Piden que Estados Unidos autorice ingreso a Guantánamo

Diputados Navarro y Aguiló (PS) y senadores Lavanderos (DC) y Avila (ChileVe):

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Mediante la entrega de una carta en la embajada de Estados Unidos, el senador Jorge Lavanderos (DC) y el diputado Alejandro Navarro (PS), solicitaron, a nombre de ellos y de los legisladores Sergio Aguiló (PS) y Nelson Avila (Chile Ve), al gobierno norteamericano autorice su entrada a la base que ese país mantiene en la bahía de Guantánamo en Cuba, para conocer la situación de los derechos humanos de las más de 600 personas que se encuentran allí recluidas.

Los parlamentarios dijeron que “así como se ha hablado insistentemente de la consecuencia y coherencia que Chile debe mostrar en materia de derechos humanos, en todos los casos, luego de votarse favorablemente la condena contra Cuba, lo único que cabe es que frente a una nueva resolución, esta vez para manifestar preocupación por los derechos de las personas prisioneras en Guantánamo, nuestro país apoye esta medida sin condiciones”.

“Esperamos -dijeron los legisladores- que Estados Unidos también muestre coherencia en esta materia y así como ha promovido y celebrado el voto contra Cuba, acepte que podamos visitar la base naval que tienen en Guantánamo, de tal manera que podamos ver, conocer y formarnos una opinión sobre la real situación de cautiverio y de respeto a su derechos más básicos que tienen los prisioneros, provenientes de más de 40 países”.

El texto de la carta entregada por los legisladores, comienza exponiendo la posición de Chile en materia de terrorismo y defensa de los DDHH. Por ello, se citan la intervención de la Canciller Soledad Alvear, explicando el voto chileno contra Cuba, incluyendo el rechazo al bloqueo norteamericano y la preocupación por los derechos de las 630 personas detenidas en Guantánamo “sin que exista claridad sobre su estatus jurídico, ni se conozcan acusaciones concretas ni cuenten con la legítima defensa a la cual todo ser humano tiene derecho”.

Otra cita que se hace en la misiva dirigida al embajador Brownfield es la del actual embajador ante la ONU, Heraldo Muñoz, quien el pasado 4 de marzo, en una sesión del Consejo de Seguridad dijo que es “obligación de los Estados cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional, en particular las normas relativas a los derechos humanos y a los refugiados y el derecho humanitario”.

A mayor redundancia, la carta entregada por los parlamentarios cita al ex embajador en la ONU, Juan Gabriel Valdés, quien en una intervención el 4 de abril de 2003, dijo que “la lucha contra el terrorismo no es únicamente un tema de gobiernos, sino que debe comprometer a nuestras sociedades civiles y ella debe desarrollarse en un cuadro de legitimidad, de respeto por la ley y de plena vigencia de los derechos humanos. En nuestra región latinoamericana, marcada durante dos décadas por el terrorismo de Estado, comprendemos bien la necesidad de mantener vigentes estos principios. Quién decide combatir al terrorismo utilizando sus métodos, degrada su propia causa y multiplica la amenaza terrorista”.

Otro argumento aludido son los 16 informes que Amnistía Internacional ha elaborado sobre la situación de los detenidos, especialmente el titulado “Bahía de Guantánamo: un escándalo para los DDHH”, que señala que “ninguno de los detenidos ha sido reconocido como prisionero de guerra ni ha comparecido ante un tribunal competente a fin de que éste determine su condición, como exige el Tercer Convenio de Ginebra. En lugar de ello, el gobierno de EEUU los califica de ‘combatientes enemigos’ o ‘terroristas’, vulnerando abiertamente su derecho a la presunción de inocencia, y presume ilegalmente, una justificación para denegarles sus derechos humanos más básicos”.

Finalmente, los parlamentarios dijeron que “no accederse a esta visita, cuya petición ha sido hecha formal y oficialmente, quedaría en evidencia que frente al tema de los derechos humanos existe más de una vara para medir a los países y a los gobiernos. Si eso llega a ocurrir, ello se traduciría en un debilitamiento peligroso de la institucionalidad jurídica internacional, quedando el vínculo entre las naciones sujetas sólo a las relaciones de poder, económicas o militares, lo que claramente genera un desequilibrio, alejando la posibilidad de una convivencia más justa”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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