Pareja recurre a la Corte Suprema por supuesta vulneración de AUC

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Hasta el Palacio de Tribu­nales llegó ayer Daniel Duran acompañado de su pareja del mismo sexo. Lizardo Gutié­rrez, y del senador Alejandro Navarro a presentar un re­curso de apelación luego de que una caja de compensa­ción le negara inscribir a su pareja como carga familiar.

Ton este recurso busca­mos que se reconozca la igualdad ante la Ley y, por ende, se reconozca como carga familiar a su convivien­te Lizardo Gutiérrez”, expli­có Catalina Cánova, abogada de Daniel.

Anteriormente, la pareja había interpuesto un recur­so de protección, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones en Concepción en base a un Decreto con Fuerza de Ley de 198, “de in­ferior rango al Acuerdo de Unión Civil (AUC)”, explicó Navarro.

El nuevo recurso, que ya se encuentra en la Corte Su­prema, es el primero que se presenta para un caso como este luego de la promulga­ción de la Ley 20.830 que re­gula el AUC.

El reclamo

La pareja comenzó los trá­mites para inscribir la carga una semana después de cele­brado el AUC. el 30 de octu­bre de 2015, cuando Daniel Duran se dirigió a su trabajo para solicitar la documenta­ción necesaria. En el lugar le indicaron que debía acercar­se directamente a la caja de compensación.

Allí le dijeron que no podía realizarse el trámite porque no existía un instructivo que dijera que los convivientes civiles debían comenzar a ser reconocidos como car­ga familiar.

“Después de eso hice una consulta a través de la pági­na de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes al día siguiente me respondieron que la Ley 20.830 no indicaba que se tenía que modificar un Decreto de 1981, en donde no está especificado el conviviente civil como asignatario de carga “, explicó Daniel Durán.

Vacíos legales

Carlos Torres, coordinador regional de Fundación Iguales, repudió el hecho por tratarse de discriminación arbitraria. “Estábamos contentos con la promulgación del AUC, donde por primera vez se iban a reconocer las relaciones entre parejas del mismo y distinto sexo, y ahora nos encontramos con estas falencias, con estos vacíos que tiene la ley 20.830, donde no se le permite a la familia de Daniel y Lizardo ser carga familiar en la caja de compensaciones”.

Torres agregó que espera que esto “marque un precedente y la Corte Suprema sepa cómo fallar en este tipo de casos”.

Respecto a los vacíos legales que suscitan a raíz del caso, José Ignacio Castillo, abogado defensor de la pareja, dijo que estos pueden ser suplidos por la Constitución y por los tratados internacionales.

En los próximos días Navarro acompañará a la pareja a presentar los antecedentes al Instituto de Derechos Humanos para que se hagan parte de la ofensiva jurídica.

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Fuente: Diario de Concepción

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