Presentan querella por asociación ilícita contra empresas Quiroga

Diputado Navarro y afectados denunciaron en tribunales a ‘holding del engaño’

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Una querella criminal por asociación ilícita en contra de los principales ejecutivos y de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de este delito, presentó el diputado Alejandro Navarro junto a un grupo de afectados por el accionar de las empresas del grupo Quiroga -Future Land S.A., Constructora JCQ S.A., Sociedad Inmobiliaria Paso Largo S.A., Inversiones e Inmobiliaria Quiroga Limitada, Comercial Agrícola y Ganadera Santa Elena Limitada- ante los tribunales de Concepción.

El parlamentario dijo que “esta acción se funda en las 97 querellas contra las distintas empresas de este “holding del engaño”, por delitos por giro doloso de cheques, estafa, falsificación de instrumento público mercantil, uso malicioso de instrumento privado, fraude y otros, fuera de muchas otras que no están en nuestro conocimiento, y sin mencionar las innumerables demandas civiles radicadas en los distintos Juzgados Civiles, y las denuncias efectuadas por los afectados ante el SERNAC, quienes por estas vías han decidido recuperar los dineros obtenidos ilícitamente”.

Navarro dijo que “un agravante adicional a esta gran cantidad de acciones judiciales en contra de Juan Carlos Quiroga Alarcón, Ariel Lozano Canales, Norka Waleska Villalobos Delannays, Daniel Alejandro Cuevas Venegas, en que los querellados se encuentran sometidos a proceso en distintas causas y cuentan con órdenes de aprehensión pendientes. De hecho, la Policía de Investigaciones cuenta con una nutrida lista de órdenes de investigar por los diversos delitos cometidos”.

El legislador del PS señaló que “entre las personas que han presentado esta querella criminal está el de Verónica Pedreros Concha, a quien en julio de 1997, la Constructora Quiroga Limitada le compró un bien raíz ubicado en Villa los Aromos, en la comuna de Penco. Dicho contrato fue pagado una parte al contado y el saldo a través de un cheque girado por Juan Carlos Quiroga, por un monto de 76 millones de pesos, quien una vez materializada la compra, dio orden de no pago al cheque, quedándose la señora Pedreros, literalmente en la calle”.

“Posteriormente -agregó- Juan Carlos Quiroga, vendió la propiedad a la sociedad Future Land S.A., representada legalmente por Daniel Cuevas Venegas, quien procedió a vender las casas construidas sobre el terreno a distintas personas, quienes de buena fe y no conociendo las prohibiciones y gravámenes que poseían las propiedades que compraban, contrataron con Future Land S.A., contratos de promesa de compra-venta, pagando al contado el precio de los mismos, prometiendo la empresa celebrar el contrato definitivo 90 días después de la suscripción del contrato de promesa, contratos que por cierto no se pudieron celebrar, por contar el inmueble con prohibición de enajenar, e hipotecada la propiedad toda, por el Banco Sudamericano”.

El diputado indicó que “estas mismas personas crearon en la comuna de Santa Juana, un complejo deportivo y recreativo llamado “Club de Campo Valle Alto del Sol”, de propiedad de la Sociedad Valle Alto del Sol S.A., representada por Daniel Cuevas Venegas, quienes para la construcción del referido Country Club, solicitaban los servicios de diversos contratistas y proveedores, a quienes pagaban con cheques, a los que posteriormente daban orden de no pago. Por ejemplo, Constructora JCQ S.A., contrató la construcción de tres piscinas, las que pagó con cheques de Future Land S.A., dando luego orden de no pago a los cheques, pasando a ser propietarias de las piscinas la Sociedad Inmobiliaria Paso Largo S.A.”.

Sobre Valle Alto del Sol, Navarro señaló que “luego, de manera irregular, se vendieron acciones de la serie B de la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Paso Largo S.A., a miles de personas, quienes con la esperanza y bajo la promesa de realizar en dichas instalaciones, ubicadas en la Ruta de la Madera, prácticas deportivas de recreación y esparcimiento, las compraron. Estas acciones en virtud de contratos de carácter de irrevocables, cuyos valores variaban entre un millón 300 mil y dos millones 200 mil pesos, fueron canceladas con un pie de 300 mil pesos y un saldo pagadero en cuotas mensuales, garantizadas mediante pagarés”.

“Sin embargo -añadió- todos los aparentes beneficios que en la calidad de accionistas brindaría la Sociedad Paso Largo S.A., son una completa y absoluta falsedad, por que no existe documento alguno donde consten los derechos de los supuestos accionistas, ni cuenta este proyecto, con ningún permiso ambiental sectorial emitido por salud. En este sentido, el Servicio de Salud de Concepción, producto de un sumario sanitario emitió una resolución, prohibiendo su funcionamiento, ya que no cuenta con el permiso de construcción de parte de la Municipalidad de Santa Juana. Más aún, la Dirección de Obras Municipales, con fecha 14 de noviembre de 2000, ordenó la paralización de obras y efectúo la correspondiente denuncia en el juzgado de Policía Local, donde se aplicó una multa de 19 U.T.M., por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

“Pese a todo lo anterior -dijo el parlamentario- con fecha 23 de mayo de 2001, la misma Dirección de Obras dicta una nueva resolución ordenando la paralización de las faenas, fijando un plazo de 30 días para regularizar la construcción sin permiso, enviando nuevamente los antecedentes al Juzgado de Policía Local a objeto que se aplique la fijación de un nuevo plazo y la clausura de las obras en caso de persistir en el incumplimiento. Sin embargo, la empresa aludida no ha realizado ninguno de los trámites que la municipalidad exige para la obtención del permiso”.

Por último, Navarro señaló que “el delito de asociación ilícita se encuentra tipificado en el párrafo 10, título IV del libro II del Código Penal, en los artículos 292 y siguientes. Así también, el artículo 292 del Código Penal castiga ‘toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades’. Así, el artículo 293, del mismo cuerpo normativo dispone que ‘si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieren ejercido mando en ella y sus provocadores, sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados’.

Ver querella y otros documentos

Prensa Oficina Parlamentaria

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