“PIDEN DESIGNACION DE MINISTRO EN VISITA PARA INVESTIGAR DISPAROS A MAPUCHES”

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Fue ingresado ayer tras una entrevista con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción Señora Sara Herrera Merino.

En lo principal: piden designación de Ministro en Visita. En el Primer Otrosí: acompañan documentos. En el Segundo Otrosí: patrocinio y poder.

Iltma. Corte

ADOLFO NONATO MILLABUR ÑANCUIL, Alcalde de la I. Municipalidad de Tirúa, domiciliado en Costanera 080, comuna de Tirúa, MIGUEL LIGUEMPI HUILITA, Consejero de Conadi, domiciliado en Los Chilco s/n, Tirúa, ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Diputado de la República, a V.S.I. respetuosamente decimos:

Que en cumplimiento de nuestras responsabilidades públicas, en cuanto Alcalde como máxima autoridad de la Comuna de Tirúa, Consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Diputado de la República, respectivamente,y en virtud de lo dispuesto en el Código Artículo 560 N°2 del Código Orgánico de Tribunales, venimos en solicitar a V.S.I. la designación de un Ministro en visita a fin que se investiguen y juzguen los graves hechos delictivos perpetrados el día de ayer, por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyas identidades desconocemos, causando lesiones de carácter grave a cuatro personas, todos mapuches, y poniendo en peligro la vida e integridad física de decenas de personas que se encontraban en la vía pública, según los hechos y antecedentes que pasamos a exponer:

Ayer, 15 de mayo de 2001, alrededor de las 12:45 horas, se encontraban reunidos cientos de vecinos de nuestra comuna por ser el día de pago de los subsidios asistenciales, familiares y otras pensiones que otorga el Instituto de Normalización Previsional (INP) y que cancela en la caja pagadora que se ubica en una dependencia de la Iglesia Católica, ubicada en Julio Montt con Ignacio Carrera Pinto. Según información proporcionada por testigos presenciales de los hechos varios sujetos que pertenecían a la Policía de Investigaciones, algunos simulando de identidad como vendedores ambulantes, y que se encontraban en la cercanía de la mencionada de la caja pagadora, sin cumplir con ningunas de las formalidades que exige el Código de Procedimiento Penal pretendieron aprehender, al parecer a una persona mapuche, provocando con su prepotente y arbitraria actuación conmoción entre los vecinos. Ante la protesta de ellos, por el modo de actuar de estos funcionarios policiales, que según dijeron cumplirían una orden emanada del Ministro instructor que sigue un proceso por Ley de Seguridad del Estado en contra comuneros mapuche, los sujetos cuya identidad desconozco procedieron a disparar prácticamente a quemarropa en contra de las personas reunidas, hiriendo gravemente a bala a don:1.- Juan Bautista Liempi Marihuén, de 47 años, miembros de la comunidad indígena de Tranicura, con riesgo de muerte, con heridas graves en el muslo y fémur izquierdo y eventual pérdida de sus testiculos; 2.- Domingo Marihuen Marín, 37 años, de la comunidad indígena de Comillahue; 3.- Abel Marihuen Huenupil, de 18 años y 4.- Hernán Albornoz Carilao, de 27 años, los dos últimos de la comunidad de Tranicura. Todos ellos después de recibir atención de urgencia de personal de salud de la Municipalidad de Tirúa fueron enviados al Hospital Regional de Concepción, donde se encuentran internados en estado grave.

Ante le baleo, la gente huyó del lugar y fueron perseguidos por los funcionarios, llegando hasta las proximidades de la escuela F 866, que alberga sobre 660 niños en jornada escolar completa. En las inmediaciones de este establecimiento educacional se encontraron casquetes y balas, hecho que pone en evidencia un actuar completamente negligente de los funcionarios públicos, del orden policial, que podría haber causado una tragedia de proporciones inimaginable.

Los hechos descritos constituyen agravios inferidos por funcionarios públicos a derechos garantidos por la Constitución y concretamente la comisión del delito de lesiones graves sancionado por el artículo 397 del Código Penal.

Estos hechos delictivos han causado alarma pública y conmocionado a toda nuestra comuna, pero muy en especial a las comunidades indígenas, cuya existencias son parte esencial de las raíces de la Nación chilena y que se ven severamente discriminadas y sumidas en una situación de pobreza extrema. Es de todo el país conocido la legítima lucha que por el reconocimiento de sus derechos despliegan las comunidades indígenas en nuestra Región. A raíz de presuntos excesos cometidos contra bienes de particulares, a petición de la autoridad regional esta I.Corte ha accedido al nombramiento de un Ministro instructor por supuesta infracción a la Ley de Seguridad del Estado en la que se persigue a personas de origen mapuche. Para nosotros, en particular para el Alcalde y Consejero de Conadi recurrentes, en su calidad de mapuches, un principio de mínima equidad exige que se nombre un Ministro en Visita para investigar hechos atentarios contra la vida e integridad física de las personas a consecuencia de una violencia policial inusitada e inaceptable. Cobardemente se ha atacado a mapuches desarmados, que pacíficamente iban en búsqueda de los esmirriados subsidios que reciben por su situación de pobreza, lo que ha provocado conmoción y justa indignación en la comunidad comunal afectada por la violencia policial.

Como bien comprenderá la Iltma Corte los hechos denunciados tienen una gravísima implicancia a nivel nacional pues resultaría inaceptable para nuestras conciencias y de toda la comunidad nacional un trato discriminatorio en contra de los indígenas en el debido respeto de sus derechos humanos fundamentales. Sería un signo relevante que ante estos hechos el Poder Judicial reaccione nombrando un Ministro en Visita, lo que contribuiría a resguardar la paz y orden social gravemente afectado por los hechos delictivos de que fueron víctimas cuatro mapuches en forma directa y centenares en forma indirecta.

EL DERECHO:

Nuestro Código Orgánico de Tribunales estipula en su Artículo 560, numeral segundo, que se procederá a la designación de un Ministro en Visita cuando se reúnan dos requisitos copulativos: a) que la investigación y juzgamiento se refiera a crímenes o delitos que produzcan alarma pública, y b) que exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias. Ambos requisitos se dan en la especie, reuniéndose las condiciones legales para dicha designación.

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto y lo dispuesto en las normas legales citadas,
ROGAMOS A V.S.I.: se sirva designar un Ministro en Visita para que investigue y juzgue los hechos delictivos denunciados cometidos por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

PRIMER OTROSÍ: Venimos en acompañar diversos recortes de prensa del día de hoy, 16 de Mayo del 2001, en donde se le da amplia cobertura a los hechos cuya investigación y juzgamiento se solicita.
ROGAMOS A V.S.I.: ordenar se tengan los documentos por acompañados.

SEGUNDO OTROSÍ: Rogamos a V.S. tener presente que designamos abogado patrocinante y conferimos poder a don Roberto Celedón Fernández, patente al día, domiciliados en Phillips 16, 5° piso, oficina X, Santiago.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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