Plantas de Revisión Técnica: “es necesario corregir ahora lo que resulta incompatible”

Diputado Navarro dice que no se puede tener flota de vehículos y planta propia

revision tecnica

Su convicción de que “resulta absolutamente necesario modificar la normativa que rige para operar una planta de revisión técnica para eliminar todos aquellos aspectos que hasta hoy persisten y, claramente, construyen incompatibilidades”, planteó el diputado Alejandro Navarro, quien dijo que “hay que aprovechar de hacer estos cambios ahora, al calor de las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades ocurridas en torno a las plantas”.

En este mismo sentido, el parlamentario indicó que “hay que hacer efectivo lo propuesto en la letra f del informe, en relación a ‘establecer incompatibilidades para las personas que se adjudiquen una planta de revisión técnica, de forma tal que no puedan desarrollar actividades económicas que afecten el transparente funcionamiento de tal planta’, para de esa forma evitar que se utilice la concesión para lucrarse, ya sea vendiendo sus repuestos o presionando indirectamente para que los vehículos se atiendan en sus talleres o servicios”.

“Esto -prosiguió Navarro- es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la empresa de servicios de salud de urgencia pre hospitalaria, Unidad Coronaria Móvil, que de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial el 22 de junio de 1998, constituye entre otras personas Oscar Biderman Levinson, aportando más de 53 millones de pesos. Sin embargo, la misma persona figuraba, en publicación hecha en el Diario Oficial con fecha 9 de mayo del mismo año, informando el cambio de razón social de ‘Autotest Servicio de Revisión Técnica’, haciendo un aporte de 99 millones de pesos”.

“Curiosamente -afirmó el diputado- la totalidad de los vehículos de Unidad Coronaria Móvil y también de Help, empresa que se desempeña en el mismo rubro son sometidos a su revisión técnica en Autotest. Frente a este hecho pediremos de oficio a la Subsecretaría de Transportes que fiscalice esta planta y los vehículos, especialmente porque estas empresas no sólo revisan ambulancias sino también los llamados vehículos de aproximación, que como en el caso de la muerte de la doctora Ana Luisa Satizabal, en mayo del 2001, también sufren accidentes”

Siguiendo con lo propuesto por la Comisión Investigadora en su informe, el legislador del PS señaló compartir que “se establezca incompatibilidad cuando exista una relación de parentesco con algún otro concesionario en la misma región. Sin embargo, creo que a ello hay que agregar mayores precisiones puesto que como la postulación a contar con el permiso de transportes para operar una planta es individual, no se hace mayor cuestionamiento a las personas jurídicas que existen detrás”.

“Por eso -añadió- me parece absolutamente necesario, que además de otorgar las concesiones para operar plantas de revisión técnica sólo a personas jurídicas, de modo de evitar los problemas que se producen por la caducidad de la concesión al fallecer el concesionario, se agreguen artículos más específicos sobre la conformación de las sociedades que opten a operar plantas de revisión técnica a fin de establecer fehacientemente que no existe ningún tipo de incompatibilidad o de intereses cruzados con otra actividad que realice, tal como curre con las ambulancias de la Unidad Coronaria Móvil”.

Navarro señaló que “además, en casos como el de la empresa de emergencia pre hospitalaria, la existencia de estas incompatibilidades está poniendo en riesgo la vida de trabajadores y de pacientes, tal como consta en una serie de denuncias hechas por sus propios funcionarios, casos entre los cuales figura, en noviembre de 1999, la pérdida de la banda central del neumático trasero izquierdo del móvil 43, debido a un recauchaje informado a la jefatura; o la ruptura del tren trasero, en diciembre del mismo año, ‘desperfecto’ que significó lesiones para el médico, y la enfermera, pese a que la ambulancia venía saliendo del taller”.

“Casos patéticos -dijo el parlamentario- son el del móvil 27, que debió concurrir a la atención de un paciente en riesgo vital pese a que no podía desplazarse a más de 40 kms/hr., y el de la ambulancia 43 que, en diciembre de 1999 sufrió el fundimiento de su motor, tras la pérdida insistente de líquido y la orden de continuar en funciones”.

El diputado agregó que “frente a estos hechos y a los que sus propios funcionarios calificaron como inexistencia de servicios adecuados de mantención, y dejando en evidencia el riesgo para profesionales y pacientes, los dirigentes sindicales de la empresa a la Inspección del Trabajo, solicitando fiscalización en esta materia en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo que indica la obligación para el empleador de ‘tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores’.

“Por ello, no es sorprendente conocer el número de reclamos contra Unidad Coronaria Móvil, muchos de los cuales están relacionados con la demora en la entrega del servicio contratado, muchas veces con riesgo para la salud y la vida del afiliado, debido a fallas mecánicas o estructurales en las máquinas que se utilizan para atender a los usuarios”.

Toda esta situación, señala Navarro, es lo que ha facilitado que la Cámara, en dos ocasiones -agosto del 2001 y abril de 2002- haya aprobado los proyectos de acuerdo que presentamos sobre esta materia, mandatando a las Comisiones de Salud y de Transportes para que conozcan de esta situación y sugieran las medidas legislativas a seguir. Sin embargo, todo el debate relacionado con la reforma de la salud no ha permitido realizar esta investigación, que esperamos tras el episodio denominado caso coimas se pueda reactivar”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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