PL Obliga a autoridades religiosas a denunciar delitos

Boletín Nº 6.938-07

Proyecto de ley, iniciado en Moción de losHonorables Senadores señor Navarro, señora Pérez San Martín y señores Escalona, Horvath y Muñoz Aburto, que obliga a quienes ejercen labores pastorales a denunciar delitos que indica

Imagen: www.troviamoibambini.it

Durante la primera mitad del siglo XIX, las relaciones Iglesia-Estado, en Chile, estuvieron determinadas por la insistencia del Gobierno chileno para lograr que la Santa Sede reconociese a sus gobernantes el Derecho de Patronato. Como sabemos, no fue posible obtenerlo, a pesar de haber enviado el Gobierno tres misiones ante la Santa Sede para tal efecto. Ya durante la segunda mitad del siglo XIX, la relaciones se tensionaron aún más con el advenimiento de los gobiernos liberales, y el proceso codificador francés, que tuvo su inicio con el Código de Bello de 1857 y se reafirmaría con la dictación de las leyes laicas durante el mandato de Santamaría.

Con la Constitución de 1925 que preconizó la secularización del Estado, y su definitiva separación de la Iglesia Romana, marcó un hito único en la consolidación de un Estado de Derecho Moderno. Fue sin duda dicha consagración, el resultado de una evolución histórico política, marcada por los gobiernos liberales de fines del siglo decimonónico como los receptores de las ideas ilustradas europeas, pero también fue el hito que puso fin a los gobiernos parlamentarios, y se presentó como la oportunidad de fortalecer la figura del Presidente de la República, como autoridad autónoma a la órbita de influencias de Roma.

El principio de separación de la Iglesia Católica del Estado, significó entre otras cosas, que, no obstante tener personalidad jurídica de derecho público, dejó de participar, al menos oficialmente, en la estructuración de estado y el funcionamiento de sus instituciones y además importó el deber de sujetarse inexorable e irrestrictamente a las leyes civiles dictadas conforme a la carta fundamental.

Ya bajo la vigencia de la constitución de 1980, reformada por la ley 20.050 el año 2005, entiende que la Iglesia Católica y otros cultos, como la protestante, son considerados grupos intermedios que el Estado debe propender a su desarrollo y protección, asimismo dentro del catálogo de garantías fundamentales del artículo 19, consagra la libertad de profesar cualquier culto. De este modo, la Iglesia es una institución que activamente participa en la sociedad, goza de personalidad de derecho de derecho público, tiene exenciones tributarias, dentro de otras garantías. Así las cosas, las Iglesia reconocidas por el Estado, deben sin duda, sujetarse al derecho Chileno.

Más aún una manifestación de derecho a la igualdad ante la ley, se concreta con la dictación de la Ley N^19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, la que le reconoce a todas las confesiones religiosas y a todos los cultos la personalidad jurídica de derecho público y no sólo a la iglesia católica cono era antes, de acuerdo a los artículo 10 a 12 de la ley señalada; así como también reconoce a los ministros de culto de las otras confesiones los mismos privilegios que antes tenían ya los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica en materia ete declaraciones judiciales, por lo cual ahora todos, sin importar su credo, pueden hacerlo por oficio (no necesitan comparecer personalmente), de acuerdo al artículo 13 de la misma ley.

Pero también es un derecho prestación, pues el Estado puede fomentar el factor religioso, y de hecho lo hace cuando la misma Constitución dispone en el artículo 19 N° 6 inciso tercero que “Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones”.

El fomento de la libertad religiosa por parte del Estado, el que Chile sea un Estado laico, pero no laicista, y que promueva y colabore con la libertad, se debe a los evidentes beneficios sociales y espirituales de la libertad religiosa.

Como contrapartida, las confesiones religiosas, como cualquier grupo intermedio, deben respetar la ley, y colaborar con el Estado en la persecución de sus fines, entre ellos la sanción penal de quienes han cometido delitos.
Esta colaboración mutua es la que fundamenta en imponer un deber de los ministros de culto a denunciar delitos de que tengan noticia a las autoridades temporales competentes.

Una manifestación clara de la supremacía constitucional y de la secularización subyacente en la misma, se denota con más claridad en el derecho penal, ya que frente a la inobservancia de la norma se despliega un poder estatal represivo capaz de privar de libertad a los habitantes, para procurar la recomposición y la vigencia de la norma quebrantada. Frente a ese poder, el ordenamiento jurídico ha ¡mplementado una serie de reglas que lo regulan, controlan y supeditan, a fin de evitar que el Estado de Derecho de paso a un Estado Policial.

