Piden al Ejecutivo poner urgencia a proyecto de ley sobre antenas

Su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Acuerdo N°400, que solicita al Presidente Lagos incluya el proyecto de ley que regula la instalación de antenas celulares en la Legislatura Extraordinaria, asignándole suma urgencia a su discusión, debido a la necesidad evidente de que esta materia sea normada, regule su desarrollo futuro y disminuya el nivel de conflictividad entre vecinos, municipios y empresas de telefonía móvil, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor de la iniciativa.

El parlamentario indicó que “aunque ciertamente son una necesidad, desde el inicio de la telefonía móvil en nuestro país, la instalación de las antenas se ha convertido en una interminable fuente de conflictos entre los vecinos y los municipios con las empresas del área debido a que su construcción en muchos casos se hace sin contar con la totalidad de los permisos requeridos o, simplemente, se actúa sobre la base hechos consumados solicitando los permisos cuando la antena ya está levantada”.

Navarro indicó que “la principal crítica y rechazo de quienes viven en el entorno de estas antenas no sólo radica en la falta de permisos, o en las potenciales consecuencias ambientales y sanitarias de su construcción, sino también por que la determinación de la localización de estas antenas está, en la mayoría de los casos, sólo mediada por la lógica de la oferta y la demanda entre privados, sin ninguna consideración de criterios de ordenamiento territorial”.

“Por ello -añadió- a lo largo de estos hemos conocido antecedentes acerca de la instalación de estas antenas de telefonía móvil en patios de establecimientos educacionales e iglesias, en los techos de hospitales, en recintos de empresas sanitarias y, en la mayor parte de los casos, en el patio de una vivienda cualquiera, en el sector donde la empresa considera necesario instalar una de estas estructuras, buscando con esto salvar la opinión de la respectiva Dirección de Obras Municipales sobre la mejor y más segura ubicación”.

El legislador dijo que “hasta hoy, ante la carencia de una normativa expresa sobre la materia, las empresas han desarrollado una suerte de ‘carrera olímpica’ para poder instalar la mayor cantidad posible de antenas antes de que la tramitación del proyecto que busca regular la instalación de estas antenas sea aprobado”:

Navarro agregó que “lamentablemente, este proyecto de ley ha completado ya largos cuatro años de tramitación desde su ingreso a la Comisión de Obras Públicas el 4 de julio del año 2000, fue despachado por esa Comisión en su primer trámite, el 1 de agosto y aprobado en general por la Sala de la Cámara en la sesión del 3 de octubre de ese año. Su último trámite fue solicitar aumento de plazo para emitir un segundo nuevo informe, en julio del año pasado, e informar que para cumplir con esa tarea conformó un equipo de trabajo, en agosto del año pasado, sin que hasta esta fecha se haya conocido el nuevo segundo informe”.

“Evidentemente -prosiguió- el nivel de conflictividad generado por la instalación de estas antenas lejos de disminuir ha aumentado, especialmente en regiones, se hace absolutamente necesario que exista una normativa que regule la instalación de estas infraestructuras, evitando con ello el grado de arbitrariedad con que hoy son construidas y, por cierto, llevando este tema al área del ordenamiento territorial y la construcción que es donde corresponde, sacándolo así de tribunales, que es el único posible donde municipalidades y vecinos han podido frenar y evitar una mayor instalación de ellas”.

Finalmente, la iniciativa, patrocinada sólo por parlamentarios de la Concertación, señala que “la necesidad de regular esta materia no resiste mayor análisis lo que hace necesario conocer el nuevo segundo informe de la Comisión de Obras Públicas y votar en definitiva el proyecto, para que así pueda pasar a la brevedad a segundo trámite constitucional en el Senado y no deban pasar muchos años más antes de contar con esta necesaria ley, considerando que el propio proyecto establece que comenzará a regir tres años desde su promulgación”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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