evitando que sean utilizados en beneficio personal, agrandando la figura del funcionario que esté de turno. En pocas palabras, ya no debiera ser posible que cuando se arregla o construye una plaza, una escuela o se pavimenta un pasaje, el letrero que se le exige al contratista tenga como eje central una foto del alcalde o alcaldesa de esa comuna”.

“Esperamos de esta forma -agregó- que tanto las obras y acciones públicas que se realizan en los municipios con presupuesto estatal, así como las que forman parte del patrimonio del Estado, deben ser destinadas al servicio de la comunidad en general y no atribuirse al interés de un sujeto en particular. Así, parece ser de suma importancia una regulación que impida el manejo de los resultados de los proyectos, acciones y obras públicas con fines electorales y de esta forma garantizar la transparencia del sistema”.

El senador socialista manifestó su interés para que a los servidores públicos se les exija un comportamiento que salvaguarde moral y ética: “que realicen su actividad en forma transparente, propiciando igualdad de condiciones y se eviten de esta manera indebidas ingerencias que puedan afectar la voluntad popular y principalmente, se respeten los principios inspiradores del Estado Social de Derecho, como la probidad, la igualdad, la imparcialidad, la eficacia y la honradez en el cumplimiento de sus funciones. Y si no respetan la norma, deberán ser sancionados penalmente”.

“En la práctica -prosiguió- surgen situaciones que rayan en la aberración, como ha ocurrido en algunos casos, especial y lamentablemente en municipios, cuando pese a la utilización de esta propaganda permanente el alcalde de turno pierde la elección, y a los pocos meses se inaugura una obra que el edil saliente considera parte de su gestión, y se produce todo un debate sobre si la placa conmemorativa debe decir que se gestionó durante el mandato de uno o durante el ejercicio del cargo del otro. Con esta ley, no habrá discusión porque no debiera haber placa que atribuya a nadie una obra que fue financiada con recursos de todos los chilenos”

Navarro dijo que “la propuesta legal consiste, básicamente en introducir reformas al artículo 9 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo que no se podrá, en la propaganda pagada con recursos públicos o privados, cualquiera que sea el medio para su difusión, atribuir obras públicas, proyectos o los resultados de acciones de carácter público. Tampoco se podrán incluir nombres, imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier autoridad y funcionario de la administración estatal, municipal y de gobiernos regionales”.

Finalmente el parlamentario del PS dijo que “esta iniciativa también plantea agregar un nuevo artículo 32 bis a la Ley 18.700, sobre votaciones, en el sentido que las autoridades y funcionarios de la administración del Estado, de gobiernos regionales, municipios tienen en todo tiempo la obligación de difundir con imparcialidad propaganda, por cualquier modalidad, la que deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de un sujeto en particular, sancionándose su infracción”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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