Navarro se reunió con afectados proyecto de pozos de agua en Laja para exigir compensación

“En la Plaza de Laja junto a beneficiarios que sufrieron el engaño de la construcción de pozos y que ser compensados por esto, reafirmamos lo que consideramos en agosto del año pasado como irregularidades evidentes que debían ser reveladas y que ahora deben ser castigadas, en concordancia a lo dictaminado por Contraloría”, se refiere el senador Alejandro Navarro a su acusación conjunta con el concejal de Laja, Joaquín Sanhueza, en contra del proyecto de reparación de pozos de agua a causa del terremoto, impulsado con recursos del Instituto de Desarrollo Agropecuario que por medio de Programa de Desarrollo Local transitaron por la Municipalidad de Laja.

 

“Gracias a nuestros argumentos documentales presentados ante la Contralora Regional del Biobío, ella nos dio la razón y ahora es el alcalde quien tiene el deber de poner en conocimiento del Ministerio Público este caso y así iniciar las acciones para recuperar los pagos indebidos y determinar todos los delitos que configuran este caso. Se ha afectado a 56 campesinos que, entre otras irregularidades, fueron engañados por el proyecto en el que cuya empresa ejecutora de la obra Servicios Hídricos Sofecar Limitada de propiedad de Carolina Pérez González y Alma Pérez González, ambas hijas del Concejero Regional Julián Pérez, de la ciudad de Los Ángeles, se les canceló el total sin aún  no terminar sus pozos para extraer agua para cultivos y consumo humano”, comentó Navarro.

Conclusiones de Contraloría

 

1.- La Municipalidad de Laja, no licitó ni adjudicó obras que tuvieran relación con la utilización de los recursos que el Instituto de Desarrollo Agropecuario entregó a los habitantes de la comuna de Laja para la reconstrucción de infraestructura de riego.

2.- No está establecido como requisito del proceso de postulación al bono en comento la definición de la modalidad de ejecución de las obras, a modo de establecer la forma de pago de este incentivo económico, conforme se establece en el resuelvo 11 de la resolución exenta N° 323 de 2010, del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

3.- En los formularios de postulación entregados al Instituto de Desarrollo Agropecuario, no se detalló el daño sufrido en la infraestructura de riego de los postulantes, ni tampoco se valorizaron las obras o materiales, no obstante que dicha información era requerida en los citados documentos.

4.- El Instituto de Desarrollo Agropecuario vulneró lo dispuesto en el resuelvo 5º de la resolución exenta N° 323 y la letra b) del resuelvo 1° de la resolución exenta N° 455 ambas de 2010, toda vez que no fue acreditado el daño en la infraestructura de riego de los beneficiarios en comento, mediante informes o documentos de organizaciones públicas o privadas.

5.- El Instituto de Desarrollo Agropecuario vulneró además, lo dispuesto en el resuelvo N° 11 de la resolución exenta N° 323 de 2011, por cuanto los bonos de riego otorgados por este instituto, fueron pagados antes de que las obras fueran ejecutadas y recibidas conforme.

6.- Las obras en algunos casos se encontraban operativas; en otros, habiéndose realizado las prospecciones no se encontró agua o faltaba la instalación de elementos indispensables para el funcionamiento de los sistemas. Al respecto, corresponde al Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario realizar las gestiones necesarias para dar término a la totalidad de las obras de los cincuenta y seis beneficiarios del bono de emergencia, para obras menores de riego o drenaje en la comuna de Laja, de lo que deberá informar a esta Contraloría Regional en un plazo de 10 días contados desde la fecha de emisión del presente informe.

7.- El Instituto de Desarrollo Agropecuario, instruyó mediante la resolución exenta N° 153.077 de 2011, un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los hechos contenidos en el pre informe N° IE-52/11, cuyo resultado deberá ser remitido a este Órgano de Control.

8.- La Municipalidad de Laja mediante el decreto alcaldicio N° 2.228 de 2011, instruyó un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas por la existencia de facturas impagas’ emitidas por la Ferretería Comercial Chillán Ltda. a nombre de algunos de los beneficiarios del bono de riego otorgado por Indap, por la compra de materiales en las cuales se encuentra involucrado don Héctor Marcelo Cárcamo, contratado a honorarios, quien se desempeñaba en esa época como jefe técnico de la oficina Prodesal de la mencionada municipalidad, cuyo resultado deberá ser remitido a esta Contraloría Regional.

9.- El Instituto de Desarrollo Agropecuario vulneró lo previsto en el resuelvo 7º de la resolución exenta N° 323 de 2010, al no referenciar en los vistos de los actos administrativos que adjudicaron los bonos a los beneficiarios de la comuna de Laja, dicha resolución. Al respecto, Indap ha iniciado las gestiones administrativas para resolver esta omisión, sobre lo cual deberá informar a esta Contraloría Regional de las soluciones concretas adoptadas en la materia, en un plazo de 10 días contados desde la fecha del presente informe, se concluye.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

 

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