“PROBIDAD Y DECLARACION DE BIENES”

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La declaración de patrimonio contiene la individualización de todos los bienes inmuebles del funcionario
Cuando la Cámara de Diputados estudió el Proyecto de Ley sobre Probidad Administrativa, se aprobó específicamente la obligación de hacer una declaración de patrimonio y de intereses antes de que asumieran sus cargos las autoridades de la Administración del Estado. Esto, a objeto de crear los mecanismos que permitieran cotejar los posibles conflictos de interés que pudieran presentarse durante el desempeño del cargo.

La declaración de patrimonio contiene la individualización de todos los bienes inmuebles del funcionario. Incluye, además, mención de los bienes muebles de significación económica relevante, incluidos los derechos que correspondan al funcionario en cualquier tipo de comunidad o sociedad, constituida en Chile o en el extranjero, y los depósitos a plazo o documentos financieros en moneda nacional o extranjera que posea. Comprende, asimismo, la individualización de los contratos de cuenta corriente que tenga suscritos en Chile o en el extranjero, así como de las obligaciones patrimoniales que constituyan el pasivo del funcionario.

A su vez, la declaración de intereses contiene la individualización de las actividades profesionales, inversiones y cualquier clase de negocios que posea o en que participe el funcionario, y que le proporcionen o puedan proporcionarle, ingreso económicos, sea como persona natural, o como socio directo de una sociedad.

Estarían afectos a la declaración de patrimonio y de intereses el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Embajadores, los Intendentes y Gobernadores, los Consejeros del Banco Central, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, los directores de las empresas del Estado creadas por Ley, los Jefes Superiores de Servicio, los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, y los niveles jerárquicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

De esta forma, se pretendía establecer, para los niveles más altos de la Administración, una norma que permitiera resolver el caso de la autoridad o funcionario que estuviera en la disyuntiva de tener que participar o no en la toma de decisiones en donde el interés general se confunde con su interés personal. Esa autoridad o funcionario, por transparencia, debería abstenerse de participar, evitándose así que el interés individual se sobreponga al interés colectivo.

Esto fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Y para reafirmar esta posición se citaron las conclusiones de la Comisión Nacional de Etica Pública, creada por el Presidente Frei en 1994. Según ésta la transparencia aparece como un instrumento fundamental para combatir y prevenir la corrupción, pues ella permite detectar con facilidad cualquier irregularidad, favoreciendo el efectivo control social sobre la gestión pública. Por tal motivo, en su informe final, la Comisión estimó conveniente establecer la obligación de hacer declaraciones juradas de patrimonios e intereses, para los agentes públicos de mayor jerarquía, prestadas ante un ministro de fe, tanto en el momento a que acceden al cargo público, como en el momento en que hacen abandono del mismo. Estas declaraciones deberían ser públicas, de manera de poder conocer y sancionar su falsedad.

No obstante todos los argumentos presentados, el Senado en una actitud insólita, rechazó la disposición aprobada por la Cámara de Diputados y decidió mantener exclusivamente la declaración de intereses, reduciendo su ámbito. En otras palabras, las autoridades sólo deberían declarar sus “actividades profesionales y económicas” antes de asumir sus cargos.

Se debe señalar que la norma aprobada por el Senado es extremadamente simple y ambigua, susceptible de múltiples interpretaciones. Y lo que es más grave, no hace ninguna mención a los bienes que posea una autoridad antes de asumir su cargo, lo que abre las puertas a cualquier tipo de enriquecimiento ilícito.

Esta fundamental diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado hizo que el proyecto pasara a una Comisión Mixta, la que mantuvo sin ninguna modificación la disposición que aprobara el Senado.

En mi concepto, esto constituye no sólo un retroceso en el perfeccionamiento de nuestra legislación, sino también un grave atentado contra la probidad, transparencia y responsabilidad de los servidores públicos. Parece increíble que no sólo parlamentarios de la oposición, sino también de la Concertación se hayan negado a posibilitar el conocimiento público de los bienes de las autoridades. Esta decisión aborta todas las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Etica Pública y genera las condiciones propicias para el aumento de la corrupción. Además expone a justificadas críticas a los propios parlamentarios y colabora aún más al desprestigio de nuestro sistema político.

Hemos aprobado esta importante Ley de la República, con el compromiso del gobierno de reponer por la vía del veto presidencial la exigencia de la declaración de bienes. Sin embargo, con fecha 9 de julio, ingresó a la Cámara de Diputados un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, con la firma del Ministro José Miguel Insulza y el Presidente de la República, formulando veto supresivo y aditivo al proyecto, el que lamentablemente tampoco contiene la reposición de la declaración de bienes. Lo anterior significa el no cumplimiento de los compromisos y una situación de imprevisibles consecuencias para el bien de Chile y de la Concertación, así como para la transparencia y dignidad de la política.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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