Perfeccionamiento de ley que tipifica conductas terroristas

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que no encuentro la posibilidad que tengamos en el Senado de la República, en el Congreso, a quienes quieran facilitar el terrorismo.

Es deber de la autoridad y también de la ciudadanía combatir el terrorismo en cualquiera de sus tipos.

El terrorismo busca producir terror, provoca daños a inocentes,  incluso, la legitimidad aparente o explicitas de sus ideas no puede conllevar a una situación de crisis al Gobierno, ni al Estado ni a la ciudadanía.

Solo quiero señalar de que algunos de los elementos que ha incorporado el proyecto, en voces de quienes también han participado en la Comisión (el abogado señor Juan Pablo Hermosilla) tiene elementos alentadores. Como por ejemplo, efectivamente remplazar el artículo número 9 que tiene un concepto de terrorismo que debe ser eliminado, porque tal como lo califica el abogado, constituye un resabio de la dictadura.

Esta definición fue hecha con la ayuda del profesor Sergio Yáñez. Y, en la práctica, implicó calificar de terrorista justamente a las personas que en ese momento estaban siendo torturadas y desaparecidas por agentes del Gobierno. ¡Y eran calificadas de terroristas!, cuando se luchaba en contra de una dictadura impuesta a sangre y fuego.

El concepto de asociación ilícita, señor Presidente, por cierto sigue siendo un concepto antiguo. Data del siglo XIX en nuestro Código Penal y se requiere su actualización.

Quiero, además, señalar de que uno de los aspectos más controversiales, y que será parte del debate, es la ratificación de la figura de los agentes encubiertos.

Las fiscalías insisten mucho en la necesidad de aplicar este mecanismo. Sin embargo, la Comisión que se abocó al estudio estableció muy claramente de que se ha constituido un panorama muy crítico, señala el informe textualmente, en la forma cómo se ha utilizado dicho mecanismo en la ley N°20.000, pues en general se observa muy poco control de los fiscales y mucha autonomía de los agentes, que, en definitiva, siguen la agenda de los mandos superiores y no los requerimientos investigativos del Ministerio Público”.

Es un tema que vale la pena evaluar, porque son múltiples las constataciones en que los llamados “agentes encubiertos” no solo cumplen la misión que les está destinada por el Ministerio Público, sino que están sujetos a otras tareas que requieren autorización judicial y que no son parte de la investigación.

El profesor Juan Domingo Acosta, que también participó en la Comisión, ha señalado que al principio se intentó que en Chile tuviéramos el ingreso del modelo alemán. Y la verdad es que eso requería un cambio en el concepto tradicional de la figura de asociación ilícita. Y, al final, se introdujo la figura de “asociación criminal terrorista”, que tiene una configuración distinta a la de asociación ilícita común del Código Penal, lo que va a acarrear, de acuerdo al profesor, problemas interpretativos.

Vamos a tener posibilidad, entonces, de discutir cómo clarificamos este concepto de asociación ilícita terrorista.

La posibilidad, y es una segunda complicación que señala el profesor, deriva del hecho de se apartó de la fórmula de la Comisión Técnica en cuanto a la posibilidad sancionar a personas que no son miembros de la organización. Ello, dijo, implica dos figuras. En primer término, se incorpora la figura del terrorista solitario, lo que es completamente asistemático, salvo que se trate de una fórmula para sortear los problemas probatorios que puede significar el acreditar la membresía de una asociación criminal terrorista. En segundo lugar, señaló que se introduce una penalización para el adherente, que sanciona a quienes adscriben a las ideas delictivas de la organización por medio de actos positivos, pero que no importan delitos en sí mismos. A este respecto, observó que el problema estriba en que se propone aplicar un marco penal idéntico al que participa de manera regular dentro de la organización y en acción terrorista, lo que es sin duda desproporcionado.

Porque alguna de las ideas que alguna organización terrorista pudiera difundir podrían ser adscritas por múltiples ciudadanos sin el uso de la violencia.

Y hay que tener, por tanto, mucho cuidado en establecer las diferencias entre la legítima decisión y voluntad ciudadana del debate de las ideas a aquellos que la traducen luego en actos terroristas, en actos de acción violenta.

Del mismo modo, manifestó el profesor que considerar como calificante de terrorismo el ánimo de alterar gravemente el orden público -tal como lo hace el mensaje del proyecto de ley enviado por el Gobierno- es complejo, porque la idea de orden público para efectos penales es muy discutida y las figuras que sancionan su infracción también lo son, en particular, por su anquilosada formulación.

Yo solo quiero recordar que fui objeto de denuncia ante el Tribunal Constitucional de querer alterar el orden público y cambiar el Estado. Y estuve un año y medio en el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, fue 10 cero en contra, porque no existía en una manifestación de la CUT, que pedía un sueldo digno de 250 mil pesos, en una manifestación autorizada por la autoridad; no había en esa actitud y en esa manifestación la voluntad de alterar el orden público ni de derrocar al Estado.

Sin embargo, en esta Constitución, artículo 60, incisos segundo, tercero y cuarto, se calificó que esa acción era una acción que hacía que un Senador de la República tuviera objeto de perder y ser destituido de su cargo.

Yo solo quiero señalar que si no hacemos un ajuste adecuado, que combata verdaderamente el terrorismo, que causa violencia, muerte, destrucción, respecto del legítimo debate de las ideas y la necesidad de discrepar en una sociedad plural y democrática, podemos centrar, como ha ocurrido en el caso de los testigos sin identidad, los testigos ocultos, o los testigos sin rostro, abusos que debemos prever.

Por tanto, señor Presidente, yo quiero señalar que voy a votar a favor la idea de legislar, porque sin duda Chile requiere una legislación moderna para combatir el terrorismo. Pero creo que hay que tener el cuidado, el tiempo y la necesidad de poder fijar una legislación moderna resguardando siempre por cierto la libertad de las ideas, y en particular también, los derechos de las personas.

Lo que ha ocurrido en el combate contra el terrorismo, y lo hemos observado en los Estados Unidos, es una situación que ha terminado afectado el derecho fundamental de las personas a la libertad, y en algunos casos se ha otorgado instrumentos al Estado para cometer francos abusos en contra de la libertad que ese Estado dice defender.

Por tanto, Chile requiere esta legislación. Vamos a aprobar este proyecto en esta etapa. Vamos a presentar indicaciones. Y vamos a revisar cuidadosamente que efectivamente lo que estamos legislando sea para combatir el terrorismo y no para combatir las ideas ni degradar o disminuir las libertades de los ciudadanos.

He dicho.

Voto a favor, señor Presidente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

 

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