Piden al gobierno asumir recomendaciones de la ONU y crear Defensor del Pueblo

El Senado aprobó un proyecto de acuerdo solicitando al gobierno “asumir e implementar las recomendaciones de la ONU emanadas del Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de fecha 4 de junio de 2009, que reiteran la necesidad de “comprometerse a promulgar la legislación mencionada en su informe nacional para fortalecer la protección de los DDHH en el país y acelerar las reformas para establecer cuanto antes y por la vía legislativa, una institución nacional de DDHH y la Defensoría de las Personas”, según informó el senador Alejandro Navarro, autor de la iniciativa.

El parlamentario recordó que “las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son organismos estatales creados con un mandato constitucional o legislativo para promover y proteger los DDHH. A diferencia de otros organismos, las INDH no están bajo la autoridad del Ejecutivo, Legislativo o Poder Judicial y, aunque reciben todo o gran parte de su financiamiento del Estado, son independientes. Y a diferencia de las ONGs, las INDH tienen responsabilidades legales, como otros organismos del Estado y de manera imparcial buscan determinar si el Estado está cumpliendo o no con sus obligaciones en materia de DDHH”.

Navarro indicó que “no hay un modelo o nombre uniforme para INDH, pero en nuestra región suelen llamarse: defensorías del pueblo, defensores públicos, comisiones nacionales o procuradores de DDHH u Ombudsman. El nombre no importa sino sus funciones. Lo esencial es que sean establecidas conforme con los principios universales adoptados por la ONU, en 1991, denominados Principios de París”.

El presidente del MAS señaló que “entre las competencias de un INDH están un mandato amplio de promoción y protección de los DDHH; presentar a las autoridades sus opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre DDHH, que pueden abarcar proyectos de ley, decretos, acciones, situaciones de violación de DDHH, etc.; armonizar la legislación y regulación nacional con instrumentos internacionales de DDHH de los que el Estado es parte y promover la ratificación de los que faltan; contribuir a elaborar los informes que entregan los Estados a los órganos de la ONU; asistir en la formulación de programas de enseñanza e investigación de DDHH; difundir los DDHH y los esfuerzos para combatir la discriminación y aumentar la información pública a través de campañas y la prensa”.

El legislador dijo que “los miembros de INDH deben ser elegidos de forma pluralista. Por lo tanto, es recomendable lograr la participación de organismos de la sociedad civil, académicos, parlamentarios, etc. Los INDH deben tener la libertad de considerar cualquier asunto, independiente de su fuente, escuchar a toda persona y obtener la documentación necesaria para analizar situaciones relevantes; difundir, a través de la opinión pública o la prensa, sus opiniones y recomendaciones; organizar reuniones regulares con todos sus miembros y establecer grupos de trabajo; consultar con actores relevantes en la protección y promoción de los DDHH y establecer relaciones con ONGs que se ocupan de ellos”.

Navarro agregó que “en el marco de sus funciones cuasi-jurisdiccionales adicionales las INDH pueden recibir y examinar quejas o peticiones individuales y deben buscar una solución mediante al conciliación o decisiones vinculantes; asegurando la confidencialidad, deben informar a la persona de sus derechos y los recursos a su alcance; pueden transmitir la petición a la autoridad competente o hacer recomendaciones directas para asegurar el cumplimiento de los derechos”.

“Las INDH -añadió- son actores claves que pueden llenar los vacíos en la aplicación del derecho internacional de DDHH. Trabajan para asegurar al Estado de Derecho y luchar contra la impunidad. También abogan por la aplicación nacional de tratados y mecanismos internacionales de DDHH. Las INDH son fundamentales para promover el respeto de los DDHH. También pueden impulsar planes de acción y fomentar políticas públicas. Presentan propuestas legislativas y evalúan el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. Representan un enlace clave entre el sistema nacional e internacional, ya que pueden facilitar la interacción entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Parlamento y la sociedad civil”.

El parlamentario recordó que “en América del Sur, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela cuentan con instituciones nacionales de DDHH, creadas según los Principios de París, y Uruguay está en el proceso de implementación de su INDH. En Chile la primera iniciativa para crear el Ombudsman o Defensor del Pueblo fue el proyecto de Reforma Constitucional sobre Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo, ingresado a trámite el 09.04.1991, archivado con fecha 04.08.2004. Luego el Ejecutivo propuso crear el Defensor del Ciudadano, proyecto ingresado el 18.10.2000 y retirado el 11.11.2003; re-ingresado el 04.12.2003, aprobado en general el 08.10.2008 y rechazado en particular el 12.11.2008. El 04.12.2008 se presentó la Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, aprobada por la Cámara de Diputados el 10.03.2009”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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  1. guillermo rioseco
    Marzo 9, 2011

    Esto si vale la pena apoyarlo, con todo

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