Presidente de Mutuales A.G hoy declara ante Comisión Investigadora

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  • El senador Navarro dijo que “existe consenso en que la ley 16.744 debe ser cambiada y recuperar el espíritu originario de esta, que es resguardar y proteger a los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades laborales, y no lucrar a costa de un seguro social, como lo han hecho hasta ahora estas empresas”.

Hoy se dará cita la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el eventual perjuicio fiscal que habría causado las mutuales producto del rechazo masivo de accidentes laborales y enfermedades profesionales, hoy fue citado a declarar el presidente de Mutualidades A.G Ernesto Evans, gremio que agrupa a los dueños de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (C.CH.C) y al Instituto de Seguridad Laboral (IST).

Recordemos que la primera sesión recibió a la directora de Fonasa Jeanette Vega, quien acompañada de la Dra. Bélgica Bernales, Jefa de Unidad de Licencias Médicas y Subsidio por Incapacidad Laboral reiteró que “hay 540 licencias médicas que son de origen laboral que las estamos pagando como curativas, lo que genera un perjuicio al Fisco de más de $90 mil millones al año”.

Del mismo modo en las sesiones siguientes se escuchó a las asociaciones de usuarios del sistema de mutualidades, entre las que se encuentran ONG Salud Digna y Justa, Trabajadores unidos contra el asbesto (TUCA) – Coronel Bocamina I y II, Agrupación Nacional de Víctimas de la ACHS y representantes del Centro de Ergonomía y Salud Ocupacional (CESO), quienes manifestaron las graves consecuencias que sufren los trabajadores cuando su accidente laboral o enfermedad profesional es rechazada por el sistema de mutualidades y por la Superintendencia de Seguridad Social.

El senador Alejandro Navarro, uno de los parlamentarios que ha impulsado la creación de la Comisión Investigadora, ahondó en el origen del fenómeno “este fenómeno se origina a través de incentivos perversos, ya que si un accidente no es calificado como laboral por la mutual o la Superintendencia de Seguridad Social, disminuye la tasa de accidentabilidad de la empresa, por  tanto, al ser estas menos riesgosas, permite que la cotización que cobra la mutual al empleador, para efectos del seguro laboral, mantenga o disminuya su valor”.

Añadió que “al no brindar atención a trabajadores beneficiarios de la ley 16.744, las mutualidades generan las condiciones necesarias para atender a particulares y lucrar. Esto, ya que el decreto ley 1819, promulgado en Dictadura, en su artículo 29 señala que, ‘las mutualidades quedan facultadas para extender la atención médica a particulares cuando estén en condiciones para ello, sin desmedro de las funciones y obligaciones que les encomienden o imponen la legislación que les es aplicable, sus reglamentos o estatutos’”.

“Es así como las mutuales, entidades que fueron creadas para prevenir y resguardar a los trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales, desvirtuaron el espíritu de la ley 16.744, la que fuese promulgada el año 1968, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalba, para convertirse hoy en una máquina lucrativa a costa de defraudar el Estado”.

Rol de la Superintendencia de Seguridad Social

El parlamentario agregó que “esta situación no compete sólo a las mutuales. La Superintendencia de Seguridad Social también juega un rol como organismo fiscalizador. La SUSESO, es el organismo estatal encargado a revisar todas las apelaciones y reclamaciones cuando la mutual rechaza una licencia médica laboral”.”

“Cabe señalar que entre enero y septiembre del año 2015 un 19.66% de los accidentes laborales y un 80.4% de las enfermedades profesionales fueron rechazados, terminando estos siendo atendidos en el sistema público de salud, en circunstancia que en muchos de estos casos correspondía que el seguro de la ley 16.744 asumiera la atención”.

Finalmente Navarro dijo que “existe consenso en que la ley 16.744 debe ser cambiada y recuperar el espíritu originario de esta, que es resguardar y proteger a los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades laborales, y no lucrar a costa de un seguro social, como lo han hecho hasta ahora estas empresas”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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