Piden paralizar obras de antena de Telefónica Móvil en terreno de Essbio

Un recurso de protección solicitando la paralización de las obras que la empresa Telefónica Móvil realiza para levantar una antena repetidora de telefonía móvil presentó el diputado Alejandro Navarro, junto al concejal Saidén Espinoza y a pobladores del sector Cerro Verde Alto de Penco, especialmente debido a que la edificación de la antena celular, en un terreno de propiedad de Essbio, comenzó sin contar con la autorización de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Penco.

El parlamentario dijo que “pese a que a estas alturas ya no nos sorprende el comportamiento de las empresas de telefonía móvil, quienes siguen empeñados en su ‘carrera olímpica’ para instalar antenas en todo el país, antes que se apruebe la ley que regula su construcción y que gracias a su intenso lobby se ha postergado innecesariamente, lo más grave de este caso no es sólo que la hayan instalado sin permiso, sino que además lo hagan dentro de un recinto de la empresa sanitaria Essbio, lo que ciertamente no nos parece adecuado y sienta un mal precedente”.

Navarro dijo que “aunque los tribunales no han sido muy receptivos ante el argumento de proteger la salud de la gente ante los eventuales efectos negativos que la radiación podría ocasionar, insistiremos en que no es posible que esta antena se levante a apenas cuatro cuadras de una escuela básica que tiene una matrícula de más de 150 niños en jornada escolar completa. Así el esfuerzo de invertir en la educación aparece diluido tras el descriterio de poner las antenas en cualquier lugar, sólo considerando la conveniencia económica de hacerlo”.

El legislador agregó que “además de la grave irregularidad que ya significa que Telefónica Móvil no haya pedido permiso a la municipalidad de Penco para ejecutar esta obra, pediremos a la Subtel que nos diga si efectivamente este lugar es el solicitado por la empresa para su concesión telefónica, ya que muchas veces el permiso es solicitado en un lugar y luego se instala en otro distinto. Como la Subtel sólo se pronuncia y preocupa de los requisitos de la concesión, en la mayoría de los casos no se verifica sui localización definitiva”.

Sobre la discusión que existe sobre los efectos de la radiación de las antenas en la salud de las personas, el diputado del PS fue enfático en señalar que “uno de los pocos que ha sistematizado las experiencias investigaciones sobre el tema ha sido el doctor Andrei Tchernitchi, especialista de la Universidad de Chile y encargado medioambiental del Colegio Médico, quien logró precisar que los efectos biológicos de la radiación electromagnética está relacionada con enfermedades tales como esclerosis lateral amiotrófica, alzheimer, asma bronquial, enfermedades alérgicas, aumento de incidencias de abortos, dermatitis, alteraciones neuroconductuales, cardíacas y endocrinas, entre otras”.

“Entonces -prosiguió- cuando la instalación de antenas pretende sólo regirse por la ley de la oferta y la demanda sin considerar el deterioro en la calidad de vida de la gente, o en la afectación a la plusvalía de las viviendas, creemos que debe tenerse en cuenta investigaciones como la realizada por el doctor Tchernitchi, que concluye, por ejemplo, que el desarrollo del cáncer por exposición a radiaciones electromagnéticas es un efecto diferido, es decir, que se desarrolla después de un período de latencia que puede ser de varios o muchos años”.

Navarro indicó que “en el caso específico de los teléfonos móviles o celulares y el de las centrales de retransmisión de dichos teléfonos, la información es aún insuficiente por el limitado tiempo de su uso. Los efectos, por tanto, son de largo plazo, y hay duda científica sólo por esta razón. Ello no debe servir de excusa ni justificación para la pasividad judicial o del Estado ante el tema, pues existen herramientas jurídicas para prevenir el daño”.

El legislador dijo que “además nos preocupa que no exista en el ordenamiento jurídico nacional una norma que regule la contaminación electromagnética. Las normas vigentes sólo regulan aspectos vinculados a la seguridad en la instalación de fuentes emisoras. De hecho, la única disposición aplicable es la Resolución 505 de la SUBTEL, del año 2000 “que Fija Norma Técnica sobre Requisitos de Seguridad Aplicables a las Instalaciones de Servicios de Telecomunicaciones que Generan Ondas Electromagnéticas”, que fija un límite de emisión del contaminante”.

“Sin embargo -agregó- si vemos esta norma a la luz de las disposiciones de la Ley del Medio Ambiente, puede concluirse que la SUBTEL ha regulado una materia que no es de su competencia, y que de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, dicha resolución adolecería de nulidad por falta de competencia y por no haberse dictado en la forma prescrita por la ley. La ley 19.300 ha vedado la posibilidad legal de dictar normas de emisión y de calidad ambiental bajo otros procedimientos que no sean los establecidos en la ella, estableciendo un sistema único y objetivo cuya administración y gestión radica en la CONAMA”.

Finalmente, Navarro dijo que “esperamos que las empresas telefónicas móviles dejen la carrera olímpica por instalar antenas y también se preocupen de respetar a las municipalidades, a las juntas de vecinos y a los pobladores, especialmente de comunas más pequeñas o rurales. La modernidad en materia telefónica no puede desarrollarse y crecer a costa de los más pobres”.

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