Piden rectificar dictamen de Contraloría sobre licencias de conducir profesionales

Diputado Navarro dijo que muchos conductores están siendo perjudicados

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Su preocupación por un dictamen de la Contraloría Regional de la República de la IX Región respecto de la interpretación de la norma que establece la obligación de rendir exámenes -teórico y práctico- en escuelas de conductores profesionales, manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien indicó pedirá al máximo órgano contralor “rectificar este dictamen que tiene muy complicados a cientos de conductores poseedores de licencias de conducir clases A-1 y A2 a lo largo del país”.

El parlamentario dijo que “la ley que estableció que a partir del 8 de marzo de 1997 se hacía exigible el curso teórico y práctico en las escuelas de conductores profesionales marcó, con claridad, una fecha límite. Aquellos que poseían la licencia de conductor clase A-1 o A-2 antes de esa fecha no requerían, efectuar los controles respectivos para renovar su licencia. Sin embargo, han existido problemas graves respecto de la resolución establecida por la Contraloría Regional de la Araucanía, que concluyó que las licencias de conducir cuyos titulares no efectuaron los controles legales correspondiente han perdido su vigencia, por lo que deben cumplir con el requisito”.

“Sin embargo -agregó- la persona que no había renovado su licencia, por acogerse al beneficio que establecía que a partir del 8 de marzo de 1997 no debía rendir los controles respectivos para renovarla, si hoy se atrasa un día en la renovación la licencia pierde la vigencia. Eso implica que cuando proceda a hacer dicho trámite se encontrará con que debe cumplir con el requisito de rendir los cursos teóricos y prácticos, lo cual le significa incurrir en un costo, en circunstancias de que la ley ya lo había eximido”.

Navarro dijo que “al respecto, cabe señalar que esto resulta muy perjudicial para muchos conductores de camiones de tránsito internacional y de regiones apartadas, donde no hay escuelas de conductores. Por eso, cada vez que la licencia se vence debe existir un margen de flexibilidad para su renovación, el cual hoy no se da, porque cada vez que las licencias de clase A-1 y A-2 han vencido a los conductores se les impone la realización y aprobación de los cursos teóricos y prácticos”.

“Lo anterior -señaló el legislador del PS- está dentro del marco de la legislación vigente, porque el artículo 13 de la ley N°18.290 contempla, como condición esencial para la obtención de la licencia de conducir profesional, aprobar los cursos teórico y prácticos que imparten las escuelas de conductores. Sin embargo, es importante señalar que el artículo 2° transitorio de la ley N°19.495, contempla una situación de excepción, al disponer que las actuales licencias clases A-1 y A-2 mantendrán su vigencia, habilitando a sus titulares a conducir los vehículos motorizados que indica, según sus respectivas licencias, debiendo éstos acreditar, cada dos años, que cumplen con los requisitos generales señalados en el artículo 13 de la ley N°18.290”.

El diputado indicó que “al respecto, debe precisarse que dentro de esos requisitos no se incluye tener aprobado el curso teórico y práctico que imparten las escuelas de conductores profesionales. No obstante, en la actualidad la resolución de la Contraloría de la IX Región obliga a que cuando hay un día de retraso de la licencia se debe obligar a los conductores, al momento de renovarla, a cumplir con el requisito antes señalado, lo que está provocando severas distorsiones y graves efectos económicos”.

Navarro dijo que “por eso, se hace necesario señalar a la Contraloría General de la República que no ha sido el espíritu del legislador el establecimiento de condiciones para aquellas personas que ya quedaron exceptuadas, por lo que debe efectuarse una revisión del dictamen, a fin de establecer que para aquellos que cumplieron con la ley y que no les fue exigible, el requisito de rendir un examen teórico y práctico en la renovación de la licencia, aún cuando a que ésta hubiere vencido, se mantenga con la excepcionalidad dispuesta por el artículo 2° transitorio de la ley N°19.495, en cuanto a la no obligatoriedad de rendir dichos exámenes. En todo caso, estamos hablando del establecimiento de un plazo prudente para la renovación de la licencia, el cual estimo no debe ser superior a treinta días del vencimiento de la misma”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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