Piden al gobierno manifestar molestia a Rusia y China por ‘barcos piratas’

Diputado Navarro, autor de iniciativa, valoró aprobación de propuesta

barco

Su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Acuerdo Nº233, que solicita al Presidente Lagos representar la molestia de Chile a los gobiernos de China y Rusia -a través de sus embajadores- por la presencia de buques pesqueros en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva, especialmente en la VIII Región, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor de la iniciativa que contó con el apoyo mayoritario de todos los sectores.

El parlamentario dijo que “el proyecto aprobado también plantea al Ejecutivo incluir, en futuras rondas de conversaciones que se generen en el marco de convenios y acuerdos internacionales, los mecanismos que aseguren a Chile resolver este tipo de conflictos con países de puertos lejanos que llegan hasta nuestras costas, bajo el principio de proteger la biomasa, especialmente de jurel”.

Navarro indicó que “al igual como ocurrió cuando se impulsó la creación de las 200 millas de ZEE, esperamos una mayor iniciativa y liderazgo de parte de la Cancillería chilena frente a este tema, así como la autoridad marítima debe investigar si es efectivo que estas naves están siendo abastecidas desde puertos nacionales, toda vez que esta acción sistemática de los ‘piratas pesqueros’, tiene como fin último el desgaste de la soberanía efectiva de nuestro país en las 200 millas”.

El parlamentario señaló que “la operación de las naves rusas y chinas ha producido preocupación, por lo perjudicial que resultan sus faenas para los armadores y pescadores artesanales nacionales, toda vez que afecta a un 7% de la cuota total nacional asignada de acuerdo a la normativa vigente”.

“Estas embarcaciones -agregó- realizan su actividad pesquera en el límite de la ZEE de nuestro país, en virtud de la libertad de pesca, que conforme a la Convención sobre el Derecho del Mar, existe en alta mar. Sin embargo, esta misma normativa condiciona la facultad de ejercer estos derechos, a las obligaciones convencionales de los estados y las disposiciones de la propia Convención sobre conservación de los recursos marinos vivos, y consagra un interés preferente del país ribereño en relación a la pesca en áreas aledañas a sus aguas jurisdiccionales”.

Navarro dijo que “en este marco, el que Chile haya firmado junto a Colombia, Ecuador y Perú, un “Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste”, conocido como el Acuerdo de Galápagos permite lograr la adhesión de países pesqueros de aguas distantes, con el fin de establecer en conjunto regímenes de conservación para especies consideradas como prioritarias, en sectores de alta mar adyacentes a zonas marítimas aledañas”.

El parlamentario indicó que “esta actividad pesquera, apenas afuera de las 200 millas, está dañando no sólo la biomasa, sino también el precio internacional del recurso. Por ello, y aunque la existencia del Acuerdo de Galápagos representa un gran paso supracional para establecer condiciones de conservación de los recursos en el pacífico sudeste, este es un tema muy complejo y no depende de una solución diplomática o la creación de una flota de alta mar. Estamos en presencia de un conflicto internacional de intereses, donde ya existen casos de similares características y hay fallos pendientes de parte del Tribunal Internacional de Derecho del Mar sobre ellos, lo que necesariamente generará jurisprudencia sobre la materia”.

El diputado del PS señaló que “además, con el propósito de perfeccionar el sistema de administración de recursos vivos marinos, Chile promulgó los decretos Nº361 y 598, que hacen aplicables las medidas de conservación y manejo nacional a las especies jurel y pez espada, incluso en alta mar, con relación a las embarcaciones chilenas. Estas disposiciones se basan en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que faculta el establecimiento de normas de conservación y manejo sobre especies transzonales o altamente migratorias existentes en la ZEE y la alta mar y el artículo 117 de la Convención del Mar, que tipifica el deber de los estados de adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar”.

Finalmente, Navarro dijo que “para poder establecer una reclamación formal sobre la materia es necesario consultar la opinión de especialistas pesqueros, jurídicos y biológicos que nos permitan, en primer lugar, resolver la duda que existe hace mucho tiempo, pero que por no existir una investigación pesquera moderna en Chile, no hemos podido aclarar: cuál es el real volumen de la biomasa de jurel, y cuáles son los tiempos de sus flujos migratorios. Una vez que sepamos con certeza ese dato podremos decir -en la instancia que corresponda- si lo que están pescando rusos y chinos es parte o no de la cuota nacionalmente fijada”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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