Dentro de las normas penales adjetivas, ciertos actores y representantes del Estado, se les ha impuesto la obligación, en razón al cargo que detentan, y a las responsabilidades que ejercen, de informar a los organismos del Estado competentes, de la comisión de hechos, que por sus características, revistan caracteres de delito. En efecto, directores de establecimientos educacionales, policías, jefes de puertos, capitanes de navíos, están obligados por mandato legal a denunciar los hechos típicos a fin de que, se inicie una fase exploratoria, a la que le puede seguir un juicio racional y justo a fin de determinar la responsabilidad penal del infractor. Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas individuales estén obligadas a denunciar un abuso sexual contra menores si es que se llegan a enterar. De lo contrario, podrían ser procesados como cómplices de dicho delito. Específicamente, el Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados.

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito, y

e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.
El Artículo 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República.

El Artículo 177 explica qué pasa si alguno de éstos no denuncia: “Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.

En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede precederse por causa de los delitos previstos en los Artículos 361 a 366 quater (es decir, delitos sexuales), sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por quien la tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona ofendida (la víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razón de su actividad o podrá precederse de oficio por el Ministerio Público, quien estará facultado también para deducir las acciones civiles a que se refiere el artículo 370 (alimentos). En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo madres, tías, abuelas, etcétera. De lo contrario, arriesgan ser procesados como cómplices.

f) La legislación chilena también es clara sobre los peritajes que deben hacerse.

Hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, deberán practicar los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar el cuerpo del delito y a identificar a los partícipes en su comisión, debiendo conservar las pruebas y muestras correspondientes. Levantar acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado.

Entregar copia del acta a la víctima o quien la tuviere bajo su cuidado.

Guardar muestras obtenidas, resultados de análisis y exámenes practicados, bajo custodia y estricta reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un período no inferior a un año, para ser remitidos al tribunal correspondiente.

La obligación que la ley ha impuesto a ciertas personas, consistentes en el deber de denunciar la comisión de delitos, dice relación con la responsabilidad que tiene respecto del bienestar de otras personas a su cargo y de la sociedad toda, es por ello que no existe argumento alguno que justifique no incorporar a este catálogo de personas obligadas a denunciar, a los jefes eclesiásticos, o autoridades responsables por personas que han consagrado su vida institucionalmente a una determinada doctrina de fe, en cuanto estos cometan delitos o bien sean víctima de alguno en especial.

En los últimos años hemos asistido a un aumento sostenido de denuncias por delitos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y protestantes. Con todo, los hechos que más han causado revuelo mediático han sido hechos en los que se han visto involucrados sacerdotes pertenecientes a la doctrina católica. A raíz de lo anterior, las autoridades eclesiásticas, han optado por investigar internamente dichas situaciones, amparándose en el secreto de confesión, que si bien es legítimo, desde la óptica de su fe, no constituye un óbice válido para que el derecho impere. De ahí, surge la necesidad de que las autoridades de las instituciones de fe, estén obligados a denunciar aquellos delitos cometidos por miembros de la institución de fe en ejercicio de su ministerio. Así, si un sacerdote realiza un acto indebido al impartir clases sobre la doctrina o con ocasión de algún rito o sacramento, sus superiores y correligionarios, deberán denunciar los hechos a la justicia sin demora, so pena de ser considerados cómplices.

Debemos precisar que la excepción de este deber de denunciar lo consagra la misma ley, como en el caso del secreto de confesión. Fuera de estas hipótesis, que son bastante comunes, como denuncias verbales o cartas al clero, el deber estará plenamente vigente. A nuestro juicio, ocultar información fuera del secreto de confesión es en cierta manera encubrir el delito. Muchas de las denuncias hechas a Ministros de culto, se han realizado fuera del secreto de confesión, por lo que esta institución está fuera de crítica alguna. Asimismo, atacar el secreto de confesión implicaría demoler el edificio competo de la ley de culto y de la reforma procesal penal, lo que no es viable hacerlo de esa manera. Asimismo, para la entrega de armas no inscritas, se ha garantizado el secreto de la identidad de quien las entrega en parroquias y templos. La ley es la que señala por si misma las limitaciones de este deber que pretendemos imponer.

Por lo anterior vengo en presentar el siguiente,

Artículo único: incorpórese al artículo 175 del Código Procesal Penal, la siguiente letra f) nueva: “Las autoridades eclesiásticas o de culto superiores, de cualquier confesión religiosa, sean de derecho público o derecho privado, y, en general los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos y sacerdotes, los delitos cometidos por personas consagradas institucionalmente a su respectivo culto, en ejercicio o con ocasión de su ministerio”.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
SENADOR

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