“No se le puede imponer la agenda Pro-Crecimiento a la Contraloría”

Diputado Navarro y dictamen sobre ilegalidades en resoluciones sobre vertederos

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Su preocupación porque “en lugar de asumir las responsabilidades políticas que se desprenden de este pronunciamiento de la Contraloría, la Intendencia y la Conama definan como posible estrategia de ‘solución’ ejercer presión sobre el máximo organismo contralor para que modifique sus criterios” manifestó el diputado Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, quien además dijo “no deja de sorprender el que no exista, especialmente en el Intendente Trivelli, ni siquiera un atisbo de autocrítica frente al descalabro”.

El parlamentario señaló que “se va a crear un espacio complejo si se llega a modificar lo sustancial de este dictamen, porque se sentaría un pésimo precedente. En ese contexto, en que efectivamente entendemos que hay ciertas situaciones administrativas de la evaluación ambiental que se rigidizan, porque para bien o para mal la ley 19.300 es así, eso no puede traducirse en la imposición de la Agenda Pro-Crecimiento a la Contraloría y a su labor de fiscalización”.

Sobre lo mismo, Navarro indicó que “para salvar el tema de la rigidez de la ley de bases del medio ambiente, hay que constituir una mesa de trabajo, en que se puedan consensuar las reformas necesarias a la ley, para hacerla más ágil y eficiente, pero sin que deje de cumplir su misión de cautelar el derecho constitucional de los ciudadanos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, las reformas son para mejorar el sistema, no para hacerlo más permeable a los intereses económicos disfrazados de inversión, que sólo quieren evitar la evaluación para reducir costos”.

Respecto de los temas de fondo que aborda el pronunciamiento de la Contraloría, de fecha 19 de diciembre, el legislador del PS dijo que “aún cuando se ha hablado bastante sobre las irregularidades que el informe detecta en torno a las resoluciones que permitieron que la apresurada puesta en marcha de Santa Marta, para que Trivelli no tuviera que renunciar si no cumplía su promesa de cerrar Lepanto, poco se ha dicho sobre las graves conclusiones que se hacen sobre el proceso del proyecto de relleno sanitario Santiago Poniente, en Maipú”.

“Sobre este tema -agregó- aunque no se pronuncia sobre aspectos que están siendo abordados por la justicia, como por ejemplo, el relacionado con la cota mínima base de construcción del relleno de Maipú, cuya modificación fue autorizada por la Resolución Exenta Nº261/2002, de 6 de mayo de 2002, que resolvió acoger la solicitud de la empresa Coinca, ordenando la rectificación respectiva, permitiendo la variación desde 477 a 470 metros sobre el nivel del mar, más adelante es sumamente explícita al indicar que ‘la pretendida facultad de modificar la resolución de calificación ambiental frente a impactos ambientales no previstos, no ha sido otorgada expresamente ni a la Conama, ni a las Comisiones Regionales del Medio Ambiente”.

“Adicionalmente -dijo Navarro- detrás del caso del relleno sanitario de Maipú, subyace otro tema de la mayor importancia y que hasta ahora ha sido poco debatido y que tiene que ver con la firma -en paralelo al desarrollo del proyecto de relleno- de un convenio entre la Conama y el grupo francés Vivendi, que a través de una de las empresas de su holding participa de la propiedad de Coinca y por lo tanto tiene intereses en el proyecto. Creemos que este es un tema estratégico que tiene que ser abordado no sólo de manera administrativa por la Conama, sino también por el Parlamento. En ese tema hay una deuda con la entrega de información, para saber en definitiva los alcances del acuerdo y los criterios que se utilizaron para que fuera Vivendi y no otra empresa la contraparte del Estado chileno”.

Respecto de las repercusiones del pronunciamiento de la Contraloría sobre el procedimiento administrativo llevado adelante por el Intendente Marcelo Trivelli, el parlamentario dijo que “cuando se produjo la acusación constitucional contra él por este tema, y a pesar de que tenía la convicción de que existían razones para su cuestionamiento, voté en contra porque la discusión de politizó en exceso y se convirtió en un ‘gallito’ entre el Presidente Lagos y el alcalde Lavín. En esa ocasión expliqué que mi decisión era por lealtad al Presidente y no a Trivelli. Debimos pagar muchos costos por eso, sin embargo el tiempo nos ha dado la razón. Entonces lo mínimo que uno podría esperar es que el Intendente asuma sus responsabilidades políticas y que algunos se retracten sobre lo que en ese entones dijeron”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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